Síntesis Política de Imagen Política

Finanzas, Negocios /Energía

  • Economía, poco menos dependiente de EU
  • Defraudados, 31 mil 278 ahorradores de cajas en Oaxaca
  • Compartamos aumenta ganancia 14.8% anual
  • Subasta de Nafin para apoyar a Pymes
  • Comparece terna propuesta para ombudsman fiscal
  • Destacan fragilidad de multa a Telcel
  • Dos consorcios concretaron interés en nuevo aeropuerto
  • Corte desecha controversia vs contratos incentivados
  • Importaron 426 mil 121 autos usados de EU en 2010
  • Rechaza Coparmex que México sea un Estado fallido

Seguridad /Justicia / Salud

  • Se le cae a la PGR caso del suizo secuestrado
  • Suman 13 las víctimas mortales del A/H1N1
  • Indagan a bandas por muerte de ganadero
  • Hallan 17 cuerpos más en fosas de Durango
 

 

 

 

Gobierno / Partidos / Congreso /  Estados

  • Luz verde a la reforma del régimen político
  • Diputados van por 29 dictámenes en cinco díasEruviel, a la cabeza en el Edomex: 47.7%
  • Descongelan Ley de Seguridad Nacional
  • Peña descarriló la reforma laboral: Lozano
  • “¿Por qué tanta prisa?”, dice PRI a panistas
                                                                    TITULARES DEL DÍA
Financiero Insumos “ahogan” a las empresas: CMHN
Economista Sector de autopartes creció 45% en el 2010
Reforma Anuncian ahorros …y derrochan más
Universal Avanza en Senado reforma política
Jornada Pagaremos el costo de la Ley de Seguridad, dice el PRI
Milenio Arraigan a 7 militares por muerte de civil en NL
Excélsior 72% de detenidos no llega a juicio
Sol de México Rechaza PRI ultimátum panista de reforma laboral
Crónica Arrestada, Paula Cussi, ex esposa del Tigre Azcárraga
La Razón Avalan reelección y candidatos sin partido político
Impacto Diario Por la libre, Creel revive segunda vuelta

  • Luz verde a la reforma del régimen político. Luego de 15 años de no avanzar en una legislación de tal envergadura, el Senado de la República dio un paso decisivo para sacar adelante un paquete consensado de reformas al régimen político y al sistema presidencialista en México, que se puede comparar con las reformas en la materia de 1977 y de 1996. Tras una reunión de casi cuatro horas de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos, Primera, senadores de las seis fuerzas políticas representadas en la Cámara alta dieron “luz verde” en lo general al dictamen en la materia, el cual contempla ocho temas trascendentes para la reingeniería del sistema político mexicano. No obstante, los desacuerdos en puntos específicos durante la discusión de los artículos reservados del proyecto, provocaron que la aprobación en lo particular de la reforma se dé en dos fases, una vez que los integrantes de las comisiones unidas acordaron reunirse hoy a las nueve de la mañana en la Torre del Caballito. De acuerdo con el trámite legislativo a seguir, el proyecto en la materia sería publicado hoy o mañana en la Gaceta Parlamentaria del Senado en primera lectura, a fin de que a más tardar en la sesión del jueves 28 de abril, el pleno discuta y vote este dictamen, el cual tiene que ser avalado por las dos terceras partes de los 128 senadores que integran este órgano parlamentario, a fin de que sea turnada a la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente. El documento final incluye sólo los puntos consensados de antemano por las tres principales fuerzas políticas representadas en la Cámara de Senadores (PAN, PRI y PRD), y abarcan algunos temas de las propuestas planteadas en las iniciativas del presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como de las que colocaron sobre la mesa los grupos parlamentarios del tricolor y del sol azteca. Sin embargo, del decálogo original que presentó el jefe del Ejecutivo federal el 15 de diciembre de 2009, sólo entraron seis temas que planteó el primer mandatario, aunque no fueron avalados en sus términos. Las propuestas del presidente Felipe Calderón que se desecharon en este dictamen son la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, la reducción de las cámaras del Congreso de la Unión, la reelección consecutiva de alcaldes, así como elevar el porcentaje de votación para que un partido político conserve su registro. (Financiero)

 

 

