Síntesis Política de Imagen Política

Finanzas, Negocios /Energía

  • Ben Bernanke sedujo a los inversionistas en Wall Street
  • 52 mil 258.7 mdp, deuda del GDF a marzo
  • Demanda interna tardará en crecer a nivel acelerado
  • Gasolineros se oponen a renovar bombas
  • Detalla Satmex llegada de nuevos inversionistas
  • Elevados costos afectan resultados de Bimbo
  • Infonavit registra reducción de 4.7% en hipotecas
  • Crecen utilidades de Gruma y FEMSA en el trimestre
  • Reta CFC a Telcel a bajar tarifas de interconexión
  • La economía creció 4.7% en febrero, a tasa anual

Seguridad /Justicia / Salud

  • Poiré: asume Calderón costo de narcolucha
  • FCH pide en Perú plan global anticrimen
  • Habrá violencia con la Ley de Seguridad:  Sicilia
  • Militarizan la frontera sur con mil efectivos militares
 

 

 

 

Gobierno / Partidos / Congreso /  Estados

  • Pone Madero punto final a las alianzas PAN-PRD
  • Fue lo correcto, asegura Dolores Padierna
  • Abren espacios a la participación ciudadana
  • ASF: UNAM ejemplo de transparencia
  • PAN: a tiempo extra, la Ley de Seguridad
  • Mi renuncia fue decisión institucional: Gamboa
  • Pide extraordinario PRD en San Lázaro
                                                                    TITULARES DEL DÍA
Financiero Fed, sin prisa para aumentar las tasas
Economista Los alcaldes también podrán ser reelegidos
Reforma Chocan priistas
Universal Senado aprueba reforma política
Jornada El Presidente podrá vetar el presupuesto
Milenio Asume Calderón costos de guerra al narco: Poiré
Excélsior Aprueban la Reforma política
Sol de México Tiene México la tasa más alta de pobreza infantil de la OCDE
Crónica El Senado da luz verde a reelección de legisladores
La Razón Mil 200 taxis del DF son de delincuentes
Impacto Diario Diputados atoran Reformas

  • Chocan priistas. La disputas internas en el PRI de cara a la sucesión presidencial mantienen frenadas en el Congreso de la Unión reformas que los propios legisladores habían señalado como prioritarias. Ayer el Senado, presidido por el priista Manlio Fabio Beltrones, aprobó la reforma política que incluye diversos cambios a la Constitución, reelección de alcaldes y legisladores y candidaturas independientes. Sin embargo, la bancada tricolor en San Lázaro, que encabeza Francisco Rojas, advirtió que no pretende aprobarla en este periodo porque no incluye propuestas formuladas por el Gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto. El diputado priista Felipe Enríquez, uno de los principales operadores de Peña Nieto en San Lázaro, consideró que en la reforma política hay temas que el Senado no incluyó, como la cláusula de gobernabilidad promovida por el Mandatario mexiquense. “Hay temas que nos interesa que estén en este proyecto, como la eliminación de la sobrerrepresentación en el Congreso con lo que podríamos sacar las reformas estructurales pendientes sin detenernos por los caprichos de minorías. “Si esta reforma el Senado la hubiera enviado en febrero o marzo hubiéramos tenido tiempo para revisarlo, pero a dos o tres días de que concluya el período, de entrada, veo peligroso aprobar una reforma política al vapor”, afirmó Enríquez. Desde el Senado, el vocero priista Carlos Jiménez Macías pidió a sus correligionarios dejar de lado las pugnas por la sucesión presidencial y pensar en la trascendencia de la reforma.  (Reforma)

 

 

