Síntesis Política de Imagen Política

Finanzas, Negocios /Energía

  • Inseguridad, obstáculo al crecimiento e  inversión: IMEF
  • Promoción y difusión de cultura financiera del SAR
  • Crecimiento significativo de banca por Internet
  • Su Casita confía en su reestructura financiera
  • “Oportunista”, la multa de CFC: Telcel
  • TV Azteca impugnó decreto de televisión digital
  • Aumentará la inversión en petroquímica: Meade
  • Avanza ley antimonopolio en comisión del Senado
  • Difícil, prescindir de la energía nuclear: expertos
  • Industriales piden tarifas eléctricas “adecuadas”
  • Financiera Rural “margina” a pequeños productores

Seguridad /Justicia / Salud

  • “La sociedad se los va a cobrar”: Sicilia
  • Aprobada en comisiones, ley antilavado de dinero
  • 258 cadáveres en narcofosas en Durango y Tamaulipas
  • Poiré: está Tamaulipas bajo control
  • Ejecutan a 6 en Tepic
 

 

 

 

Gobierno / Partidos / Congreso /  Estados

  • A la congeladora la ley de seguridad
  • Riesgo de injerencia militar en comicios
  • Candidaturas independientes desde 2012
  • Llama IFAI a aprobar minuta de transparencia
  • Truena alianza PAN-PRD en Coahuila
  • Rompen en Nayarit, admite Acosta Naranjo
  • Listos para asumir reforma política: IFE

Narco fosa Nerilicón

 

                                                                    TITULARES DEL DÍA
Financiero Tipo de cambio rompe el piso de 11.60 pesos
Economista Avanza reelección de legisladores
Reforma ‘Regalan’ millones a diputados de DF
Universal Protesta la IP por crimen en Comarca
Jornada Labastida: habría Estado policial-militar con la Ley de Seguridad
Milenio Las medicinas pirata dominan el mercado
Excélsior Avanzan candidaturas independientes
Sol de México Candidatos ciudadanos para el 2012
Crónica Candidatos independientes en 2012… si el tiempo alcanza
La Razón Madre entrega a hija sicaria; no cobra 5 mdp de recompensa
Impacto Diario “Ley Beltrones” pasa al pleno del Senado

  • Protesta la IP por crimen en Comarca. Alrededor de 20 organismos del sector privado de la Comarca Lagunera solicitaron la intervención de las autoridades federales para combatir los altos índices de violencia en la región, que tuvieron su nivel más alarmante después del asesinato de Carlos Ignacio Valdez Berlanga, ganadero y socio del Grupo Lala. Roberto Rodríguez Cruz, presidente de Coparmex Laguna, informó que ayer se reunieron 20 organismos empresariales para acordar un plan de acción que tienen como finalidad abatir los altos índices de delincuencia que prevalecen en Coahuila y Durango. “Mañana (hoy) vamos a citar en desplegados las declaraciones que se hicieron para reunir a los dos gobernadores, tanto el de Durango como el de Coahuila, y a la procuradora de México (Marisela Morales, titular de la PGR) que venga a ver lo que está pasando en la Comarca”, dijo el empresario. El sector privado de la región lanzó un ultimátum de 72 horas, contadas a partir de este martes, para que la Fiscalía General de Coahuila comience a demostrar los avances en las averiguaciones correspondientes. En caso contrario, la iniciativa privada pondrá en marcha una serie de acciones en señal de protesta. Rodríguez Cruz explicó que esas acciones pueden ir desde dejar de pagar impuestos hasta el paro de actividades comerciales durante un día. “Se está dando a partir de hoy un plazo de 72 horas para que la fiscalía aclare la situación que prevalece, y si no pues vamos a tener que hacer un paro de labores o no pagar los impuestos, o tomar otras medidas más drásticas para que las autoridades hagan algo”.  (Universal)

 

 