Ciudadano

  • Ricardo Alemán. El poder ciudadano. Es prácticamente un hecho que los senadores de la República —de los principales partidos políticos— aprobarán en horas una reforma político-electoral que, aun con severas limitaciones, será el primer paso para reintegrar una porción fundamental del poder a los ciudadanos. Si se prefiere ver la reforma en sentido contrario, se trata de una iniciativa que, de aprobarse en los términos que plantea su exposición de motivos, pondrá límites mínimos —pero fundamentales— a la grosera partidocracia: engendro fáctico que en la última década literalmente secuestró el poder público y el político. ¿Pero de qué estamos hablando? Poca cosa: de que la iniciativa de reforma político-electoral que empuja el senador Manlio Fabio Beltrones propone la reelección inmediata en cargos de elección popular —diputados y senadores—; reconoce las candidaturas independientes en cargos de elección popular, incluido el de Presidente de la República, y acepta el concepto de iniciativa popular, junto con los de referéndum y plebiscito. En los tres casos —y se debe insistir, a pesar de severas limitaciones— se trata de reformas que reintegran a los ciudadanos parte fundamental de sus derechos y libertades. ¿Por qué son avances parciales? Porque los senadores rechazaron eliminar, por ejemplo, la grosera figura de diputados plurinominales; porque la reelección sólo será aplicable a legisladores, y no a presidentes municipales; porque permanece intocada la ofensiva prohibición para que particulares compren tiempo en radio y televisión en épocas electorales —lo que por cierto no impide la guerra sucia como la lanzada por AMLO contra el gobierno de Calderón— y porque no se toca la reelección presidencial y tampoco la segunda vuelta en elecciones presidenciales. Aun así, las bondades de la reforma están a la vista. En el primer caso, la reelección de legisladores es un avance fundamental. ¿Por qué? Porque queda en manos de los ciudadanos, y no de las estructuras de partido, la posibilidad de que un legislador continúe o no en su cargo. En otras palabras, que los ciudadanos tendrán la posibilidad de premiar y/o castigar a los legisladores que cumplan o defrauden. De esa manera los legisladores le deberán el cargo no al partido, sino al ciudadano. En el segundo caso, el de las candidaturas independientes, vale recordar que la Carta Magna establece el derecho universal ciudadano de votar y ser votado. Pero resulta que la Constitución limita el derecho a ser votado, ya que lo condiciona a pertenecer a un partido político. Con la reforma, los ciudadanos sin partido podrán aspirar a puestos de elección popular. Aquí se debe aclarar que esta enmienda constitucional es un logro de Jorge Castañeda, quien llevó su caso a la Corte Interamericana, la que falló contra el Estado mexicano, al limitar el derecho de Castañeda a postularse como candidato presidencial independiente. El tercer caso, el de iniciativa popular, es otro ejemplo de que la partidocracia retrocede ante la realidad aplastante del poder ciudadano. Es decir, que los mortales podrán presentar iniciativas de reforma, sin pertenecer a partido, sin la mediación de un grupo parlamentario, sólo con el cumplimiento de ciertos requisitos de legitimidad. Pero además se podrían cumplir viejas aspiraciones ciudadanas: las de llevar a la Carta Magna el referéndum y el plebiscito. Sin duda que se trata de un paquete de reformas en donde retrocede ese poder absoluto llamado partidocracia, para devolver derechos y libertades a los ciudadanos, al tiempo que le regresa un derecho fundamental al Poder Ejecutivo. ¿Cuál? El derecho de veto al Presupuesto. En efecto, si se aprueba como se propone la reforma, el Presidente tendrá facultad de veto presupuestal. Pero frente a tanta “bondad” de los partidos y sus dueños, surge la gran pregunta: ¿Qué quieren a cambio los partidos, los políticos, la clase política? Está claro que en política nada es gratuito y la reforma que reintegra partes fundamentales del poder a los ciudadanos, que devuelve al Ejecutivo el derecho de veto presupuestal, también le otorga al Congreso un control fundamental en órganos reguladores, como la Cofetel, la Cofeco y la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué tal? ¡La clase política no da paso sin guarache! Al tiempo.***** EN EL CAMINO. Empezó la guerra sucia, la desató AMLO y su claque de vividores del poder. Lo curioso es que el presidente del IFE, palomeado por AMLO, no dice ni pío. La nueva realidad del IFE: la de un títere sin cabeza. (Excélsior)

