Síntesis Política de Imagen Política

Finanzas, Negocios /Energía

  • Presión adicional de S&P para el Congreso de EU
  • Urgen incentivar planes adicionales de pensiones
  • Cancela Fonatur plan Costa Lora, en Tamaulipas
  • Beetle 2012, de México para el mundo
  • 2004- 2009, periodo más crítico para Pymes
  • 10 años sin alza en crédito a mipymes: Concanaco
  • Urge aprobar TLC con Perú: Rafael Urquiza
  • Conjuran huelga en Teléfonos de México
  • Lenta, la mejoría del consumo: Walmart
  • Devolverá el Infonavit recursos a jubilados

Seguridad /Justicia / Salud

  • Calderón solicita al Congreso analizar iniciativas anticrimen
  • Limitar uso discrecional de las fuerzas armadas: diputados
  • Zambrano exige mejorar el combate al lavado de dinero
  • Culpa Conagua a municipiospor desborde
 

 

 

 

Gobierno / Partidos / Congreso /  Estados

  • Cancha pareja, demanda Josefina a prospectos
  • Madrugadores siete prospectos albiazules
  • Alborota 2012 al gabinete: Navarrete Prida
  • Mafias podrían eliminar candidatos: Zambrano
  • AMLO: si somos buenos, podemos ser felices
  • Traba PRI elección de consejeros: PAN

                                                                    TITULARES DEL DÍA
Financiero Negativo, el panorama de la calificación de EU
Economista S&P lanza alerta sobre deuda de EU
Reforma Hallan 156 fosas en 5 años
Universal Riñen gobiernos por inundación en Chalco
Jornada Exige la CIDH ir a fondo en el tema de narcofosas
Milenio Cambiemos a México a través del amor: AMLO
Excélsior 29 alcaldías deben $860 millones de luz
Sol de México Acción conjunta para evitar más inundaciones en Chalco
Crónica Se desploma creación de pequeñas empresas
La Razón Plagian a suizo en Morelos, pagan por él y no aparece
Impacto Diario Ebrard debe costear drenaje, no playas: PAN

  • Cancha pareja, demanda Vázquez Mota a prospectos. Legisladores federales del PAN demandaron una “plena libertad de expresión” a sus aspirantes presidenciales y no exigirles una “ley mordaza”, pero se manifestaron por una estricta vigilancia de parte de la autoridad electoral federal, para que los actuales secretarios de Estado no violen la ley con sus constantes declaraciones y actividades proselitistas. Incluso, la propia coordinadora parlamentaria panista, Josefina Vázquez Mota, consideró que los políticos panistas deben ser honestos en sus pretensiones, y se quejó de que “hay actores que sabemos o intuimos que tienen estas aspiraciones, sin embargo, no solamente no lo dicen o lo declaran, sino que siguen haciendo uso de toda una estructura”. Por ello, “yo he decido decirlo abierta y claramente porque creo que tenemos que abonar a una nueva y mejor forma de hacer política en el país, y quiero ser honesta en mis aspiraciones y por eso lo he dicho de manera contundente”. Sin embargo, para el vicecoordinador azul, Carlos Pérez Cuevas, los actuales secretarios de Estado suspirantes del PAN -Javier Lozano Alarcón, Alonso Lujambio Irazábal, Ernesto Cordero Arroyo y Heriberto Félix Guerra- tienen “el derecho que da la libertad constitucional de poderse expresar; es un derecho de libertad de expresión, indistintamente de que se desempeñe un cargo”.  Aclaró, no obstante, que “tendrá que ser la autoridad electoral respectiva la que valore si eso está dentro de los límites que puede hacer cualquier funcionario de cualquier rango o emanado de cualquier instituto político; ahí lo tendría que hacer”. (Financiero)

 

 