Carso / Derecho

  • Jorge Castañeda.  Televisoras vs. Carso. La guerra de las televisoras y del Grupo Carso sigue adelante y no tiene término visible. Algunos episodios recientes pueden o no tener que ver con dicha guerra la detención de Paula Cusi, la multa de Cofeco a Telcel, obviamente la compra de Iusacell por Televisa, etcétera. No es este el lugar, ni el que escribe, para adentrarnos en los detalles técnicos, financieros o jurídicos del caso, ni tiene sentido repetir lo que otros han dicho con más precisión o elocuencia. Pero sí conviene quizás tratar de dar una respuesta, por definición hipotética y especulativa, a una pregunta que muchos se han hecho, a saber: si Televisa y Azteca siempre han considerado que el negocio de la televisión abierta en México está prácticamente saturado, que el de paga no tiene mucho futuro, y que por ello tanto Emilio Azcárraga como Ricardo Salinas han buscado otras oportunidades en telecomunicaciones fuera de México y en otros negocios dentro de México, ¿por qué la aparente insistencia, quizás obsesión, de Carlos Slim por meterse a un ámbito sin futuro? Los datos parecerían darle la razón a quienes hacen esta pregunta que contribuyen al enigma sobre el magnate mexicano. Prácticamente todos en México ya tienen tv, de tal suerte que por la vía de la mera televisión abierta y de aumentar la audiencia parece difícil ganar más dinero. La tv de paga efectivamente es limitada en México comparada con otros países de América Latina, y sólo parece prosperar en dos casos: o bien en el sector ABC+ del mercado, o bien a precios muy bajos y de escasas utilidades -caso de Dish. Pero sobre todo, lo que parece cierto y decisivo es la exigua dimensión del pastel publicitario mexicano. El total de éste, incluyendo tv, radio e impresos, sumó en 2010 5 mil millones de dólares, una miseria para una economía de 1.3 billones castellanos de dólares. De estos 5 mil millonea, 3 mil millones corresponden a la tv abierta y sólo 55 millones a la tv de paga. Se trataría entonces de una actividad magra por la que no valdría la pena pelearse. Conviene siempre comparar con otros, en Brasil, con una economía en 2010 cerca del 50% mayor que la nuestra, el pastel publicitario es tres veces mayor. Entiendo tanto las ganas de Slim y los temores de Azcárraga y Salinas por dos razones: nadie como Slim sabe trasformar un negocio de élite (ABC+) en un negocio de masas, incluyendo “the Bottom of the Pyramid (BOP)”: eso es lo que hizo con la telefonía en México que hoy alcanza millones de líneas fijas de Telmex y más de 70 millones de celulares de Telcel. Slim ha de pensar que puede hacer lo mismo con la tv de paga: puede agrandar enormemente un mercado ahora estrecho al bajar precios, dirigirse al BOP y a la nueva clase media, y al ofrecer productos atractivos -aunque no necesariamente competitivos pues nadie más entra en ese mercado. Pero Slim también sabe de monopolios. Y posiblemente piense que la razón de la estrechez del pastel publicitario en México se debe al tinte monopólico de la economía mexicana. El pastel es pequeño porque hay pocos anunciantes; y hay pocos anunciantes porque hay pocas empresas; y hay pocas empresas porque cada actividad se ve dominada por una o dos, y en muchos casos se han cartelizado. Slim quizás piense que si se expande el mercado de tv de paga hacia abajo, hacia los sectores C y D+ -el BOP y la nueva clase media mexicana- crecerá enormemente el pastel publicitario; y si además se confirma el surgimiento de una ola antimonopólica en México, en los próximos años entrarán nuevos actores a los diversos mercados, incluyendo las telecomunicaciones. ¿Quién será el mejor posicionado para aprovechar este crecimiento, si es que se da? Pues el dueño de Telmex, Telcel y América Móvil; y ¿quiénes serán los principales perjudicados? Pues los dueños de Televisa y Azteca Entonces, tiene razón Slim por querer meterse a la tv; y también tienen razón Azcárraga y Salinas de hacer todo lo que puedan para evitarlo. (Reforma)