Asfixia

  • Federico Reyes Heroles. Asfixia. Enanización, miopía, falta de grandeza Uno de los costos mayores de los tiempos que vivimos es la pequeñez de metas, lo estrecho de los horizontes. Por supuesto que recuperar el control mínimo del territorio va primero. Por supuesto que sin seguridad ningún país es viable, pero eso es sólo el principio, el basamento. La construcción de una nación fuerte pasa también por el ánimo de saber lo que se es y lo que se puede ser. La lucha contra la violencia y por la seguridad es, en cualquier país, una discusión de oficio. Pero hoy en México hay el riesgo de ahogamos en esa discusión en la que, además, no hay salidas fáciles. Es una trampa, si sólo hablamos de la violencia, estamos dejando de lado todo lo que nos une como nación y nos hace fuertes. Nos debilita en el peor momento. Un México fuerte exige no perder de vista los pilares que nos sostienen. La tasa de homicidios dolosos por 100 mil habitantes se ha duplicado pero -como se ha repetido hasta el cansancio- no somos por mucho el peor caso en Latinoamérica Ése es un flanco. El otro son los estragos del narcoterror que han generado un verdadera sicosis nacional. Seamos realistas, la recuperación de los niveles previos de homicidios -menos de 10- se llevará más vidas, requerirá recursos, esfuerzos legislativos, coordinación policiaca y tiempo. Ahí está la experiencia colombiana Vencer la sicosis nacional demanda de una contra estrategia de los medios -que se está implementando- y de una revisión crítica de la fórmula de comunicación gubernamental Todos estamos aprendiendo a lidiar con el monstruo del narcoterror. Pero también es muy importante recuperar la seguridad en nosotros mismos. Gane quien gane en el 2012 tendrá que enfrentar la violencia en las calles y el brutal daño que este episodio ha traído al estado de ánimo nacional. México estará allí en el 12 y en el 18 y en el 25. Más vale recordar lo que somos y podemos ser. Comencemos por la población. En el siglo XXI estamos viviendo un apasionante reacomodo de continentes y países. Los hay cuya población crece mucho -Asia y algunos en África-, otros que se ha estabilizado -la mayoría de Latinoamérica y los industrializados- y los que decrecen como Japón, Rusia, España, Italia Todo indica que en ese reacomodo México quedará en onceavo lugar entre alrededor de 200 Estados-nación. Nada más por población México será muy importante. Con una ventaja, el crecimiento poblacional de México ya no es alto (alrededor del 1%) por lo cual habrá mayor bienestar. Aun si nuestra economía sigue creciendo mediocremente, nuestro ingreso per cepita podría rondar en el 2025 los 20 mil dólares, acercándonos a la media de la OCDE. Nada que ver con la pobreza de muchas naciones africanas ni con los niveles de India o China, por más que crezcan. En la tercera década cerca del 90% de la población será urbana, lo cual facilita el surtimiento de servicios, electricidad, agua potable, drenaje, atención médica, educación, etcétera Con las políticas de la última década el rezago en vivienda se está abatiendo. Eso también mejorará La gran mayoría de los hogares será de clases medias y su equipamiento -lavadora, televisión, computadora, etcétera- seguirá mejorando. La capacidad de consumo de los mexicanos seguirá incrementándose El Fondo Monetario Internacional acaba de hacer nuevas proyecciones, para el 2016, que está a la vuelta, por paridad en poder de compra -el famoso PPP- México se situará en el décimo lugar del mundo. Nuestro PIB total será el quinceavo, descenderemos una posición como producto del ascenso de Corea del Sur con sólo 48 millones. Nos perseguirán Indonesia con un ingreso per cápita de la sexta parte del nuestro pero con alrededor de 230 millones de habitantes. Tercer socio comercial de Estados Unidos y con un superávit cercano a los 80 mil millones de dólares producto del TLC, México tiene otros desafíos: aprender a venderles a China y Japón con quienes acumulamos un déficit de cerca de 40 mil millones. Nos gastamos en esos dos países la mitad de lo que ganamos con Estados Unidos. Ése si es un reto. Brasil, Argentina, Chile e incluso Perú están penetrando Asia México puede lograrlo, pero lo primero es proponérselo y construir una agenda de mediano plazo. Debemos verlo como una gran oportunidad de acomodamos bien en el reacomodo. Por supuesto que los problemas están ahí: bajos niveles educativos y pésima calidad; caída en la productividad y niveles dramáticos de competitividad laboral; en los hechos quiebra en el sector de hidrocarburos; baja inversión en infraestructura; poca recaudación y un etcétera muy largo. Pero los obstáculos no deben impedir que pensemos en grande El Presidente lanzó la intención de ascender al quinto lugar mundial en turismo. Bien, trabajemos en ello. Lo que no podemos permitir es que la asfixia provocada por la violencia y terrorismo avance Respirar es ser capaces de levantar la vista y recuperar los horizontes de México. Escapar a la asfixia es vital en la batalla (Reforma)