Gigantes / Twitter

  • Miguel A. Granados Chapa.  Multar a los gigantes. Supongo que si una encuesta midiera el efecto público de la multa de 12 mil millones de pesos impuesta la semana pasada a Telcel por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), la mayor parte de los consultados aplaudiría la medida. Sin considerar el contexto, vista la decisión administrativa en sus aparentes propios méritos, parece plausible. E independientemente de la base legal en que se asienta (se aplica la regla de la contumacia sin que Telcel hubiera sido multada antes por el motivo alegado ahora), el monto fijado, inimaginable para el común de los mortales, parece una medida audaz y justiciera: ¡hasta que alguien pone orden en las telecomunicaciones!, se exclamaría. Y como buena parte del público tiene motivos de queja por el deplorable servicio de esa empresa telefónica, se declararía satisfacción general por la sanción multimillonaria, aunque ella no provenga de una querella de la clientela de Telcel sino de sus competidores, Axtel entre ellos, cuya victoria no redundará cuando se consume, en bien del público, ni en cuanto a calidad en el servicio ni en la tarifa pactada. Para evaluar con justeza la decisión de la Cofeco hay que examinar su fondo, su forma y su momento. En noviembre de 2006 la Cofeco accedió a investigar denuncias de competidores de Telcel, por actuaciones de las que a la postre sólo una quedó acreditada: prácticas monopólicas relativas al mercado de interconexión para la terminación de llamadas en telefonía móvil. Eso quiere decir que las empresas que solicitan tal servicio a Telcel no tienen alternativa, y por ello la empresa que ahora es propiedad de América Móvil fija las tarifas.  La sanción fue acordada el 7 de abril pero comunicada a Telcel una semana después, el viernes 15 por la mañana La afectada la comunicó, como es su deber, a la Bolsa Mexicana de Valores. No he encontrado más comunicación oficial sobre el tema que la expedida por Telcel. La Cofeco ha preferido guardar silencio, lo que ha dado lugar a conjeturas y rumores que puedan ser fácilmente refutados por el organismo público, i, por ejemplo, fuentes de la Cofeco dijeron a Reforma que “la dimensión de esta multa no es tan extraordinaria al ponderarla por el número de usuarios de telefonía celular en el país, pues equivale a 130 pesos por cada uno de los 91 millones de clientes”. El usar parámetros inconexos entre sí resulta absurdo. Tiene sentido comparar, y aun fijar una sanción respecto de los ingresos o las utilidades de la empresa multada, o mejor todavía respecto de la ganancia derivada de la infracción a la ley que de ese modo se castiga, para que no obtenga provecho de un abuso. El modo en que se logró el acuerdo en la Cofeco será sin duda uno de los flancos débiles de la resolución que Telcel aprovechará al defenderse ante los tribunales (si el recurso de reconsideración ante la propia Cofeco es desechado o contestado negativamente). Ocurrió en esa Comisión algo tan peculiar y grave como en la Cofetel al adjudicarse a Nextel-Televisa la licitación 21. En la sesión del 7 de abril, dos de los cinco comisionados, Luis Alberto Ibarra y Miguel Flores Barnés, votaron en contra. Uno más, José Agustín Navarro, se abstuvo. Y dos se inclinaron por aplicar la multa: Rodrigo Morales y Eduardo Pérez Motta, presidente de la Cofeco. Puesto que con su propio voto se produjo el empate, el asunto debió quedar por lo menos aplazado hasta nueva consideración. Pero Pérez Motta utilizó el voto de calidad con el que la cabeza de un organismo resuelve una votación pareja, y lo emitió, obviamente en igual sentido que su voto original. Dada la importancia del asunto, lo mejor hubiera sido continuar la discusión, para ver si el abstencionista era persuadido por los argumentos del pro y el contra, o el cambio de parecer de alguno de los demás comisionados. Al no haberse logrado consenso en tema tan delicado, que forzó al presidente al feo procedimiento de emitir dos votos, se abonó la igualmente fea apariencia de la sanción. Ésta puede ser modificada en el curso de los años en que Telcel se defienda de ella La Cofeco sostiene mal ante los tribunales sus decisiones. Cobra a la postre cifras mucho menores que las fijadas originalmente, porque suele exagerar en los montos sancionatorios, probablemente con fines propagandísticos. Cuando el proceso acabe, ya nadie se acordará que la Cofeco actuó como caballero andante en defensa de su dama (que no es la clientela de los celulares), adarga en mano. Porque al parecer el propósito era causar un efecto de opinión pública justamente ahora, a la mitad de la guerra entre los mastodontes de las telecomunicaciones, que contienden en diversas arenas, una de las cuales es Cofeco, donde hay manifiesta inclinación por los intereses de Televisa Se le han aprobado adquisiciones de cableras y telefónicas sin considerar su posición hegemónica en la televisión de paga y en las telecomunicaciones en general. El golpe político contra Grupo Carso (propietario de América Móvil, propietario a su vez de Telcel) será eficaz porque un órgano público refuerza de ese modo los alegatos propagandísticos de las empresas que disputan con Telcel y Telmex las tarifas de interconexión, ocultando que se debaten intereses financieros y no de servicio al público. Porque si no tiene sesgo político esta medida, es de esperarse que, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación multe a las televisoras al menos por abusar del tiempo dedicado a publicidad comercial, exceso productivo si lo hay. ******Cajón Sastre. Si él tomó la decisión de despedir a su secretario de Seguridad Pública, el general brigadier Ubaldo Ayala Tinoco, podría afirmarse que el gobernador Egidio Torre Cantú existe y no es un efecto óptico, o una creación de la propaganda política que lo hizo gobernador en 48 horas. Su pasmo ante la crisis que vive Tamaulipas obliga a que Morelos Jaime Canseco actúe como cabeza y no sólo como secretario de Gobierno. Pero si la remoción del militar a cargo de la policía tamaulipeca resulta de la sorda pugna entre el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública, se hará un mal servicio a los atribulados habitantes de esa entidad. Rafael Lomelí, el nuevo secretario, es amigo de Genaro García Luna y ése es el motivo de su designación, no su hoja de servicios. Dirigió la Policía Federal en Nuevo León, donde la violencia no amaina. (Reforma)
  • Antonio Navalón. Un país de Twitter. Estoy contento. Estoy feliz. Vivo en un país donde somos el primer gobierno en el que todos tendrán Twitter. El gobierno de México, siguiendo el ejemplo del gobierno de la Junta Militar de Egipto, ha decidido que la mejor manera de comunicarse para defender la innovación, la comunicación y el intercambio entre los ciudadanos y el poder son los medios electrónicos. Como dijo la vocera presidencial Alejandra Sota, hoy instalada como profeta de las nuevas tecnologías, México tiene 4 millones de tuiteros y su crecimiento es exponencial. En México somos 115 millones de seres desangelados; en Egipto son 82 millones de seres entristecidos, entre otras cosas, por ese mal hábito de comer tres veces al día. En el país de los faraones, su actual gobierno ha decidido ser muy transparente apostándole a la innovación y a la creación de nuevos espacios de comunicación con su pueblo. Por ello sólo se manifiesta a través del Facebook del Estado, lo cual quiere decir que únicamente 6.7% de la población egipcia podrá saber qué piensa, quiere y hace su gobierno. Entiéndame bien, estoy —cómo no estarlo— a favor de la modernización y tuiterización de México. Pero lo estoy desde el punto de vista de que modernización significa también contar con un gobierno que intervenga en esa lucha de colosos y gigantes en que se ha convertido el mercado de las telecomunicaciones, donde éste tiene la obligación de mediar ese choque de trenes logrando más equidad en los precios de los servicios. No lo está haciendo y parece no quererlo hacer, aunque imponga multas que sabe se perderán en los laberintos de los juzgados. Y uno se pregunta; ¿quién manda en México, el voto en las urnas o el poder del dinero? Ahora que las narcofosas y las desapariciones de inocentes no pueden ser ocultadas más, seria buena idea tuitear las desapariciones y la angustia de quien nos espera. ¿Cómo aplicará el gobierno la política de Twitter, que significa que todo lo que se tenga que decir, se dirá en 140 caracteres? Ya que esta plataforma ha sido —según la vocera presidencial— elegida como el sistema que incremente la comunicación del gobierno con nosotros los administrados, entonces, ¿vamos a pedirle a los administradores del sistema que nos amplíen por lo menos a mil caracteres porque con 140 poco es lo que podremos preguntar y mucho menos lo que ellos podrán responder? Pero todo eso, ¿qué significaría efectivamente? ¿Expandir, colocar y situar la posibilidad de que ya que tenemos un gobierno tuitero y pudiéramos tener un pueblo que pregunte? ¿O todo eso se queda para el siguiente ejercicio con la siguiente elección? Mientras tanto, sea usted muy feliz, como le sucede a cualquier egipcio/que tiene un gobierno militar que, como el mexicano, ha decidido emplear las redes sociales para gobernar. Usted pertenece al primer país en el mundo que ha integrado a todo el gobierno en Twitter. Twitter para combatir la pobreza, Twitter para activar la economía, Twitter para ganar la ilegal guerra, Twitter para, en suma, olvidar el hambre y ser dichosos. Como dijo la propia vocera: “la diversidad es el sello del México de hoy, y el gobierno federal responde a los desafíos que esto implica sumando, innovando, haciendo más”, ahora sólo es necesario que además se note que el gobierno sabe que le tocan la última palabra y la última autoridad en el ordenamiento del mercado de las telecomunicaciones y la información; que se note que el gobierno existe, sea en Twitter, Facebook o simplemente en los antiguos comunicados o conferencias de prensa, pero que exista. (Universal)