Multa

  • Eduardo Pérez Mota. El porqué de la multa. El 15 de abril, la CFC notificó a Telcel una resolución donde se le sanciona por prácticas monopólicas relativas. La conducta sancionada fue la práctica de Telcel de elevar los costos de sus competidores por medio de una tarifa de interconexión alta, superior a la que se cobra a sí mismo. Con esta práctica, Telcel eleva los precios que pagan los usuarios de todas las demás redes y, al estrangular a la competencia, mantiene su capacidad para cobrar en exceso a sus propios usuarios. En otras palabras, salen perdiendo los 91 millones de usuarios de telefonía celular en México. El Pleno de la CFC decidió imponer la multa más alta de la historia de la institución, 11 mil 989 millones de pesos, equivalentes al 10% de los activos de la empresa Más que la sanción en sí misma, es este monto el que ha provocado quejas casi idénticas de Telcel y algunos comentaristas. La decisión se tomó con mi voto de calidad como Presidente de la Comisión, y hay quien ha dicho que esto debilita el caso. Si así fuera ¿por qué la Ley establece que las decisiones se toman por mayoría de los Comisionados presentes y, en caso de empate, con el voto de calidad del Presidente? ¿Qué hacer en caso de empate si no se usa el voto de calidad? Lo más cómodo seria evitar la decisión, pero mi obligación es votar y, si hay empate porque uno de los Comisionados está impedido legalmente de participar, desempatar. Y, por cierto, hacerlo conforme a los méritos del caso; sería muy raro que el análisis técnico de un Comisionado variara dependiendo del número de votos. ¿Por qué el Pleno impuso una multa tan alta? Primero, por el tamaño del daño a los consumidores. La CFC y la OCDE han calculado que las altas tarifas de interconexión provocan un daño de seis mil millones de dólares al año a los consumidores mexicanos. La sanción equivale a una sexta parte de esta cifra, o a 132 pesos por cada usuario. La multa es grande porque el daño es grande.  Segundo porque en este caso la Ley establece un límite superior al habitual para la multa. En caso de reincidencia (es decir, cuando un agente “habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza”) la multa máxima pasa de 54 millones de pesos a 10% de los activos de la empresa Y Telcel es reincidente: en el expediente DE-322004, cosa juzgada en el Poder Judicial, la CFC ya había castigado a la misma empresa por prácticas relativas, es decir, de la misma naturaleza Si en este caso la multa parece tan alta, es porque en la gran mayoría de los casos la Ley no permite una multa realmente disuasiva Por eso el Senado está discutiendo reformas a la Ley que permitan multas proporcionales a la de Telcel para todos los casos que lo amerite. Es tentador interpretar la multa como un golpe político a Telcel, o como un favor a las televisoras. Tentador, pero insostenible: la CFC ha sido muy clara desde hace años, en que hay problemas de competencia en todos los mercados de telecomunicaciones. No debería sorprender que la Comisión actúe contra las altas tarifas de interconexión; pero tampoco debería sorprender que promovamos que, una vez resuelto este problema, se permita a Telmex competir en el mercado de TV restringida, ni que aboguemos una y otra vez por una 3a cadena de TV abierta Acabamos de reiterar todo esto el 28 de febrero en una opinión pública enviada al Congreso y a las autoridades sectoriales. Independientemente de lo que digan Telcel y algunos comentaristas, la responsabilidad de la CFC seguirá siendo la misma en todos los casos: aplicar la Ley de Competencia al pie de la letra, con las discusiones y los desacuerdos al interior del Pleno que son legítimos y naturales, pero siempre sin reservas y sin miedos. No se trata de afectar ni de beneficiar a ninguna empresa, sino de proteger el derecho de todos los consumidores mexicanos a una competencia vigorosa que reduzca los precios y amplíe las opciones para todos. (Reforma / El autor es Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC).)

Ciudadanizar

  •  Juan Ramón de la Fuente. Ciudadanizar la ciencia y la cultura.  Dos encuestas más o menos recientes, una sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología (Conacyt/INEGI, 2009), y otra sobre hábitos, prácticas y consumo culturales (Conaculta, 2010), muestran contundentemente el fracaso de nuestras políticas públicas si es que pueden así llamarse en materia de ciencia y de cultura: ni la una ni la otra tocan la vida de la mayoría de los mexicanos. Veamos algunas cifras. El 83% de la población dice reconocer que “confiamos demasiado en la fe y muy poco en la ciencia”, en tanto que, más de la mitad de la población, piensa que los científicos pueden ser “peligrosos”, y una proporción similar ¡asegura que la tecnología origina una manera de vivir “artificial y des humanizada”. Una de cada tres personas confía en los “números de la suerte”, la mitad de la población mayor de 18 años no tiene acceso a una computadora, y sólo uno de cada cuatro entró a una biblioteca pública en el último año. Eso sí, 92% de los encuestados dice que en México “debería haber más personas trabajando en la investigación”. Con tales cifras es fácil comprender la prevalencia en nuestro país del pensamiento mágico, la popularidad de los horóscopos, la gran demanda de productos “milagro”, el recurso frecuente a “limpias” para erradicar problemas y males diversos, y el escaso conocimiento que tenemos sobre temas tales como los alimentos genéticamente modificados, los efectos del calentamiento global o la importancia de las energías alternativas, asuntos todos ellos, que inciden directamente en nuestra vida cotidiana, lo sepamos o no. Claro, 90% aceptó ver televisión entre una y 32 horas semanales, otro 47% dijo no leer los periódicos, y 74% escucha hasta 16 horas semanales de noticias por la radio. Es fácil imaginar el tipo de noticias que escuchan, pues 85% dijo no escuchar absolutamente nada sobre ciencia o tecnología. La encuesta sobre cultura, por su parte, muestra por igual cifras trágicas: al 48% de los mexicanos no les interesa la cultura; en consecuencia, 43% nunca ha pisado un museo, 70% no ha leído un libro en el último año, 80% ni siquiera lo compró, y 57% nunca ha entrado a una biblioteca. Ciertamente debe haber una dispersión geográfica estimable, toda vez que es necesario reconocer que el panorama en la ciudad de México, por ejemplo, difiere de manera significativa del de otras ciudades con una densidad de espacios y actividades culturales mucho menor. Pero al igual que ocurre con la ciencia, la participación del sector privado en la cultura es limitada y se reduce a estos programas en unas cuantas ciudades. La primera pregunta que salta al revisar estas cifras es: ¿Dónde está nuestro sistema educativo? O será que el esfuerzo en todo caso insuficiente del Estado en materia de ciencia y cultura, se ha limitado a atender algunas necesidades institucionales, a procurar no enemistarse (con poco éxito, por cierto) con las comunidades científica y cultural o bien, como se ha insinuado en algunos espacios críticos, a subsidiar a ciertos grupos con recursos para sus proyectos personales. En todo caso, los resultados de las encuestas referidas nos obligan a reconocer que parte del problema radica, precisamente, en que a diferencia de lo que ocurre en sociedades más avanzadas, en México, ni la ciencia ni la cultura tocan la vida de la mayoría de las personas. Por eso hay que ciudadanizar la ciencia y la cultura; es decir, procurar que éstas lleguen —y hay mil maneras de hacerlo— a la mayor cantidad posible de personas, desde la niñez hasta la tercera edad, de manera sostenida y a lo largo de una o dos generaciones, por lo menos. Visto con el pragmatismo político, hoy tan en boga, habría que partir del principio de que la “clientela” para estos programas debe ser la sociedad en general, y no solo algunos grupos selectos de científicos, artistas o intelectuales. Cierto, hay que reconocer que ha habido en el pasado algunos esfuerzos en tal sentido por “ciudadanizar” ciencia y cultura, los cuales generalmente fueron exitosos, pero siempre fragmentados e invaríablemente temporales. ¿No habrá quién los reivindique? Cualquier proyecto que aspire a construir un México mejor pasa necesariamente por una profunda y radical reivindicación cultural y científica. Que todos gocen de los frutos del espíritu, que todos sepan más. Más libre es el que más sabe decía, con razón, el rector Unamuno. Un país que eleva los niveles culturales de su gente es un país que genera confianza en sus propias capacidades para resolver sus problemas y ver hacia adelante con fundado optimismo. ¿Acaso no nos vendría bien una buena dosis de confianza y de optimismo? *Ex rector de la UNAM Será que el esfuerzo en todo caso insuficiente del Estado (…) se ha limitado a atender algunas necesidades institucionales, a procurar no enemistarse con las comunidades científica y cultural” Los resultados de las encuestas referidas nos obligan a reconocer que parte del problema radica, precisamente (…) en México, ni la ciencia ni la cultura tocan la vida de la mayoría de las personas” (Universal)