Verdes

  • Eduardo Huchim. Las trampas verdes. Uno de los contenidos más importantes de la reforma electoral de 2007 fue la prohibición a los partidos políticos para contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Esta decisión del Congreso, que enfrentó fuertes presiones de la televisión comercial, puso fin a la privatización de grandes cantidades de dinero público que llegaba a las televisoras por medio de la propaganda partidaria. Pese a su carácter de generadores de la prohibición, por conducto de sus grupos parlamentarios, los partidos fueron los primeros en burlarla de diversas maneras. Entre ellos, el más “imaginativo” ha sido el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en el proceso electoral de 2009 -cuando también auspició a la “telebancada” legislativa- emitió una serie de spots propagandísticos con motivo de supuestos informes de sus legisladores. Estos mensajes se difundieron, además, en un periodo de veda publicitaria, lo cual aumentó la inequidad respecto de los demás partidos. No obstante, en una de sus resoluciones más deplorables, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atentó contra la letra y el espíritu de la reforma constitucional y legal de 2007 y liberó al PVEM de la sanción por cerca de 20 millones de pesos que el IFE le había impuesto por su abusivo proceder. El Verde es un partido tramposo. Tanto que ha habido quienes han planteado el retiro de su registro. En su historia abundan las violaciones escandalosas a la normatividad electoral, así como los intentos, a veces exitosos, por eludir las disposiciones legales. En la misma campaña de 2009, el PVEM incurrió en dos infracciones en materia propagandística por tv: la aparición, en una telenovela, del actor Raúl Araiza vistiendo una camiseta con la leyenda “Soy verde” y, además, una serie de promocionales de la revista Tv y novelas. Por esta propaganda disfrazada y por rebasar el tope de gastos de campaña, la Unidad de Fiscalización del IFE propone sancionar al PVEM con una multa de 264.1 millones de pesos, propuesta que será votada mañana miércoles por el Consejo General (Guadalupe Irízar, Reforma, 21/04 11). Los fiscalizadores de las finanzas de los partidos suelen tener dificultades para probar la relación contractual entre éstos y sus proveedores cuando se trata de adquisiciones ilegales, más aun si éstas se triangulan, como hizo el PVEM con su dirigencia en el Estado de México. Por ello, la mencionada Unidad recurrió a la figura de aportación en especie. Es decir, suponiendo que el partido no hubiese pagado por la propaganda que lo benefició, de todos modos ésta se cuantifica y el resultado se agrega a los gastos de campaña. Si el Consejo General del IFE aprueba las sanciones mencionadas, éstas seguramente serán recurridas ante el TEPJF, donde ha habido tantos desaciertos que las multas tendrán ahí un destino incierto, a pesar de su diáfana pertinencia Aunque de resultados tardíos, la Unidad de Fiscalización ha hecho un buen trabajo que es deseable no sea malogrado por el TEPJF. Como comentó uno de los representantes del Poder Legislativo ante el IFE, Agustín Castilla, se trata de una sanción “que pudiera ser a destiempo en función de las elecciones del 2009, pero es oportuna y preventiva de cara a 2012”. Sin embargo, la instancia fiscalizadora del IFE quizá debió profundizar en su dictamen, porque hay otros transgresores: los canales que difundieron esa propaganda, habida cuenta de que las empresas mercantiles tienen prohibido hacer cualquier aportación a partidos y candidatos. El caso acredita que en materia electoral falta todavía un buen trecho para acompasar la norma y la praxis. El mejor ejemplo de ello es la cotidiana violación que la propaganda del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, le asesta al artículo 134 de la Constitución, que prohíbe expresamente la propaganda personalizada, sin que ninguna autoridad se ocupe del asunto, con la coartada de que ese artículo constitucional no está reglamentado. Nadie reconocerá que, en realidad, le teme al fáctico poder de las cámaras y el micrófono. (Reforma)