Paraíso

  • Federico Reyes Heroles. Paraíso ‘non nato’. El río es el personaje principal. Ancho, de caudal potente, habla de día y de noche. Las historias de familia -la mía incluida- remiten al río. El río se enfurece o está de buenas, es tramposo o hace guiños o todo a la vez. Río abajo, en pleno vendaval, una tatarabuela salió prendida del ropero. Se aferraba a las “joyas” que se encontraban en el mueble. Los pioneros se asentaron allí precisamente por el río, por ese encuentro rudo entre el agua dulce y el mar, encuentro que provoca riqueza. Los buques llegaban al “lugar de los conejos” -porque eso quiere decir su nombre- por la prodigalidad de sus aguas y tierras. Es generoso el mar por su abundante pesca, es generosa la tierra de frutas grandes y jugosas. Las maderas tropicales allí también encuentran un hogar. Los pastizales alimentan reses que engordan rápido, compiten con el tiempo y siempre ganan. Por supuesto que hay problemas. El calor excesivo propicia plagas y alimañas. Las lluvias pueden destruir todo. Pero, ¿cuántos países no envidiarían tener un sitio así que además es cercano a zonas industriales y a la capital? Claro, como dicen, Dios da el agua pero no la entuba, pone el mar pero no saca los pescados ni construye los puertos, hace crecer los pastos, pero no pone el rastro, ni los frigoríficos, ni las carreteras para sacar los productos. Algo tenemos que hacer para que esos paraísos nazcan. El creador fue muy mañoso porque los verdaderos paraísos requieren mucho trabajo. Naturaleza y acción humana, sólo entonces nace un paraíso. Incomunicados hacia el centro del país, en el siglo XIX los tuxpeños miraron hacia Europa. Al igual que el resto del Golfo de México, era más fácil entrar en contacto con el otro lado del océano que con la meseta central. ¿Por qué el pescado a la veracruzana lleva aceitunas y aceite de oliva? ¿Por qué el queso relleno de Campeche surge de un queso holandés? Ahí está la historia: eran más sencillos los vínculos con ese lado del mundo que con el naciente México. Pero estamos en el siglo XXI. Dos siglos de ser nación nos debieron llevar a que la playa más cercana a la capital estuviera conectada de manera eficiente. Pero no es así. Es peor, la playa más cercana a la capital es sólo eso, una playa porque no hay un puerto adecuado. ¿Por que no hay puerto? La repuesta más frecuente es porque no hay carretera. Sobra decir que tampoco un tren. A la pregunta por qué no hay carretera o tren, la respuesta más común es el pobre aforo. Pero no hay tránsito porque no hay puerto. ¿Por fin? ¿Qué va primero? La respuesta es lo que sea que rompa el círculo vicioso. Quién -si no es el Estado mexicano- puede romper el nudo. Para eso está. Pasan los sexenios, las décadas, gobiernos de un partido y del otro, y la vergüenza sigue allí. Tuxpan es, a pesar de todos sus atributos, un pueblo que no sale del atraso. Viajo de un lado al otro del país. En raras ocasiones regreso pensando que no hay mejoría. Incluyo Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, etcétera. Con todo y la violencia no se puede ocultar el avance, la prosperidad no veloz pero sistemática. Tuxpan en Veracruz es una de esas dolorosas excepciones. A pesar de la riqueza natural del sitio y de la prosperidad de las propiedades aledañas, el enorme pueblo es un caos. Sucio, sin planeación urbana, desaliñado, sin señas de modernidad. Al igual que hace un cuarto de siglo, Tuxpan vive de la esperanza de que se termine la carretera y que se construya el puerto. ¿Qué falló? La explicación más evidente es que ni la Federación, ni los gobiernos locales han tenido la visión y la fuerza para hacer que Tuxpan despegue. Otros dicen que las divisiones de los tuxpeños ricos propician los tropiezos. Lo que sea, pero Tuxpan es una vergüenza local y nacional. ¿De cuánto estamos hablando entre carretera y puerto? Quizá la mitad de una presa, o la veinteava parte de lo que cuesta el subsidio a la energía anualmente. ¿Cómo explicar que el Estado mexicano no tenga los recursos o la capacidad de convocatoria para sacar adelante a uno de sus principales puertos? No es creíble que el país entero no conciba la importancia del puerto más cercano a la capital y a poderosas regiones productivas. No se trata del desarrollo de una ciudad, estamos hablando de un pivote del desarrollo regional y de la productividad nacional. Tuxpan, Veracruz, no está en el mapa nacional, eso habla de una lectura miope del país. Mi padre nació en 1921 -casi un siglo- en Tuxpan. Salió en busca de educación. Así llegó a Tampico y después a la capital. Por supuesto que hoy Tuxpan está mejor, pero no deja de ser una vergüenza que siga en el olvido. Recientemente estuve allí. Salí deprimido, de nada sirven los espléndidos mariscos o el caudal del río cuando la sombra del olvido y el descuido opacan todo. México es una historia de obsesiones y olvidos. (Reforma)