Pacto / Votante

  • Raymundo Riva Palacio. El pacto de Cancún. Roberto Borge asumió la gubernatura de Quintana Roo a principios de abril pasado en medio de fiesta priista a donde acudió la dirigencia del partido, gobernadores, artistas y un amigo personal del nuevo mandatario, el ex presidente Carlos Salinas. Pero lo importante no fue el evento en Chetumal sino una escala en Cancún, donde los líderes del partido se congregaron en una reunión secreta para analizar y decidir conjuntamente una estrategia para enfrentar al presidente Felipe Calderón. Los términos de la lucha contra el Presidente los define el largo año electoral que se prolongará hasta 2012. En ese contexto, la idea que animó al presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, a llamar a todos al cónclave, fue buscar el consenso frente a lo que anticipa una lucha cuerpo a cuerpo con Calderón, que temen varios dirigentes del partido que incluya la persecución de ex gobernadores y una guerra sucia en el Estado de México, Nayarit, Michoacán, que pudiera culminar con el descarrilamiento de su candidato presidencial el próximo año. Moreira arrancó la reunión con un llamado a “endurecer” el discurso priista contra el Presidente, y rápidamente fueron tomando la palabra los gobernadores, que hicieron un inventario de los agravios contra el gobierno federal. El más “duro”, a decir de testigos presenciales, fue el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que se quejó de lo que consideró como una intromisión del gobierno federal en su estado a través de las “provocaciones” del secretario del Trabajo, Javier Lozano. Duarte supuraba por heridas recientes, pues días antes de la toma de posesión de Borge, Lozano visitó varias ciudades veracruzanas y se reunió con dirigentes y militantes del PAN. El gobernador lo acusó de hacer “turismo electoral” y lo declaró como “visitante non grato” en el estado. Duarte anticipó que hablaría del tema con el Presidente y con varios gobernadores, cosa que hizo en Cancún con los priistas. El veracruzano no fue el único que habló con dureza del gobierno federal. Después de él tomó la palabra César Duarte, gobernador de Chihuahua, que se dijo agredido por la forma como la estrategia contra los cárteles de las drogas planteada por el Presidente ha incrementado la violencia y afectado su gobernabilidad. Después de él llovieron recriminaciones y acusaciones, muchas por el control de participaciones federales, que dependen directamente del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, delfín de Los Pinos en la contienda presidencial. La reunión de Cancún abordó las realidades por las que estaban atravesando los priistas, pero la dinámica es cambiante, con nuevos jugadores que aparecen y desaparecen sobre un tablero en constante movimiento. Por ejemplo, cuando se dio la reunión secreta de Cancún no se habían descubierto las fosas clandestinas en San Fernando, que metieron al gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, en una crisis política donde su puesto está en riesgo. Como respuesta al fenómeno de Tamaulipas, en el espíritu de Cancún, el PRI empezó a trabajar con el senador perredista Graco Ramírez la destitución del gobernador panista de Morelos, Marco Adame, envuelto en un escándalo creciente por la participación de sus órganos de seguridad y policiales en la delincuencia. Entre los líderes del PRI hay la creencia que el gobierno federal sabe cuántos muertos hay en las fosas de San Fernando, pero creen que van dosificando el descubrimiento de cuerpos para ir debilitando al gobernador Torre Cantú. Si es cierto o no, es un asunto secundario. En los canales de comunicación privada que mantienen con el gobierno federal, se ha hablado de Tamaulipas y Morelos como una especie de quid pro quo: que el PRI afloje la presión sobre Adame, jefe político del sector más reaccionario del PAN, y que el gobierno federal alivie la presión al priista Torre Cantú. No hay datos que reflejen un acuerdo aún de esa naturaleza. Otro punto de ebullición se da entre el propio presidente Calderón y Moreira. Cuando se aireó el supuesto alcoholismo del mandatario, en Coahuila aparecieron en decenas de bardas referencias al tema. Desapercibido para muchos en el país, no lo fue en Los Pinos. La respuesta fue la circulación de cientos de panfletos en las calles del estado donde acusaban a la madre de Moreira de ser una “aviadora” del magisterio. El líder del PRI respondió: “Calderón es un impostor”. El jaloneo es constante en Coahuila, cuya gubernatura disputarán este año el hermano del dirigente priista y el compadre del Presidente. Pero Moreira no convocó el cónclave para buscar apoyo para él, sino para trazar una estrategia que refleje espíritu de cuerpo, de acuerdo con priistas consultados sobre la reunión secreta. Hasta ahora, el dirigente priista ha capturado los golpes presidenciales y del gabinete, que han respondido a las hostilidades verbales de Moreira. Pero al paso que lleva no resistirá el desgaste que le permita llegar en buenas condiciones políticas a la campaña presidencial el próximo año, ni a ser de utilidad en las elecciones estatales, críticas todas, este año. La reunión en Cancún fue para construir un frente más amplio y nacional, con relevos en los choques contra el PAN y un frente de lucha más amplio y compacto. En los últimos días comenzó a circular en Coahuila un nuevo correo electrónico donde se acusa a Moreira de nepotismo, de corrupción y de vínculos con el narcotráfico. Es un anónimo que desacredita al dirigente nacional y lo ubica como un criminal. Son los prolegómenos de esa guerra sucia que algunos piensan que viene, y otros aseguran que, en realidad, ya llegó (La Razón)
  • Otto Granados. No insulten al votante. David Ogilvy, el fundador de la legendaria agencia publicitaria global, solía decir que el consumidor no es tonto: “puede ser tu mujer e insultas su inteligencia si asumes que un mero eslogan y unos cuantos adjetivos van a persuadirla a comprar cualquier cosa”. Aunque vieja, es una premisa que los políticos no han aprendido. Una primera confusión es de historia política. Las elecciones presidenciales de 2000 y 2006 tuvieron una dinámica muy específica: la primera giró en torno a sacar o no al PRI de Los Pinos y la segunda fue sobre escoger una opción más o menos liberal frente a otra populista. Pero el resorte emocional que moverá al votante en 2012 será el de una clara polarización —¿quieres que regrese el PRI?— que no podrá ser resuelta con dos o tres frases cosméticas o ingeniosas, ni mucho menos con un discurso coyuntural que se limite a liquidar al partido en el gobierno. Éste es un error que puede ser costoso. El votante del año próximo querrá saber cuáles son las razones puntuales, informadas y documentadas por las cuales los dos o tres candidatos que se presenten suponen tener la capacidad y la competencia necesarias para gobernar en tiempos críticos. Para ello necesitan tres cosas: una es demostrar que saben y pueden gobernar; otra, que tienen un programa y, finalmente, que cuentan con un partido moderno que los respalde. Pero el desastre verbal que hoy se advierte casi por todos lados —donde no hay una sola idea creativa, donde nadie ha exhibido un proyecto, donde no existe una agenda legislativa medianamente coherente o donde las contradicciones dentro de los partidos son flagrantes— puede provocar más bien una reacción defensiva donde el elector termine por no votar o bien por la posición conservadora de mantener el actual estado de cosas. Es muy sugerente una encuesta reciente de consulta que muestra que casi 40% de los mexicanos “no tiene ganas” de “cambiar de partido en el gobierno” contra casi 22% que declara “tener muchas ganas”. Y el otro equívoco es asimilar el nivel de reconocimiento de los candidatos con la activa disposición a votar por ellos. Ése es un efecto derivado de la nueva estructura de medios, tecnologías y redes sociales, que levanta a los aspirantes como la espuma en un lapso brevísimo pero no conduce automáticamente a una decisión electoral. Por ende, el ciudadano ya no se dispone a descubrir candidatos porque ya los conoce ni ver si cocinan o bailan bien, como en su época lo hicieron con abrumadora ridiculez Bob Dole o Boris Yeltsin, sino más bien a captar sus capacidades y destrezas para probar que conocen bien el país, que manejan información y datos con soltura, que pueden elaborar un programa, ganar un debate o mostrar el carácter para gobernar. A pesar de lecciones tan primarias, los actores políticos de esta hora parecen, en efecto, decididos a insultar la inteligencia del elector. Se pueden llevar una sorpresa (La Razón)