Salinas

  • Carlos Salinas de Gortari. Intelectuales mutantes. Héctor Aguilar Camín respondió a mi texto sobre los “15 años del efecto tequila” con la mera reproducción de su artículo previo. Todo gira alrededor del argumento de que, empeñado a ganar las elecciones de 1994 “a toda costa”, no hice los ajustes económicos y le entregué “una bomba de tiempo” a mi sucesor. Es decir, repite dos veces el mismo error. Y en ambos casos, por la obsesión de proteger a mi sucesor para quien según Aguilar “fue un triunfo histórico perder la elección”… ¡de su ex futuro sucesor Labastida! Esto último es comprensible por sus mutantes afinidades políticas, pero no lo excusa de cometer por duplicado la repetición de estereotipos de la historia oficial producto de la pereza intelectual tan común entre sus colegas. Dice Aguilar Camín: “En marzo de 1994 Salinas pudo haber hecho el ajuste económico que su gobierno necesitaba, devaluando la moneda, aunque esto debilitara su presidencia y al candidato presidencial de su partido.” Independientemente de que sorpresivamente Aguilar propone que hubiera hecho lo mismo que López Portillo en 1982 (devaluar durante una campaña presidencial), la verdad es que, contra lo que afirma Aguilar, el peso sí se devaluó entre enero y noviembre de 1994: lo hizo en 15% real sin que ocurrieran catástrofes económicas ni crisis, y el país ganó en competitividad. De acuerdo con documentos del Banco de México “en 1994 las exportaciones crecieron 20.2%, la tasa anual más alta registrada en los últimos seis años”. Esto está citado en los documentos pluripartidistas del Senado que mencioné en mi artículo anterior (Gaceta del Senado de la República, 16 de abril de 2010), los cuales señalan que mi presidencia dejó problemas a mi sucesor (y yo he agregado que también importantes activos, como sucede con el balance de toda administración). Pero los senadores reconocen que los errores de Zedillo (como “el de diciembre”) y la sumisión a los designios del gobierno estadunidense, convirtieron un problema en una crisis: la bomba la construyó mi sucesor, de acuerdo con los documentos senatoriales. Someterse a la imposición del secretario del Tesoro, Rubín, transmitida personalmente a Zedillo por Larry Summers para elevar draconianamente las tasas de interés fue lo que llevó a la quiebra a miles de empresas y cientos de miles de familias y a 16 millones de mexicanos a la pobreza extrema. Segundo, Aguilar afirma que, de haber perdido la elección presidencial en 1994, hubiera entregado la economía a mi sucesor (y designa como tal a Diego Fernández de Cevallos) “en condiciones de estabilidad financiera, lo cual hubiera permitido un tránsito tan suave como fue el de Zedillo a Fox en el año 2000.” Aquí también Aguilar se equivoca. Ahora, en su apreciación sobre el balance económico de 2000: los documentos del Senado antes citados comprueban que el manejo económico previo a la elección presidencial de 2000 dejó a Fox en una situación tan débil que su gobierno no dispuso del instrumento compensatorio del gasto público para enfrentar la recesión norteamericana de 2001 y durante el sexenio de Fox la economía sólo creció 2.3% anual, el segundo promedio más bajo para un sexenio desde 1934. Lo que sucedió fue que el gobierno de Zedillo aceleró el gasto público durante el primer semestre de 2000 para favorecer a su candidato y elevó el déficit fiscal ese año a casi 4% del PIB. Los Senadores señalaron que Zedillo expresó en el sexto informe presidencial que el balance fiscal era sano. Pero de acuerdo con los Senadores: “El dato resultó falso… En 2000 el déficit fiscal resultó casi cuatro veces más grande que el reportado en el informe presidencial, y se debía al pago de intereses de los bonos del IPAB.” Sobre el insulto el agravio: Fox también recibió una deuda mayúscula, a pesar de que Zedillo señaló en el sexto informe: “la deuda pública respecto al tamaño de la economía ha tenido una importante disminución”. Nuevamente los documentos pluripartidistas del Senado denunciaron: “El dato tampoco resultó cierto… Contrario a lo señalado en ese informe de 2000, como proporción del PIB, la deuda total más que se duplicó en sólo seis años: pasó de 19.8% en 1994 a 42.3% en 2000.” Y concluyen con un señalamiento terrible para México: “En seis años (1995-2000) se duplicó la deuda contratada durante 173 años de vida independiente”. El problema fue que ni con ese manoseo económico el gobierno logró su objetivo electoral, pues Labastida perdió. Aguilar también acusa a mi gobierno de haber manipulado medios y procesos políticos para ganar la elección de 1994. Contra su opinión, en ese año se aumentaron los tiempos en televisión y radio y se transmitieron en directo y en vivo los actos de cierre de campaña de cada candidato (Woldenberg ha señalado que “los partidos no presentaron quejas”). Por primera vez en la historia del país se dio un debate en televisión entre los candidatos. Y en relación a los procesos políticos, hay que recordar que durante ese año electoral se significaron por tener el órgano electoral (IFE) por primera vez en la historia en manos de ciudadanos independientes, un avance trascendente. También un padrón confiable; un documento de identificación notable (la credencial con foto para votar), observadores electorales nacionales e internacionales, y por primera vez resultados el mismo día de la elección. ¡Uf! Pocas elecciones presidenciales en la historia del país se han realizado con avances tan notables en su confiabilidad. Por eso es que el resultado de esa elección ha sido de los menos disputados en la época moderna. Sin embargo, Aguilar omite mencionar que el uso de los instrumentos del Estado con fines electorales se dio durante la elección presidencial de 2000 mediante la difusión de información reservada como la real o supuesta transferencia de fondos extranjeros a la campaña de Fox. En materia informativa, hubo un evidente desequilibrio en los contenidos de la cobertura electoral, pues de todo lo que se publicaba sobre Fox alrededor de 70% era negativo. Y a eso se agregó la canalización de más de 100 millones de dólares del erario a la campaña oficial (Pemexgate). Eso prueba que contra lo que escribe Aguilar, no hubo en 2000 “desapego a la victoria a toda costa” por parte del Presidente en funciones. Lo que se antoja es que hubo ineptitud generalizada alrededor de la candidatura oficial, aunque luego se actuó para que el resultado jugara a favor del Presidente al anticiparse al candidato del PRI para reconocer la derrota. No; para pasar a la historia no había necesidad de “sacrificar” a mi sucesor en 1994 “a la Aguilar Camín”. Creo que en ese caso hasta Zedillo estará de acuerdo. Tampoco fueron “contra la marea de la historia” las decisiones en materia de transparencia electoral que adoptamos para esa elección presidencial, como escribe Camín. En realidad esas innovaciones electorales fueron a favor de un notable avance democrático del país. Ahora Aguilar, igual que otros entonces cercanos a mi gobierno, opina en el sentido de que lo procedente hubiera sido hacer una serie de ajustes que supuestamente sanearan la economía y condujeran a cambio de régimen para proveer hacia la derrota del candidato del PRI. Pero en todo caso, entonces no pensaban lo mismo, o nunca me lo expresaron en las muchas reuniones de reflexión y de trabajo que sostuvimos. Por ejemplo, tal vez por sus mutantes afinidades, Aguilar no recuerda ahora la reunión que tuvimos en la tarde del 21 de agosto de 1994, el día de la elección presidencial, mientras se cerraban las casillas electorales en el país, sentados en el jardín de la residencia oficial de Los Pinos; ahí Aguilar me comentó su enorme satisfacción sobre la jornada electoral y enaltecía su excepcional preparación (todavía no sabíamos que la participación electoral, 78% del padrón, establecería un récord histórico). Entonces el intelectual me dijo que esa elección era “un avance sin precedente en la vida democrática de México”. Ahora en su artículo quiere construir un nuevo estereotipo. No es conveniente hacer recomendaciones para el presente sobre sucesos del pasado recordados sesgadamente o tan pobremente analizados. (Milenio)