Edomex / Comisiones

  • María Amparo Casar. Edomex: mejores prácticas. Sí, las elecciones en el Estado de México en este 2011 serán el laboratorio de las del 2012. No porque los resultados de esa entidad prefiguren los de la federal. Sólo porque anticiparán -anticipan ya- las prácticas políticas de candidatos, partidos, autoridades gubernamentales y órganos electorales. Todos ellos ya han fijado sus mejores prácticas. Sin que hayan comenzado las campañas lo que vemos es el despliegue de tres conductas que ya vienen siendo comunes elección tras elección: burlar la ley hasta donde se pueda; judicializar hasta donde se pueda cada etapa de la elección; desatender hasta donde se pueda el llamado a misa que hace el Cofipe y que reza así: “las actividades de campaña deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones”. La reforma electoral del 2007 reforzó algunas normas existentes e inventó nuevos conceptos y cánones -muchos de ellos absurdos- que más valiera no haber concebido porque dan pie para exhibir la poca seriedad y menor vergüenza de nuestros partidos. Se recortaron los tiempos de campañas, se codificaron las precampañas, se estableció “la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos…sin influir en la competencia”, quedó prohibida la propaganda personalizada de cualquier servidor público y se regularon los tiempos en los medios electrónicos. Las violaciones a muchas de estas normas fueron tipificadas como delitos cuyas penas alcanzan, en el extremo, la pérdida de registro del partido. Sí, ¡cómo no! Todos los partidos y (precandidatos que participarán en el Estado de México así como varios servidores públicos son ya presuntos culpables de violación a las normas anteriores. ¿Queda duda que los hoy candidatos -unos antes que otros- anduvieron haciendo “actividades de proselitismo y difusión de propaganda” antes de la fecha de inicio de las precampañas? Y, ¿vio usted algún proceso de selección que justificara hablar de precampañas? Lo que vimos nosotros fueron puros dedazos. Para qué entonces se inventaron el rollo de las precampañas. Está claro: para disfrazar o “legitimar” el uso de recursos, para alargar las campañas, para justificar la propaganda en medios electrónicos. ¿Queda duda de que los servidores públicos -desde Peña Nieto hasta los gobernadores de otros estados y de todos los partidos así como diversos altos funcionarios públicos estatales y del gobierno federal- han promocionado a sus candidatos? ¿Puede decirse que se aplicarán con equidad los recursos públicos y sin influir en la competencia cuando se ha exhibido a Bernardo García, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Edomex, instruir a funcionarios municipales y estatales la forma en que tienen que operar la entrega de programas sociales para favorecer el voto por el PRI? Aún no empiezan las campañas y tanto el IEEM como el Tribunal están llenos de denuncias. El PRI ha interpuesto más 10 entre las que figuran una contra Encinas por promover la tarjeta “la cumplidora mexiquense” y varias contra Bravo Mena por actos anticipados de campaña. El PAN y el PRD denuncian a Peña Nieto por promoción personalizada e injerencia en las elecciones y a su gobierno por utilización ilegal de apoyos sociales con propósitos electorales. No hay que ser adivino para suponer que las campañas serán un torneo de descalificaciones e insultos en lugar de un duelo de propuestas y argumentos. Basta revisar el tenor de las declaraciones de las dirigencias partidarias. Y no es que no se valga mostrar las debilidades, yerros y corruptelas del otro. Qué bueno que lo hagan. Pero una buena campaña combina golpes propagandísticos con propuestas. ¿Y las autoridades electorales? Hasta ahora tenemos muy bonitos ejemplos. El IEEM desecha el video en el que se exhibe a un alto funcionario del gobierno estatal enseñando a funcionarios menores cómo usar electoralmente los recursos públicos y la presidenta del Tribunal declara que recibe presiones de parte de Los Pinos y del PRI. Así las cosas, las elecciones del Edomex SÍ serán un laboratorio. Serán un indicador de hasta dónde están dispuestos los partidos a violar las leyes que ellos mismos se dieron; hasta dónde habrá injerencia ilegal de los gobiernos; hasta dónde los candidatos apostarán por la deliberación pública en lugar de las descalificaciones; hasta dónde van a judicializar la elección; hasta qué grado las autoridades electorales actuarán con la ley en la mano. Hasta ahora las mejores prácticas son todo menos un ejercicio de ética pública, de respeto al Estado de derecho y de competencia entre proyectos. (Reforma)
  •  Rafael Cardona. Comisiones en crisis. Quien haya acuñado la frase del hombre y su doble y crónico tropiezo con la misma piedra, de seguro pensaba en México, país donde no sólo le metemos el empeine a la roca sino vemos cómo la gente se anega dos veces en la misma caca. Y también cómo año con año nuestros raquíticos y mal explotados bosques se incendian con llamaradas cuya resistencia es inaudita: no se extinguen ni siquiera con discursos; aguantan las salivosas declaraciones de cuanto burócrata con micrófono haya a la mano. Y también son resistentes a las palabras, los mares de agua negra en el oriente de la ciudad de México, donde el sueño salinista del Valle de Chalco-Solidaridad, se regresa al fétido pantano año con año, como para decirnos lo improcedente de tan socorrida demagogia tricolor. La Comisión Nacional del Agua ha hecho una vez más el ridículo, como le ha ocurrido en el norte coahuilense a la Comisión Nacional Forestal. La comisión del agua en la podredumbre. La comisión del árbol en el incendio. El 10 de febrero José Luis Luege informó, como si les hablara a menores de edad: “La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició el bombeo de un volumen de aproximadamente 140 mil metros cúbicos de aguas negras que durante la inundación se introdujeron por la lumbrera uno y se acumularon en el túnel río de La Compañía, ubicado a una profundidad de 30 metros, en el sitio de la ruptura del bordo de esa corriente…”“El bordo del canal río de La Compañía (8 días después) está resistiendo bien, pero se mantiene una vigilancia estrecha en los puntos vulnerables que se tienen identificados para estar muy pendientes por si se presenta alguna filtración y atenderla inmediatamente”. La filtración se presentó; nadie la atendió de inmediato y treinta metros de los muros de contención se vinieron abajo en la fétida torrentera. La estación de bombeo de La Caldera, cuya inversión fue de casi mil 700 millones de pesos, simplemente no funcionó para los fines previstos. El alcalde de Valle de Chalco, Luis Enrique Martínez Ventura, compartió de esta manera su ignorancia: “No me explico qué pasó; alguien cometió un error, no sé si se quisieron ahorrar algún combustible porque el túnel profundo no estaba operando bien”. Pero los burócratas ya tienen a quien culpar. Si la violencia en Tamaulipas se le debe al Kilo, la navegación fecal tiene un responsable: “El colchón”, pues la gente insensible, incivil, inculta y cochina, llena de basura las instalaciones hidráulicas. “Hasta un colchón hemos encontrado en el cauce”. Cuando se puso en servicio el túnel profundo, lleno de satisfacción por el seguro y seco porvenir, el presidente Felipe Calderón lanzó una profecía hasta ahora incumplida: “(…una obra gigantesca) que evitará y terminará con las inundaciones derivadas del Río de la Compañía, con eso estaremos evitándole a la gente otra tragedia como la ocurrida el año pasado… sabemos lo mucho que ha sufrido la gente… nunca más inundaciones catastróficas en Ixtapaluca, Chalco, Solidaridad…” Pero mientras al pie de los volcanes el detritus navega como si fuera moderna chinampa, en Coahuila 165 mil hectáreas con vegetación de distinto tipo se han convertido en cenizas y los fuegos forestales amenazan con hacer de las suyas en otros estados y en Veracruz, donde ya aparecieron algunos culpables de la llama, un señor a quien apodan El Colillas. Jesús Dorantes, gerente regional de la Conafor en Veracruz, ha dicho de los incendios: “…en 2010 las lluvias, desbordamientos de ríos e inundaciones erosionaron grandes extensiones de vegetación…también en 80 por ciento de los casos los siniestros son provocados por actividades humanas, ya sea por quemas agrícolas, combustión de basura o por descuidos de campistas que encienden fogatas, dejan vidrios o tiran colillas de cigarro en áreas verdes”. Así pues Don Colilla, Don Colchón y la inútil doña Caldera son los culpables de todo esto. Ni una palabra del desorden urbano, nada relacionado con los negocios inmobiliarios cuya proliferación satura y excede los servicios; ni siquiera un pensamiento para la reubicación de vecinos asentados donde nunca debieron estar. Nada, todo tiene una explicación para salir del paso y si halla justificaciones aún en el peor mundo de los pretextos inventados, las cosas se resuelven. Total, se manda un boletín de prensa, se hace una promesa y asunto terminado. A fin de cuentas nada más falta unos meses para el nuevo desbordamiento. La gente nació para aguantarse, los políticos para mentir y engañar y la realidad para ponerlos a todos en su lugar. (Crónica)