 

Papa

  • Joaquín López-Dóriga. El Papa, Fox y Marta. CIUDAD DEL VATICANO. Desde que Vicente Fox tomó la decisión de hacer una visita oficial a Juan Pablo II, Marta Sahagún, ya su esposa, tomó la de ir con él para escándalo de la curia vaticana y molestia de la alta jerarquía mexicana. No había modo ni antecedentes de que una pareja presidencial casada por leyes civiles sin haber anulado sus matrimonios religiosos, fuera recibida como tal por un pontífice. Pero Marta quería y Fox la apoyaba. El cardenal Norberto Rivera, consultado por la pareja, lo más que le ofreció fue darle a ella un lugar especial y destacado durante la audiencia de los miércoles lo que, indignada, rechazó, y con ella, él. Cuando se confirmó que la mañana del jueves 18 de octubre de 2001 Juan Pablo II recibiría en visita de Estado al presidente de México, Vicente Fox, pero sólo a él, sin ella, reforzaron las gestiones para que visita y audiencia privada fuera conjunta, Marta y Fox. Pero la curia vaticana fue inflexible: ni hablar, iría solo el jefe del Estado mexicano, ella no porque no reconocían su matrimonio y vivían una relación pecaminosa que el Papa no iba a legitimar, como en cierto modo se buscaba. Las gestiones ante la santa sede fueron de tal intensidad que se logró que si bien Juan Pablo no los recibiría en pareja, a ella le daría una audiencia privada en la víspera, miércoles 17 de octubre. Ese día, a las 9 de la mañana, un automóvil oficial de SCV (Stato Cittá el Vaticano) con un oficial pasaría por ella al hotel Saint Regis, donde se han hospedado todos los presidentes de México de visita en Roma. Desde las 8 de la mañana Marta estaba lista, nerviosa y arreglada en la suite presidencial del Saint Regis. Pero dieron las 10, las 11, las 12 y nada. No aparecía el enviado del Vaticano. Incluso no había acompañado a Fox en su jornada oficial ante el gobierno italiano. El desaire hizo llorar a Marta y a Fox indignarse. Marta se comunicó con el sacerdote mexicano más influyente con Juan Pablo II, que llegó a desayunar a su suite a las 8 en punto del día siguiente, el de la visita oficial. Desde la suite, Marcial Maciel hizo unas llamadas y a las 11 de la mañana, a la hora en que Fox era recibido con honores, Marta entraba discretamente en un automóvil al Palacio Apostólico. A la salida, ella lo esperó en la plaza Pío XII, detuvo la comitiva, lo hizo bajar del coche y con un beso teniendo como fondo la Basílica de San Pedro, dejó el mensaje de quién era ella. No hay evidencia gráfica de su encuentro con Juan Pablo, sólo un oficial del Estado Mayor lo habría atestiguado. Pero quedó la imagen del beso. Años más tarde, ya con Fox ex presidente, la santa sede anuló fast track sus respectivos matrimonios religiosos y los casó un obispo bajo el rito de la Iglesia, como si nada, y ella de blanco. (Milenio)