Reforma / Iniciativa

  • Joaquín López-Dóriga. Reforma y congelador. El tiempo ha demostrado que reforma política que no beneficia a los políticos no tiene destino. Esa es la historia de la mayoría de las reformas: social, electoral, laboral, financiera, energética, al final todas políticas. En México nunca es tiempo de reformas, siempre hay elecciones a las que están sujetas los grandes cambios del país. El caso de la laboral, propuesta por los diputados del PRI en San Lázaro y detenida por ellos mismos, es dramático: antes de las elecciones del 3 de julio, nada, ni una olita. Así, con la misma parsimonia que los priistas presentaron su reforma laboral, la retiraron con el profundo argumento de que no por madrugar amanece más temprano, según José Ramón Martel. Esto en San Lázaro, que debe tener la cámara congeladora más grande del mundo. En el Senado han tomado la decisión de sacar en la última semana de este periodo ordinario de sesiones la reforma política. De su propuesta destaca la reelección inmediata de legisladores, los candidatos ciudadanos, la reconducción presupuestal, el referéndum, la ratificación de consejeros de órganos reguladores como la Cofetel, la Cofeco, detallar con cargos específicos el proceso de sustitución del jefe del Ejecutivo en caso de ausencia absoluta, entre otros aspectos que no consideran la reducción del número de legisladores, la eliminación de los plurinominales, una exigencia generalizada. La idea es que ayer se dictaminara, hoy sería la primera lectura, mañana la segunda, discusión y votación que se podría llevar hasta el jueves o viernes y enviar la minuta a San Lázaro, a su congeladora donde dormirá. *****Retales. 1. IRRUPCIÓN. Es un error de quienes irrumpieron violentamente en la misa catedralicia del domingo al mediodía, pero es una estupidez acusar al PRD de haberla provocado. La Arquidiócesis Primada no está para esas cosas que sólo enconan la relación con los partidos, a meses de iniciar el más difícil año electoral de que se tenga memoria; 2. ARREGLO. En las próximas horas se definirá, no la alianza PAN-PRD en Nayarit, que está resuelta, sino la candidatura. En aquella entidad aparece como natural el perredista Guadalupe Acosta, pero el PAN la condiciona a la diputada, también del PRD, Marta Echevarría, esposa del ex gobernador y acaudalado ex priista Antonio Echevarría; y 3. SENTIMIENTO. En Acapulco crece el resentimiento contra el gobierno federal y ponen el nombre del presidente Felipe Calderón, por la cancelación del Tianguis Turístico con argumentos que los porteños rechazan por insostenibles para ellos. Otra mala señal fue que el mismo presidente Calderón hubiera pasado Semana Santa en Cozumel y no en Acapulco, como solía hacerlo. Alguien tiene que atender ese malestar social y creciente en el puerto. (Milenio)
  • Ricardo Monreal. Iniciativa draconiana. En 2008, en el nombre de la seguridad pública y del combate a la delincuencia organizada, el Senado aprobó una reforma constitucional restrictiva de derechos y garantías individuales. Figuras como el arraigo por 80 días, los testigos protegidos, la extinción de dominio y las intercepciones telefónicas, entre otras medidas, fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial para facilitar su actuación. Paralelamente, la Cámara de Diputados aprobó uno de los presupuestos más altos en seguridad pública, el cual se ha incrementado año tras año en 15 por ciento en promedio, significativamente arriba de la inflación y a costa de otras áreas que han sufrido estancamiento o recortes, como la educación superior, el combate a la pobreza y la infraestructura carretera. Es decir, el Congreso (específicamente, el bloque parlamentario del PRI y el PAN) ha dotado al gobierno de las armas jurídicas y presupuestales necesarias para llevar adelante la guerra contra el crimen organizado. ¿Qué ha acontecido en este tiempo? Como se ha documentado profusamente, a partir de ese año la espiral de violencia se disparó en el país y todos y cada uno de los indicadores objetivos con los cuales se juzgaría el avance del gobierno en esta guerra han resultado desfavorables. Por ejemplo, las ejecuciones se duplicaron; las desapariciones se triplicaron; los territorios en poder de las bandas criminales pasaron de cuatro a 12 entidades federativas; el consumo interno de drogas sintéticas, cocaína y mariguana se disparó; el precio de las mismas en las calles, lejos de encarecerse por escasez, se abarató por sobreoferta; los puntos de venta o narcotienditas se duplicaron; el tráfico de armas inundó las fronteras norte y sur; las denuncias contra el Ejército por abusos y violación de derechos humanos pasaron de 182 a mil 230 en dos años; al tiempo que se presentó un nuevo tipo de migrante: los desplazados por la inseguridad, cerca de medio millón de mexicanos. A pesar de estos indicadores negativos, que expresan con objetividad que el tratamiento no está dando resultados, el gobierno pide ahora al Congreso que le dé más de lo mismo. Es decir, nuevas medidas restrictivas de garantías individuales y más presupuesto. Las fracciones del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados se preparan para aprobar esta semana una Ley de Seguridad Nacional de corte draconiano que pretende dar a las fuerzas armadas potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia; arraigo por 24 horas de los presuntos culpables, con capacidad para interrogarlos; “fichar” y tomar huellas dactilares a los aprehendidos; intervenir comunicaciones; hackear páginas de internet y disolver concentraciones que atenten contra la seguridad pública, pero sobre todo eximir a las fuerzas militares de responsabilidad civil de sus actos, “salvo que se les acredite conductas intencionadas”, y declarar “zonas de afectación” por el Ejecutivo federal, a fin de declarar la restricción de garantías en regiones del país, sin autorización de los congresos correspondientes. Para justificar lo último, la iniciativa inventó un eufemismo jurídico: el gradualismo constitucional. En lugar de “zonas de excepción” contempladas actualmente por la Constitución, el predictamen plantea “zonas de afectación”, y en lugar del término “suspensión de garantías” se habla de “restricción” de garantías y “medidas extraordinarias”. Para lo primero, se requeriría de la autorización del Congreso federal y del local respectivamente, tal como lo plantea actualmente la Carta Magna; para lo segundo bastaría con una declaratoria del Ejecutivo federal. Es importante considerar que esta Ley de Seguridad Nacional que pretenden aprobar PRI y PAN en San Lázaro es resultado de observaciones a la minuta que el Senado elaboró en abril del año pasado sobre una iniciativa del Ejecutivo que originalmente no contemplaba ninguna de las medidas anticonstitucionales que ahora, a un año de distancia, se pretenden introducir. Es decir, de forma y de fondo, se trata de una iniciativa radicalmente distinta a la que el Senado conoció en su momento. Si hace un año se pretendió dar gato por liebre, hoy se busca encubrir un tigre con un disfraz de gato. La nueva Ley de Seguridad Nacional provocaría la envidia de Dracón, el legislador ateniense que, en el siglo VII antes de nuestra era, elaboró el primer código que establecía penas muy severas aun para infracciones menores, en un momento en que Atenas padecía desorden y crimen. El código draconiano, que confundía severidad con autoridad, lejos de revertir esa situación, se convirtió en un bumerán para las autoridades de la ciudad-Estado y para su propio autor, que tuvo que exiliarse a Egina, donde murió. Y es que desde entonces quedó claro que el fuego no se combate con más fuego, sino con inteligencia, oportunidad y buen tino. (Milenio)