Excepción / Tortura

  • Joaquín López-Dóriga. Estado de excepción. El 18 de septiembre de 2009 publicaba en este espacio una colaboración, “El estallido social”, a partir de una declaración del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, sobre el riesgo que corría la viabilidad de México como nación ante el embate del crimen organizado. Los altos mandos militares, decía entonces, no descartan el recurso constitucional del estado de excepción en algunas zonas del país en el terreno de la ingobernabilidad por el dominio del crimen organizado donde se puede hablar sin rubor del Estado fallido. Este escenario, el estado de excepción regional, se lo plantee al presidente Felipe Calderón durante una entrevista con motivo de su tercer Informe de gobierno, septiembre de 2009, y lo descartó tajante, lo que no quiere decir, apuntaba entonces, que en su momento, no lo hubiera considerado. Hoy, ante la crisis que vive una extensa región de Tamaulipas, ausente de gobierno, en la mesa del Presidente de la República, en Los Pinos, se ha planteado el mismo recurso que en septiembre de 2009 no daba la menor posibilidad: un estado de excepción con suspensión de garantías en esa región que abarcaría, por lo menos, San Fernando, Río Grande y Valle Hermoso, donde el 13 de mayo de 2010 asesinaron al candidato del PAN a la presidencia municipal, José Mario Guajardo, en la misma forma en que un mes después, el 28 de junio, ejecutarían al candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, todo en la impunidad. Lo que se ha hablado en Los Pinos es cómo consensuar la aprobación política de un hecho inédito, el estado de excepción regional con suspensión de garantías, en este caso en Tamaulipas, con un gobernador del PRI y un Congreso local con mayoría propia. Lo que deberían plantearse en esa mesa presidencial y en la de enfrente, es el estado de excepción, en los hechos, que ya priva en esa región de Tamaulipas, con suspensión de garantías, pero dictado por el crimen organizado. Porque me hablan mucho del estado de derecho y del escenario político. ******Retales. 1. REFORMA. El Senado dictaminará el lunes 25 la reforma política, el martes dará primera lectura, el miércoles la segunda, y el jueves o viernes la aprobará, para enviar la minuta al congelador la Cámara de Diputados; 2. LABORAL. 3. DILUVIO. Las primeras aguas de primavera, el sábado, ahogaron todos los discursos, local y federal, sobre el seguro contra inundaciones. No sólo el viento se lleva las palabras, la lluvia también: las ahoga. (Milenio)
  • Ciro Gómez Leyva. El Ejército y El Chemis, la tortura tiene permiso. Lo ocurrido el jueves en la noche en la zona militar de Cuernavaca pareció una exaltación de la tortura. Un mensaje del Ejército mexicano: vean qué espera a los criminales cuando les pongamos las manos encima. El Ejército presentó a los medios informativos a un hombre, un joven, de nombre Rodrigo Elizalde Morán, alias El Chemis, presunto cómplice de los asesinos de los siete de Morelos, entre ellos Juan Francisco Sicilia. Estaba golpeadísimo: en el pómulo y cachete izquierdos, el tabique de la nariz, ambos lados de la frente y los labios. Sus antebrazos y muñecas dejaban ver las lastimaduras de un atado sin piedad. En la versión oficial, un grupo criminal enemigo del grupo de El Chemis, lo detuvo, golpeó y luego dio aviso a las autoridades. Quizá las cosas ocurrieron de esa forma, quizá se esté diciendo la verdad. Pero en vez de notificar los hechos, el Ejército salió a enseñar el trofeo. La presión del caso Sicilia pudo más que el respeto a un ser humano, así sea el más miserable de los humanos. Presumir a un tipo torturado es justificar los modos y formas de los criminales. Qué más da quién lo haya maltratado, si lo esencial fue exhibirlo vencido y humillado. Si lo esencial fue mostrar eficacia y poderío. Nunca pensé que el Acuerdo contra la Violencia, que varios medios firmamos hace un mes, nos colocaría en falta por difundir una conferencia de prensa del Ejército mexicano, del gobierno mexicano, de los soldados del presidente Felipe Calderón. En esta estrategia de comunicación sí puede, debe, haber un giro radical. Porque lo que vimos el jueves es la estrategia del miedo, el terror, la derrota (Milenio)