Peña

  • Ricardo Alemán. Manotazo de Peña Nieto. Como es público, en las próximas horas el Pleno del Senado de la República aprobará un paquete de reformas electorales que, entre otros aspectos, autoriza la reelección de legisladores, permite la iniciativa popular y, sobre todo, da luz verde a candidatos presidenciales independientes para 2012. Está claro que se trata de reformas constitucionales novedosas, sobre todo porque devuelven a los ciudadanos derechos y libertades básicas, y porque a cambio otorga el derecho de veto presidencial al Presupuesto, y deja en manos del Congreso el control de órganos reguladores, como la Cofetel, la Cofeco y la CRE. Sin embargo, la buena nueva que significa que el Senado apruebe esas reformas seguramente se convertirá en vergonzosa desilusión una vez que la minuta aprobada por los senadores pase a la Cámara de Diputados para que, a su vez, los representantes populares revisen, cambien y/o aprueben la misma reforma. ¿Por qué podría terminar en vergonzosa desilusión? Por un pequeño detalle. Porque si bien para la mayoría de mexicanos la reforma pudiera parecer una saludable decisión de los senadores, y hasta un retroceso de la partidocracia, para un mexicano interesado en ser Presidente esa reforma podría ser su perdición. ¿Por qué? Vamos por partes. ¿Quién es ese mexicano para el que sería veneno puro la reforma que legaliza, entre muchas otras cosas, las candidaturas presidenciales independientes para la contienda de 2012? Todos lo conocen: se llama Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense y más aventajado de los potenciales aspirantes presidenciales de todos los partidos. En realidad es el puntero y seguro candidato presidencial del PRI. ¿Y eso qué? ¿Cómo le perjudica a Peña la reforma política que exitosamente impulsó el senador Manlio Fabio Beltrones? Pues nada, que para las aspiraciones presidenciales de Peña Nieto sería veneno puro una o más candidaturas presidenciales independientes. ¿Por qué? Porque un candidato independiente, sin el lastre de un partido político, con el empaque social suficiente, el respaldo de la academia, la intelectualidad y la empresa, podría tumbar sin gran dificultad, no sólo a Peña Nieto, sino a cualquiera de los candidatos de otros partidos; sea Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard o Santiago Creel. ¿Cuántos mexicanos, sean militantes partidistas o no, se enamorarían fácilmente de un candidato independiente, alejado de esas groseras y autoritarias estructuras de partido, surgido de la sociedad civil, sin el seño de esos fracasos en que se han convertido el PAN, el PRD y el PRI? El fenómeno de un candidato independiente podría dar un vuelco dramático a la contienda presidencial de 2012, al extremo de dejar fuera de ella nada menos que a los partidos y a sus candidatos. Eso, claro, si se alinean un candidato independiente carismático y una sociedad al borde del hartazgo de los partidos políticos, de su clase política y de los gobernantes surgidos del tricolor, el amarillo, el azul, o las groseras empresas familiares que son la chiquillería. Por eso la pregunta fundamental. ¿Por qué el PAN, el PRI y el PRD aprobaron una reforma que abre la puerta a los candidatos presidenciales independientes, si es tan peligrosa para sus candidatos ya enlistados? Precisamente ahí está el truco: porque es una reforma con dedicatoria especial para Enrique Peña Nieto. Es decir, que no sólo van contra Peña Nieto las bancadas del PAN y el PRD en el Senado, sino también la del PRI. Se confirma que estamos ante la moderna versión del “Todos Unidos Contra Peña”. Pero caprichosos como son los juegos del poder, resulta que Peña Nieto no está manco ni cojo y menos tullido. Y autoritario como suele ser, de un manotazo congelará la reforma en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque, si no lo saben, Peña tiene el control del PRI en San Lázaro. Y, claro, porque en política los milagros no existen. Al tiempo. ******EN EL CAMINO. Una joya del impune robo de calles en la colonia Del Valle. Resulta que en la transitada avenida Coyoacán, entre José María Rico y Parroquia, se roban dos carriles, de los cuatro disponibles, una intocable franquicia de comida rápida italiana, los intocables de la sede nacional del PAN, las impolutas oficinas del SAT y una marisquería sinaloense. ¿Y quién dice algo? Pues claro que nadie molesta a los que se roban esas calles, ninguna autoridad interviene, porque todo es transa, cochupo. Y tampoco hace o dice algo Marcelo. ¿Y los vecinos? Pues sí, esos que se jodan. ¡Total, a quién le importan!  (Excélsior)