México  / Ejército

  • Héctor Aguilar Camín. ¿Dónde está México? Descartemos la fraseología del holocausto, la demencia nacional, el genocidio y la violencia colombiana como explicación o descripción de lo que pasa en México. ¿Qué pasa en México? En México hay una espiral homicida cuyos resortes precisos nadie ha podido explicar: ni el gobierno ni los medios, ni los observadores especializados. Las hipótesis más convincentes hasta ahora son las esbozadas, con rigor y cautela, por Fernando Escalante Gonzalbo y Eduardo Guerrero.* Es una espiral de violencia asociada sin duda a la estrategia de combate al crimen del gobierno de Felipe Calderón, pero es una violencia que, aun en su ritmo desquiciante, no alcanza para poner a México entre los más violentos del continente ni del mundo. Puesto todo junto, en 2010 México tuvo un promedio de 19 homicidios por cada cien mil habitantes México. Son más del doble de los que tenía hace tres años, pero son todavía menos que los 22 por cada cien mil de Brasil, los 39 por cada cien mil de Colombia, los 49 por cada cien mil de Venezuela, los 52 por cada cien mil de Guatemala, los 60 por cada cien mil de Venezuela, los 96 por cada cien mil de Nueva Orleans o los 44 por cada cien mil de Washington. (un buen resumen de datos de fuentes autorizadas en www.Mexicomaxico.Org/Voto/HomicidiosMundo.htm). Sé que llegado a cierto punto de combustión ni a la gente ni a los medios les interesan las cifras, sino los hechos notorios y los resultados concretos. Pero en este caso las cifras son también notorias y concretas. En México se ha soltado una máquina de matar (Según Fernando Escalante, varias). Los homicidios han crecido brutalmente en los últimos tres años. Durante 2007 hubo, cifras redondas, 8 mil 500 homicidios. En 2008, más de 14 mil. En 2009, casi 20 mil. La cifra de la Secretaría de Seguridad Pública para 2010 es de poco más de 20 mil. Están muy lejos de ser las cifras de un país pacífico pero están lejos también de ser las del país más violento del mundo. Y sin embargo México navega ya con esa etiqueta por el planeta. Las brutalidades homicidas han tomado por asalto la imaginación del país, sus rutinas informativas. Y eso que los medios acabamos de suscribir un acuerdo de mesura respecto de la información sobre la violencia. Ah, los acuerdos. *De Fernando Escalante pueden consultarse: “La violencia 1990-2009”, Nexos núm. 381, septiembre 2009, y “La muerte tiene permiso. Homicidios 2008-2009”, Nexos núm. 397, enero 2011. De Eduardo Guerrero: “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco”, Nexos, agosto 2010, núm. 392. Y “Cómo reducir la violencia en México”, Nexos, núm. 395, noviembre 2010. (Milenio)
  • Francisco Garfias. Puntualizaciones del Ejército. El Ejército envió anoche un documento en el que refuta versiones, promovidas en ciertos medios de comunicación, en el sentido de que la Ley de Seguridad Nacional, a punto de aprobarse en el Congreso, promueve el establecimiento de un “Estado militar”. Entre otras cosas, niega también que otorgue facultades a las Fuerzas Armadas para ir en contra de movimientos sociales, laborales o electorales o que legalice la violación de derechos humanos. El documento, de seis cuartillas, recuerda que el artículo 72 de la citada ley establece que, en caso de urgencia, el Presidente de la República podrá ordenar las medidas necesarias para enfrentar una situación excepcional, en tanto se haga la declaratoria de afectación a la seguridad interior, necesaria para la intervención del Ejército y la Marina. Subraya también que el artículo 74 señala claramente que la declaratoria tendrá que ser notificada a la CNDH y a los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas. “La Ley indica que no procederá la declaratoria cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo. “Tampoco procederá con acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos de la misma Ley”, puntualiza el documento. – El dictamen que contiene la Ley de Seguridad Nacional fue aprobado hace un año en el Senado. Entonces se habló de convocar a un periodo extraordinario para que los diputados le dieran el visto bueno. Pero los militares se inconformaron con el contenido de la minuta. Se movieron para manifestar su oposición. En una reunión con Josefina Vázquez Mota, jefa de la bancada del PAN en San Lázaro, dejaron claro su rechazo a  “coordinarse” con autoridades civiles. En cortito, alertaban sobre la posibilidad de que pudieran estar coludidas con el narco. Expresaron también su resistencia a someterse a la jurisdicción de tribunales extranjeros.  Y es que el artículo 72 de la minuta del Senado, ya modificado en San Lázaro, establecía que las fuerzas federales estarán subordinadas al orden jurídico establecido en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Era una forma de comprometerse a acatar una sentencia de la CIDH de la OEA, emitida el 6 de julio de 2009, en la que se condena al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos en la persona del campesino Rosendo Radilla. Radilla fue detenido en un retén militar el 25 de agosto de 1974 y fue visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, en Guerrero. “Hoy todo está planchado, hablado, rebotado” con las Fuerzas Armadas, asegura una fuente del PAN. – La cúpula parlamentaria reconoce el trabajo de enlace con las Fuerzas Armadas, realizado por el actual secretario de Gobernación, José Francisco Blake. Hace un año, la oficina de Bucareli era ocupada por Fernando Gómez Mont, quien había dado el visto bueno a la minuta, a pesar de la inconformidad del alto mando militar. La Marina, por increíble que parezca, ni siquiera fue invitada a la mesa de negociaciones. La necesidad de otorgar un marco legal a la intervención del Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado obligó a los diputados a descongelar la iniciativa. “No puede quedarse en el limbo”, sintetizó el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro. Para agilizar el proceso legislativo se formó incluso el Grupo Plural para el Análisis de la Ley de Seguridad Nacional. En éste participan las diputadas perredistas Teresa Incháustegui y Enoé Uranga; y los petistas Jaime Cárdenas y Enrique Ibarra. Lo integran también los priistas Alfonso Navarrete Prida, Claudia Ruiz Massieu; Francisco Moreno; los panistas Carlos Pérez Cuevas y Gustavo González y el legislador del Verde Pablo Escudero. Al cónclave que sostuvo ayer el grupo, en uno de los salones de San Lázaro, se sumaron Laura Itzel Castillo, PRD, y Mario di Costanzo, PT. Ambos legisladores manifestaron dudas sobre las facultades que el modificado texto otorga a las Fuerzas Armadas. Cuestionan que se les permita “hacer acopio de información” y temen que se multipliquen las violaciones a los derechos humanos. La perredista habló incluso de albazo y de “acuerdos en lo oscurito”. (Excélsior)