Presidente / Sexenio

  • Ricardo Alemán. El peor Presidente.  Vamos a suponer que —como muchos dicen— Felipe Calderón es hoy el peor Presidente de la historia de México. Vamos a imaginar que sus fallas no sólo están en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, sino en el desempleo, la agricultura, el turismo, la economía y… en lo que gusten y manden. Vamos a creer que por todo eso —todas fallas garrafales— Calderón llevó al país a la peor crisis económica de la historia y que, por eso mismo, elevó a niveles de escándalo el número de pobres. Es probable que frente a esa tragedia imaginaria, miles de mexicanos decidieran salir a la calle a pedir la renuncia del Presidente y el pago de sus culpas, tal como lo manda la ley. Pero lo cierto es que frente a un mal gobierno como ése y a la tragedia que habría provocado, de nada servirían las movilizaciones sociales —una o mil—, por numerosas, gigantescas, gritonas, reclamadoras, nutridas, plurales y rabiosas que fueran. ¿Por qué? Por una razón elemental que hoy muchos parecen olvidar. Porque más que marchas, movilizaciones y protestas, la sociedad mexicana ya tiene las herramientas para castigar a un mal gobierno, a un mal Presidente, a un partido o conjunto de partidos. Y esa herramienta se llama voto. Hoy, en democracia —como la mexicana, que tiene muchas deficiencias, pero que está viva—, los ciudadanos no salen a las calles para tirar a un Presidente, para pedir su renuncia o una aclaración. Hoy en México la sociedad tira a un régimen, echa del poder a un partido y su larga historia, en las urnas. Y si tienen dudas, que le pregunten al PRI de Ernesto Zedillo en 1997 y el año 2000; en donde los electores y una nueva ley se encargaron de echar al PRI del poder. En el México de hoy, los ciudadanos libres, enojados, los que están hasta la madre por un mal gobierno, de la criminalidad y la violencia, salen a la calle —o debieran hacerlo— para recordarle a la sociedad política representada en todos los poderes del Estado —y no sólo al Presidente en turno— y a los poderes económicos, religiosos o fácticos, como los criminales, que la sociedad está viva; sanos sus anticuerpos elementales, sus capacidades de asombro, indignación, coraje, llanto, miedo y hasta pulmonares para gritar un saludable “¡estamos hasta la madre!” Es falso —como lo quiere proponer un falso debate que igual se da en Televisa, que se genera en Azteca o en facciosos medios de la prensa como La Jornada o Proceso— que, ante la violencia y el crimen intolerables, la sociedad salga a la calle a pedir la caída de un gobierno —federal, estatal o municipal—; porque todos los años, en todo el país, los ciudadanos tiran gobiernos y partidos en las urnas y con el voto; porque —en el otro extremo— en Tamaulipas o Chihuahua, los corrutos gobiernos del PRI son votados a pesar de que son muchas las evidencias de su complicidad con el narco, complicidad hasta por omisión. Pero el asunto no se queda ahí. Si la sociedad sabe que el voto es su mejor arma para tirar un gobierno y para castigar a un partido o toda la clase política, ¿entonces por qué el falso debate de que las movilizaciones sociales son para tirar al gobierno de Calderón, para castigar su ineficacia y la de su gobierno, para pedirle que cambie o, en sentido contrario, para pedir a los criminales que paren..? Porque ese falso debate es el debate de la lucha por el poder. Resulta que aquellos que siembran en las manifestaciones callejeras las consignas de su ambición de poder —como ese engaño político-electoral disfrazado de preocupación social que se llama “No más sangre”— lo que buscan es llevar a la sociedad a su territorio de disputa por el poder, con el argumento del reclamo al podrido gobierno de Calderón. Y los que gritan que los malos están donde los “hijoeputas criminales”, lo cierto es que sólo justifican su ineficacia como gobierno, en una lucha que, en rigor, es de responsabilidades colectivas y compartidas; de todos. ¿Y entonces de qué lado está la razón? Del lado social que no se deja engatusar por unos y otros y que, a pesar de los malos gobiernos y de los sicópatas criminales, no sólo sigue viva, sino alista su mejor arma contra la ineficacia: el voto, para una mejor selección de mandatarios en 2012. Lo curioso es que a pesar de la gravedad de la violencia y el crimen, pocos han reparado en una imperdonable ausencia en tiempos de angustia social. ¿Dónde están los intelectuales, los de verdad, para explicar a los ciudadanos de a pie su papel en esta crisis? Están en otro lado. ¿Dónde? (Excélsior)
  • Jesús Ortega Martínez. Sexenio de violencia. Los recientes hechos violentos en diversas partes del país nos obligan a preguntarnos: ¿hasta cuándo veremos resultados concretos de las autoridades y una disminución real del crimen? ¿Cuánto más podrá resistir el tejido social frente a esta situación que impera a lo largo y ancho de México? ¿Y por qué las autoridades encargadas de procurar justicia parecen no inmutarse ante estos acontecimientos? Hace apenas unos días el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, declaró que tendrían que pasar siete años para ver una disminución en los índices de violencia, pues la experiencia internacional de estrategias aplicadas en lugares como Chicago, Nueva York y Colombia, encaminadas a terminar con el crimen organizado, así lo demuestran. Tan mal se encuentra la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, que aunada a las declaraciones de García Luna y sus “siete años” de violencia, se encuentra la decisión del Ejecutivo de cambiar, de nuevo, al titular de la Procuraduría General de la República, sin que los anteriores hayan tenido que rendir cuentas de sus nulos resultados. Marisela Morales será la tercera persona en ocupar durante este sexenio el cargo de procuradora general de la República, pero mientras esta institución se mantenga supeditada como parte del gabinete presidencial no tendrá forma de cumplir con sus funciones constitucionales, y así no le sirve a la sociedad. A finales de marzo el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, James Winnefeld, declaró que el crimen organizado mexicano cuenta, por ingresos disponibles, con el equivalente a una de las diez fuerzas armadas más grandes del mundo, mientras que el director del FBI, Robert Mueller, afirmó que a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, se continúa desatando una “violencia extrema”. Mientras las acciones de la administración de Felipe Calderón han resultado inútiles, pues mantener al Ejército en las calles no ha evitado que, según cifras que publicó un periódico de circulación nacional la semana pasada, en lo que va de este sexenio se han localizado alrededor de 700 cadáveres en narcofosas en diversos estados de la República. Este diario también señala que de diciembre de 2006 a la fecha han sido reportadas 121 narcofosas en al menos 19 estados del país, donde destacan Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas como las entidades donde más violencia se presenta. La existencia de narcofosas y demás hechos violentos como en el que perdió la vida el hijo del poeta Javier Sicilia, obligan al gobierno federal a replantear su estrategia, pues estas situaciones son una clara muestra de que no es verdad que se está “ganando la guerra” contra la delincuencia. Somos testigos de que los programas para reincorporar a los jóvenes al sector productivo o darles oportunidades para que concluyan sus estudios son precarios. En lugar de buscarles alternativas para que no caigan en las manos del crimen organizado, el gobierno federal solamente se esmera en distribuir fuerzas federales en todo el país e instalar retenes para interrogar a posibles sospechosos. Nada más. ¿Y la inteligencia policiaca?, en ese rubro no hay avances. Presumen ante los medios de comunicación a presuntos culpables “cabecillas de cierta organización” y se repite la escena hasta llegar a ser lugar común, pero la violencia sigue. El gobierno no puede eludir su responsabilidad en el incremento de la violencia, y por lo mismo debe modificar su estrategia de combate al crimen organizado mediante acciones de prevención social del delito, labores de inteligencia financiera, policiaca y militar. La sociedad está harta de la violencia y de los nulos resultados, pero al parecer en el gobierno federal hay poca sensibilidad y talento, por lo que siguen con un plan que nació muerto (Excélsior)