Reformas

  • Luis Pazos. Reformas, ¿hasta caer en el colapso? Durante la presentación de mi libro ¿Quién Manda en México?, el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, respondió a la pregunta de ¿qué se necesita para que en México sean aprobadas las reformas estructurales en materia fiscal, laboral y energética? Su respuesta fue que ante la falta de consensos entre los diversos partidos, la alternativa es el colapso. El presidente Carlos Salinas invitó a Aspe como secretario de Hacienda para que le ayudara a sacar “al buey de la barranca”, ante el colapso al que había llegado la economía con el gobierno del presidente Miguel de la Madrid: inflación sexenal de 3,710 por ciento y una devaluación de 3,904 por ciento, en parte como consecuencia de los desequilibrios acumulados desde los gobiernos de los presidentes Echeverría y López Portillo. El presidente Salinas, más que ser un neoliberal, como lo etiquetó el PRD, tenía claro que el único camino para salir del colapso era realizar cambios estructurales. Abrió la economía, firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos -que ha sido fundamental para la viabilidad de la economía mexicana-, terminó con la demagógica reforma agraria y creó la posibilidad legal de dar en propiedad la tierra a los ejidatarios, pero más por una necesidad económica que por una ideología política. Los cambios iniciados por Salinas fueron obstaculizados por el mismo PRI en el Congreso, desde el sexenio del presidente Zedillo, y se han opuesto a ellos en la primera década de este siglo, como lo demuestro en el libro ¿Quién Manda en México? Varios dirigentes priistas le apostaron a que al obstaculizar en el Congreso las reformas estructurales en materia hacendaria, laboral y energética, México caería en un colapso con el PAN y ellos se presentarían, en las elecciones de 2012, como una alternativa para salvar al país, pero menospreciaron la perspicacia de la clase media, la mayoría de la cual ya los ve, no como la solución, sino como los causantes de la falta de reformas que nos permitan crecer más y crear mejores empleos. (Financiero)
  • Juan Ignacio Zavala. ¿Quiénes detienen las reformas? Como es costumbre en el Poder Legislativo, las cosas se hacen a última hora. Apresurados, presionados, los senadores se dedicaron el día de ayer a procurar aprobar, o no, la llamada reforma política. Atrás quedaron la segunda vuelta y otros elementos de importancia para lograr una ley más completa y moderna. Sin embargo, se discutió la posibilidad de las candidaturas independientes y otros aspectos de la participación ciudadana. Es de entenderse que los que se oponen son los senadores del PRI. Se oponen casi a todo. Hay que reconocer que son algunos legisladores priistas los que han querido dar aliento a dicha reforma. Pero en ese partido siempre hay algo que se interpone a los intereses de los demás: los intereses de los propios priistas. Tan sólo el día de ayer aparecieron declaraciones de la secretaria general del PRI, Cristina Díaz —la misma que calificó a Humberto Moreira como un “corazón valiente”—, en las que aceptaba que las diferencias al interior de su partido están resultando una traba para la aprobación de las reformas. Siempre ellos, siempre sus intereses. Es verdaderamente ridículo que lo que promueven y aprueban los priistas en el Senado, sea bloqueado por los mismos tricolores en la Cámara de Diputados. El problema es que Peña y Moreira no quieren a Beltrones y nada que venga de él o de su grupo senatorial, así sea positivo, es visto como algo auténtico. Tanto Moreira como Díaz dijeron que falta la opinión de los diputados de su partido. Por supuesto que varios diputados priistas han anunciado con antelación su rechazo a lo que realice el Senado. El problema legislativo que vivimos tiene que ver con los odios que se tienen en el PRI. No es un problema menor. Ya hace unos años decidieron resolver sus problemas a balazos. Las luchas intestinas en ese partido estorban el desarrollo del país. Para hacer cambios, como los de la reforma política, no necesita llegar un priista a la Presidencia, los pueden hacer ahora con su mayoría en San Lázaro. Claro que en medio de lo que ha sido la parálisis legislativa en que vivimos, sí son notables los esfuerzos que han hecho algunos senadores. Santiago Creel exigió que las candidaturas independientes se hicieran válidas para las elecciones de 2012. Tiene razón ¿cuál es el miedo al poder de los ciudadanos? También es de reconocer el esfuerzo realizado por Jorge Castañeda para movilizar ciudadanos a través de las redes sociales para presionar a los senadores a aprobar las reformas planteadas. Atisbos de, cómo dijera Monsiváis, una “sociedad que se organiza”. Asterisco: Marcelo Ebrard es un político serio y profesional. Se podrá estar en desacuerdo con él en varias de sus decisiones de política pública, pero nadie le puede negar inteligencia y capacidad. ¿Qué necesidad tenía de ventilar su vida personal? Hablar de su divorcio, de chismes de lavadero de si anda con fulana o zutana, o si no anda con nadie; que aspira a no estar solo; que si tiene o no fotos de su hijo, eran cosas que le pertenecían exclusivamente a él. Es una pena, porque su vida privada es una puerta que sólo él podía abrir, pero que él ya no podrá cerrar. (Milenio)