 

Norte / Basta  / Legalización

  • Ciro Gómez Leyva. El “estamos hasta la madre” viene ahora del norte. Era un tipazo que vivía confiado, me dice un lagunero que hace un año claudicó y se trajo a la familia al DF. “Era de los pocos que todavía seguían en Torreón, los demás de su familia se fueron a Estados Unidos. Se iba a casar el fin de semana”. Mi pariente, mi primo, familia trabajadora, emprendedora, que contribuyó a que Torreón sea grande, me escribe una querida amiga. “Sigo diciendo: ya estamos hasta la madre”. Hablan, desde luego, de Carlos Ignacio Valdés Berlanga, 61 años, asesinado el domingo afuera de su casa. Al parecer, iban a secuestrarlo. Para la prensa nacional es el socio de Grupo Lala, de Leche Lala. El hermano de Mario, presidente de la Unión Ganadera de La Laguna. Y el primer empresario de primera línea de la región del que se tiene noticia que cae en los años de la guerra. Apenas el martes 12, el presidente Calderón comió en Torreón con los empresarios de Coahuila. Saludó por su nombre a Eduardo Tricio y Ramón Iriarte, presidente y ex presidente de Grupo Lala. Ahí fue donde dijo “¡Ya basta!” a los criminales. Entre los comensales estaban el gobernador interino Jorge Torres y el alcalde Eduardo Olmos: la gente del hoy presidente del PRI, Humberto Moreira, que muy poco, o nada, hicieron para evitar el infierno de Torreón. Quizá por ahí andaba el propio Carlos Ignacio. Eran los días de la cresta del caso Sicilia en Cuernavaca. El presidente Calderón no sabía que, como hace un siglo, sur y norte del país comenzarían a unir consignas de inconformidad. Entonces se gritaba sufragio efectivo, o tierra para el que la trabaja. Hoy el lema que cohesiona al norte con el sur es “¡Estamos hasta la madre!” (Milenio)
  • Pablo Hiriart. Cambiemos el “ya basta”. Las elecciones presidenciales tendrán muy poco sentido si no hay garantías de que el próximo gobierno contará con las herramientas necesarias para que vivamos en paz. Muy poco sentido van a tener esos comicios, más allá de engordar las cuentas bancarias de partidos políticos y prestadores de servicios electorales. ¿Para qué votar, si vamos a quedar parados en el mismo terreno de la incertidumbre y el miedo? Exigirle eficacia en lo elemental a la democracia no es sedición ni golpismo. Lo elemental es que los ciudadanos puedan andar por su país sin que los maten, los secuestren o extorsionen bajo riesgo de muerte o tortura. Estamos viviendo una verdadera locura. Y el que no lo quiera creer que vea las noticias o hable con amigos y vecinos. A un empresario lo matan porque lo quieren plagiar. A jóvenes los asesinan porque están en una fiesta equivocada. A los pasajeros de un autobús los matan porque están extorsionando a los dueños de la línea de transporte. A migrantes los matan para arrancarles unos pesos. A otros los matan porque no se quisieron enrolar a una pandilla criminal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 2018, como dice la secretaría de Seguridad Pública? Si existieran garantías de que, efectivamente, en 2018 va a estar controlado el fenómeno criminal, habría una esperanza, pero no es así. Se trata de una apuesta. De un albur. Quien llegue a Los Pinos, sea del partido que sea (incluso si es del PAN), va a cambiar la estrategia porque dirá que la actual está mal. Y seguramente está mal, o medio mal y hay que enriquecerla. Vamos a enriquecerla, modificarla o reencauzarla ahora. Que el tema de la seguridad no sea un instrumento de demagogia electoral. Nos vamos a echar casi un año de precampaña y campaña en las elecciones presidenciales. Serán varios millones de spots en radio y televisión. Toneladas de discursos, declaraciones, opiniones y debates impresos en papel periódico. ¿Para qué? ¿Qué sentido tienen las elecciones si no vamos a poder vivir en paz? Veremos el desfile de ofertas y promesas irrealizables, más el gasto cercano a los dos mil millones de dólares en decir lo que en verdad no se puede cumplir. Dentro de unos años habrá un cúmulo de justificaciones para explicar por qué no se pudo frenar la criminalidad. Nunca faltará a quién echarle la culpa. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos de a pie? Mucho. Si las demandas de las marchas cambiaran el genérico “ya basta” por la exigencia de una política de Estado contra la violencia criminal, ganaríamos tiempo. Un acuerdo transexenal, acordado por todos los partidos y organizaciones ciudadanas. Y sí se puede. (La Razón)
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