 

Genocidios / Auschwitz

  • Leo Zuckermann. Más de 200 millones de muertos. Ciento setenta millones es el número de civiles o militares inactivos que fueron asesinados intencionalmente por gobiernos de distintos países entre 1900 y 1987. Esto, de acuerdo a R. J. Rummel, politólogo de la Universidad de Hawái, quien compiló las estadísticas de inocentes que fueron víctimas de genocidios, masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, trabajos forzados y hambrunas organizadas ex profeso por distintos Estados durante gran parte del siglo XX. Al reportar esta cifra en The Athlantic Monthly (11/2003), Bruce Falconer lo puso en perspectiva: un país que tuviera esta población sería hoy la sexta nación más poblada de la Tierra. En términos comparativos más cercanos, el número de personas asesinadas corresponde aproximadamente a 1.5 veces la población actual de México (112 millones). R. J. Rummel ha utilizado el neologismo “democidio” para definir el fenómeno de los asesinatos intencionales del Estado de población civil o militares inactivos. Este término trata de combinar los genocidios (producto del odio racial, étnico o religioso) con los homicidios políticos de disidentes y el asesinato colectivo e indiscriminado. Para Rummel, el “democidio” siempre es cometido por los gobiernos intencionalmente y de manera organizada, como la recaudación de impuestos o la construcción de caminos. Bruce Falconer, en The Athlantic Monthly, argumenta, con razón, que “el ‘democidio’ no es un fenómeno nuevo; sin embargo, los expertos concuerdan que el asesinato patrocinado por el Estado se aceleró de manera importante durante el siglo XX. Las razones de esto son variadas e incluyen los avances tecnológicos, en las comunicaciones, en los transportes y en general en todo lo que mejoró y dinamizó la logística para llevar a cabo los asesinatos en masa. Quizá lo más importante, sin embargo, fue el surgimiento del Estado moderno burocrático. Las burocracias centralizadas simplificaron la tarea de identificar y seguir la pista de las víctimas, además de proveer el manto institucional por el cual los culpables pudieron esconderse”. En siglos precedentes, los asesinatos en masa se hicieron con un motivo fundamentalmente económico (para apropiarse de riquezas o de territorios); sin embargo, durante el siglo XX la principal razón para que el Estado matara tuvo que ver con la supuesta construcción de nuevos órdenes sociales. De esta forma, dice Falconer, los culpables fueron “regímenes políticos autoritarios como los comunistas y fascistas, que trataron de reformar violentamente a la sociedad de acuerdo a sus planes ideológicos o raciales”. No por nada, entonces, son tres regímenes los que fueron los principales criminales del siglo XX: el soviético durante la época de José Stalin, el nacional socialista de Adolfo Hitler y el comunista chino en el periodo de Mao Tse Tung. Estos hombres, que prometieron la creación de una nueva sociedad supuestamente superior, asesinaron en su camino a más de 100 millones de inocentes que no comulgaban con sus ideas, que tenían otra religión, que eran discapacitados o que simplemente no entraban en los planes de la construcción de un “hombre nuevo”. Vale la pena mencionar los peores “democidios” en términos proporcionales. El primer lugar se lo lleva el dictador camboyano Pol Pot quien en sólo cuatro años (entre 1975 y 1979) mató a un tercio de la población de su país. En un nada honroso segundo lugar le sigue la masacre ocurrida en 1994 entre tutsies y hutus y que significó la pérdida de 14% de la población de Rwanda (esta masacre no está contemplada en las estadísticas de Rummel). Entre 1909 y 1918, los turcos mataron a 9% de su población de origen armenio. Cabe la pena destacar que, aparte de los 170 millones, perecieron otros 34.4 millones más durante el siglo XX producto de las guerras entre Estados y conflictos internos como las revoluciones. Así, entre los asesinatos intencionales de los Estados y las guerras del siglo pasado, murieron más de 200 millones de seres humanos. No por nada, el ilustre historiador Eric Hobsbawm argumenta que el siglo pasado fue el más sangriento en la historia de la humanidad. (Excélsior)
  • Ricardo Monreal. Nuestros Auschwitz. Las fincas de San Fernando, de donde se han exhumado hasta el momento145 cadáveres, y el año pasado se ejecutaron a 72 migrantes centroamericanos, son nuestros Auschwitz. La sistematicidad, la impunidad, la saña y la motivación de estos crímenes colectivos se apega a lo descrito en el artículo II de la Convención de Genocidio: “Se entiende por genocidio cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, en todo o en parte, como tal, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso: a) matar a miembros del grupo; b) inferir a los miembros del grupo grave daño corporal o mental; c) infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para producir en todo o en parte su destrucción física; d) imponer medidas dirigidas a prevenir los nacimientos dentro del grupo, y e) forzar la transferencia de niños de un grupo a otro” (Diccionario Jurídico Mexicano). Los tres primeros actos están claramente presentes en las matanzas colectivas de San Fernando. La sistematicidad de estos exterminios está acreditada desde hace dos años por lo menos, cuando empezaron los secuestros y desapariciones de grupos de personas que transitaban por la carretera federal que cruza ese municipio, rumbo a la frontera. Tan sólo en los últimos tres meses, la terminal de autobuses de Matamoros, Tamaulipas, destino final de los pasajeros del transporte público, tiene en resguardo más de 300 maletas que llegaron sin pasajeros. La procuraduría de justicia de Tamaulipas, a su vez, tiene el registro de más de 400 denuncias por desapariciones en las inmediaciones de San Fernando en el último año, de las cuales no se levanta averiguación previa, por no existir en el código local el delito de desaparición forzada o involuntaria. La impunidad con la que actúan los genocidas de San Fernando es del dominio público. En agosto del año pasado se denunció internacionalmente la masacre de 72 indocumentados en el mismo municipio; lejos de haberse detenido, revertido o prevenido nuevos exterminios colectivos por parte de las autoridades, éstos siguieron con más fuerza. Los 145 cadáveres exhumados de las fosas clandestinas corresponden a desapariciones y ejecuciones de los últimos seis meses y son el doble de los indocumentados asesinados en un solo evento. La saña está documentada por los servicios médicos forenses. La mayor parte de los secuestrados fueron asesinados a golpes de marros o mazos en el cráneo. Mientras que la motivación criminal ha sido ubicada en el ámbito económico: por no pagar una extorsión o por negarse a pertenecer al grupo delictivo (la leva criminal). A diferencia del Auschwitz polaco, los Auschwitz mexicanos son privados, no “oficiales”; es decir, son campos de exterminio de un grupo paramilitar, no del Estado mexicano ni de sus fuerzas policiales o militares. Pero esto no le resta ni un ápice a la gravedad de la realidad genocida que allí se ha exhumado. La parte activa de este genocidio es por cuenta del grupo criminal que cometió de manera sistemática, continua e impune estos crímenes atroces. Pero hay un elemento genocida pasivo que compete directamente al Estado mexicano, en sus tres órdenes ejecutivos de gobierno, al ser los responsables directos e ineludibles de garantizar la seguridad a los mexicanos en sus personas y bienes. Denegación de justicia, negligencia criminal y, en su caso, complicidad oficial, son algunos de los cargos derivados de esta actitud genocida estatal pasiva. Dunia Wasserstrom, sobreviente de Auschwitz, escribió sus memorias con el título de una obra que se ha propuesto colocar como placa de advertencia en los campos de la ignominia nazi: Nunca jamás. Es el mismo letrero que debemos colgar en los pozos de Guerrero, en las fosas del Pozolero en Tijuana (confesó la disolución de 300 cuerpos), en las fincas de San Fernando y en todos los demás lugares donde irán apareciendo algunos de los 5 mil desaparecidos involuntarios que ha dejado la guerra genocida en curso. Transitar del “ya basta!” y el “no + sangre!” al “nunca jamás”, supone haber llegado a un estadio de reconciliación, justicia, paz y confianza que aún estamos lejos de vislumbrar. Al contrario, la actitud genocida pasiva del actual gobierno está a flor de piel, como cuando nos advierten de por lo menos siete años más de violencia criminal, o cuando se habla de “sólo 10 por ciento de víctimas inocentes” o cuando se concluye sin investigación ni averiguación judicial que 90 por ciento de los 40 mil muertos son “delincuentes” o “muertes entre ellos”. Ciertamente, el actual gobierno no es responsable del cáncer criminal ni de los Auschwitz detectados en la sociedad mexicana. En cambio, de lo que sí es responsable por completo es de la medicina y del tratamiento suministrados. Y ambos, medicina y tratamiento, han provocado la metástasis, no la contención, del mal diagnosticado. (Milenio)
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