Cucaracha

  • Héctor Aguilar Camín. El efecto cucaracha. La espiral de violencia en México de los últimos años está asociada a la estrategia de combate al crimen del gobierno de Felipe Calderón. Fernando Escalante ha mostrado que existe una correspondencia estadística entre el aumento de los homicidios y el despliegue de grandes operativos militares y policiacos de la Federación sobre ciudades y regiones. El centro de la estrategia gubernamental fue debilitar a los cárteles de la droga, cuyo control de los gobiernos locales representaba ya, se nos dice, no sólo un problema de seguridad pública, sino un problema de seguridad nacional. La versión del gobierno federal es que había que recuperar los espacios perdidos por el Estado, restablecer el monopolio legal de la violencia y regresar al crimen organizado a su condición de hampa manejable. El centro de la estrategia gubernamental ha sido presionar y fragmentar los cárteles, combatirlos y acotarlos, complicarles el negocio y reducir sus rentas, descabezarlos, dividirlos y enfrentarlos entre sí. La estrategia ha funcionado. Nadie puede negar que los cárteles se han debilitado y dividido, aunque están lejos de haber desaparecido o no representar ya una amenaza al control territorial de distintas partes de México. Es cierto que libran una guerra feroz que los desangra y que la fuerza pública federal ha dado golpes decisivos contra capos y organizaciones, dejando en el campo un panorama de bandas fragmentarias que se disputan agónicamente el control de pasos y territorios. La contracción del espacio, la presión de los operativos de fuerzas federales, ha hecho a las bandas más débiles, pero también más violentas. Las ha hecho también menos eficaces para conducir su negocio fundamental, el más rentable, que es el narcotráfico, al punto de que, como reporta The Economist, buscan espacios más propicios en Centroamérica (“The drug war hits Central America”, abril 16-22, 2011). Lo que son buenas noticias para la estrategia del Estado son malas noticias para los ciudadanos de a pie. Porque las bandas divididas y desangradas son más violentas y buscan ingresos fuera del negocio de las drogas. Dirigen sus esfuerzos de sobrevivencia hacia delitos que afectan la seguridad de las personas: el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas. Llegados a este punto, la pregunta para los estrategas del gobierno federal es: qué sigue. Al calce. Se entiende el afán del ex presidente Salinas de rescribir la historia sosteniendo que él acertó en todas las cosas y los demás fallaron en todas. La tiene difícil, pero es un hombre perseverante en todo, incluyendo sus errores. (Milenio)

 

Seguridad  Nacional / Ley

  • Carlos Ramírez.  Política de defensa nacional. El narco amenaza al Estado. El problema de la nueva ley de seguridad nacional no radica en la imposibilidad de un Estado militar sino en el hecho de que el país enfrenta una subversión violenta del crimen organizado contra el Estado que ya ha rebasado a las policías y controles estatales y ha dejado al ejército como la última línea de defensa de la estabilidad nacional. Los legisladores tienen ante sí no nada más el desafío de un marco jurídico, institucional y social sobre la seguridad nacional, sino que encaran el reto de la modernización del aparato general de seguridad. Más que el Estado militar, los legisladores tienen la obligación de garantizar legalmente la vigencia de las instituciones ante el activismo de las diferentes bandas del crimen organizado. Por tanto, todo lo que se haga para contener la modernización de la seguridad nacional tendrá efectos positivos en el fortalecimiento del crimen organizado. El temor a un Estado militar es del tamaño de la desconfianza en la fortaleza de las instituciones. Es incomprensible que se contenga la modernización jurídica de la seguridad nacional mientras las bandas del crimen organizado violentan el Estado de derecho, violan derechos humanos y asesinan impunemente a ciudadanos. El fondo del asunto radica en la inexistencia en México de una política de defensa nacional. Países que han padecido golpes de Estado militares y dictaduras castrenses le han entrado al tema de la política de defensa nacional: Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela y Colombia. Una política de defensa nacional se basa en el papel decisivo de las fuerzas armadas para garantizar la gestión política del Estado y las instituciones en cinco puntos fundamentales: democracia, soberanía, seguridad, desarrollo y estabilidad social. La ley de seguridad nacional de México podría ser un paso hacia el diseño de una política de defensa nacional que aumente el grado de profesionalización del Ejército. Los problemas de seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, seguridad política y seguridad social tienen que ver con los cinco modelos de ruptura de la gestión de gobierno: la inestabilidad por confrontaciones hacia el interior del sistema y del régimen, la desestabilización operada desde fuera y contra el sistema y el régimen, la ingobernabilidad por la oferta de gobierno menor a la demanda social, el vacío de poder por la inexistencia de poderes fácticos y la inexistencia del Estado de derecho. La crisis de la seguridad interior llevó a la intervención del Ejército en el combate a las bandas del crimen organizado con capacidad superior a las organizaciones policiacas. La ley de seguridad nacional, por tanto, debe leerse en el contexto de garantizar a los ciudadanos la estabilidad dentro de las fronteras. Lo curioso del hecho es que las críticas contra la minuta de la ley de seguridad nacional quieren atarle las manos a las fuerzas armadas, pero nada dicen en contra de los cárteles del crimen organizado. El crimen organizado atenta contra la sociedad, pero algunos grupos quieren enviar al Estado a la guerra sin fusil. Un análisis del Ejército sobre las objeciones contra la ley de seguridad nacional muestra que la propuesta contiene controles institucionales para evitar el Estado militar, la violación de derechos humanos y la represión a movimientos sociales. -Los artículos 72, 74 y 85 tienen candados para evitar el Estado militar porque existe la condición de lograr la aprobación del Congreso. -El párrafo 2 de la fracción VIII del artículo 74 garantiza la intervención y supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las comisiones estatales. No habrá acciones por la libre. -El párrafo 3 garantiza que no habrá operativos militares contra protestas administrativas, laborales, electorales o políticas, a menos que amenacen la seguridad interior. -Las acciones en carreteras se ajustan al artículo 131 constitucional en el criterio de revisión “por motivos de seguridad o de policía”. -No se podrá unilateralmente suspender garantías sino a través de lo que manda el artículo 74 fracción V: las cámaras podrán ejercer sus “funciones legales de control político” de la declaratoria de la existencia de una afectación a la seguridad interior. -No se legaliza el espionaje político. La ley se ajusta al mandato constitucional de que información obtenida afectando la vida privada “carece de todo valor probatorio”. Las acciones de acopio de información deben cumplir las exigencias de ley. Por cierto, la Corte Suprema ablandó la intercepción telefónica. La ley de seguridad prohíbe intercepciones telefónicas y exige autorización de un juez. Si se revisa a fondo la minuta de la ley de seguridad nacional, se puede percibir que se regula y precisa la intervención del Ejército en asuntos que no tienen que ver con la fase internacional de la seguridad nacional. Al final de cuentas, la misión del Ejército es la de proteger a la población civil, garantizar la vigencia del Estado de derecho y facilitar las condiciones de seguridad interior para la vigencia del sistema democrático. A las características del Estado mexicano como un Estado anti-golpe y anti-intervención se agrega ahora la del Estado de seguridad interior. En su última instancia, la ley de seguridad nacional está diseñada para combatir a las mafias del crimen organizado que asesina, ataca a la población civil, trafica con drogas ilegales, sirve a intereses extranjeros de las mafias internacionales que controlan el tráfico de drogas. El costo de no legislar está a la vista: una victoria política del crimen organizado. (Financiero)
  • Francisco Garfias.  “Como el marido engañado…” ¡Cuidado, ustedes van a ser los primeros! Alertó Porfirio Muñoz Ledo, con el índice levantado en dirección de este reportero. La intencionalidad de su comentario era evidente. El diputado del PT buscaba fomentar la idea de que la Ley de Seguridad Nacional, a punto de aprobarse, es un riesgo para las garantías individuales y los derechos humanos. Porfirio acababa de bajar del estrado del auditorio de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Era uno de los 15 diputados del PRD, PT y Convergencia que intentaron hacer trizas la polémica ley. La inminencia de un mayoriteo por parte del PRI y el PAN, aliados en el tema, como en sus mejores tiempos, llevó a los legisladores de izquierda a autoerigirse en conciencia de la nación. La “División Morena” —así bautizaron a los diputados de izquierda, por su afiliación al movimiento obradorista— firmó también un pronunciamiento sobre el proyecto de dictamen a la minuta de la Ley de Seguridad Nacional. En ese documento aseguran que la ley contiene “doce agravios” a los derechos fundamentales y al Estado democrático. Mencionan, entre otros, el estado de excepción “en los hechos”; y la violación del libre tránsito de personas. Aseguran que se otorga al Presidente de la República un “poder irrestricto” para utilizar a las Fuerzas Armadas y advierten sobre la concentración de inteligencia y contrainteligencia en el Ejército y la Marina.  En las bancadas del PRI y el PAN ni los voltearon a ver. Azules y tricolores admiten, en corto, que ya plancharon la ley.  Están convencidos de que la izquierda se montó en el tema porque le arrebataron a López Obrador la posibilidad de explotar las inquietudes que provocaba la pospuesta reforma laboral. “Atacan sin proponer”, aseguran legisladores del Revolucionario Institucional. El proyecto de dictamen da cobertura legal a la intervención de las Fuerzas Armadas en la violenta lucha contra el narcotráfico, que ya ha dejado alrededor de 40 mil muertos.  A las coordinaciones parlamentarias del PRI y el PAN en San Lázaro ya  les anda por aprobar la ley. El “sí” a la importante reforma política en el Senado —hoy se aprueba— hizo más apremiante la necesidad de sacar algún dictamen importante. El problema es que, en su tiempo, la iniciativa fue enviada por azules y tricolores a cinco comisiones distintas. La intención, entonces, era bloquearla. La minuta del Senado había sacado ronchas al alto mando militar y había que frenarla. Ni el Ejército ni la Marina aceptaban, entre otros puntos, que alcaldes o gobernadores iniciaran el procedimiento para declarar la afectación a la seguridad interior, necesaria a la intervención de las Fuerzas Armadas. “Si son cómplices del narco, nunca van a pedir la intervención de las Fuerzas Armadas”, alegaban los militares.  Ocho artículos de la minuta fueron modificados para atemperar críticas y disipar temores. Los cambios refuerzan el tema de los derechos humanos. Desaparecen de la iniciativa excepciones que abrían la posibilidad de que fuerzas federales intervinieran en acciones relacionadas con conflictos de carácter social, político o electoral. Se establece también que, si un soldado o marino comete  un delito que afecte a civiles, será perseguido y sancionado por los “tribunales competentes”, con estricta observancia de objetividad, independencia e imparcialidad.  Hoy se busca radicar la iniciativa en una sola comisión, para facilitar el tránsito hacia el pleno. Priistas y panistas van por un “acuerdo” en la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno en San Lázaro, que les permita evadir tanta aduana. “El problema es que le dieron turno y ninguna comisión se declaró incompetente en el tema”, recordó Muñoz Ledo.   La Comisión de Defensa de la Cámara baja sesionó ayer. El rumor corría acerca de que las cúpulas parlamentarias favorables a la Ley de Seguridad Nacional buscaban radicar la iniciativa en esa comisión.  La polémica Ley ni siquiera estaba en la agenda. Le preguntamos al priista Rogelio Cerda si tenían fundamento las versiones que ubicaban a la iniciativa en la Comisión de Defensa. “Soy como el marido engañado, el último en enterarme…”, reviró el presidente de la citada comisión.  Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Canacintra, la Cámara de Comercio Internacional y la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, entre otras organizaciones, acudieron ayer a San Lázaro para empujar la Ley Anticorrupción enviada por el Senado. Se entrevistaron con integrantes de la Comisión de la Función Pública, que encabeza el diputado del PVEM Pablo Escudero, quien les dijo que los distintos grupos parlamentarios están en la “fase de consenso” de la iniciativa. (Excélsior)

 

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