  • Francisco Gil. Un derecho esencial. Las telecomunicaciones atraviesan una encrucijada envuelta en una intensidad mediática relacionada con procesos judiciales. Su resultado habrá de potenciar o inhibir inversiones. La polémica versa sobre la tarifa de interconexión y es objeto de atracción por la Suprema Corte. Parece abarcar diversos conceptos, pero trata sólo del monto que cobran los operadores fijos por llamadas originadas en su red y que terminan en la de los operadores móviles. El operador fijo entera al móvil el monto correspondiente. Controversias sobre tarifas del 2006 fueron resueltas por Cofetel quien programó reducciones de 2006 a 2010. Éstas fueron consentidas por los concesionarios con excepción de Axtel. La tarifa del 2006 era de $1.5 pesos por minuto, la comparable de 2011 es de $.85 por minuto, cayó 54% en términos reales. En septiembre de 2008, en respuesta a recursos de Axtel, la Secretaría de Comunicaciones resolvió reducir drásticamente la tarifa de interconexión, pero la autoridad judicial dejó en suspenso sus efectos. Luego, en octubre de 2010, sin respaldo judicial, Cofetel modifico radical y retroactivamente la tarifa que definió para 2008-2010. También pretendió fijar una nueva para 2011 con base en criterios distintos a los utilizados durante 10 años. Es más, 5 meses más tarde, resolvió otra ¡para el mismo 2011! Además de la inseguridad jurídica que generan estos cambios, el método utilizado es inaceptable. Resolvió con un modelo teórico y supuestos irreales: que operan 3 empresas idénticas con participaciones iguales de mercado. También inventó información de tráfico y valores de otras variables. Afirma haber estimado costos, pero sin información de las empresas. Finalmente produjo otro modelo, similar al anterior, ahora con 4 empresas idénticas. Apartada de prácticas internacionales y de lo permitido por la ley, Cofetel no ha requerido información de costos. La ley la faculta basarse en costos tratándose del operador declarado “con poder sustancial en el mercado”. Entonces, si el dominante tiene el derecho de recuperar costos, los demás con mayor razón. El Poder Judicial a menudo concede suspensiones. El regulador pretende que no se puedan impugnar sus resoluciones, pero si se apegara a la legislación restarían bases para impugnarlas y la autoridad judicial podría no admitirlas a trámite. Si la Corte resuelve negar la suspensión judicial en relación con amparos interpuestos ante resoluciones de interconexión despojaría al administrado de un derecho esencial. Lo que resuelve la autoridad no debe presuponerse válido per se. La autoridad debe estar sujeta al imperio de la Ley, como lo estamos todos. Recordemos que los regímenes dictatoriales se apoyan en atajos jurídicos y, en el siglo XXI, no es válido argumentar que el fin justifica los medios, sin respetar garantías elementales. Tampoco tiene base eliminar la suspensión judicial con el argumento que de no hacerlo se impacta el precio al consumidor. No es el caso, lo ha reconocido el Presidente de Cofetel. La razón es que al operador fijo no le conviene trasladar a sus clientes la menor tarifa de interconexión en litigio. De hacerlo y perder la controversia carecerá de recursos para enterar al operador móvil la diferencia entre la tarifa menor que pretende y la mayor que se hubiere resuelto. Una menor tarifa puede bajar precios. Pero eso no justifica tarifas abajo del costo, ni fijar arbitrariamente un precio arguyendo “interés público”. Dicho camino nos regresaría a la época de controles, paradójicamente coincidente con la de alta inflación. Se ha sostenido que ningún país de la OCDE otorga las suspensiones de marras. Los hechos no validan esta pretensión. En los países de OCDE con presencia de Telefónica, Alemania, Chile, España, Irlanda, Reino Unido, R. Checa y México, la autoridad judicial puede suspender los efectos de las resoluciones administrativas del regulador en materia de interconexión. Lo mismo se puede afirmar de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. Tampoco procede concluir la inexistencia de este derecho cuando operadores de algún país acuden poco a la suspensión. En dichos países el uso escaso del recurso se debe a que el regulador resuelve desacuerdos de manera consensuada. El procedimiento utiliza costos que, en algunos casos, el regulador auditó con apego a ordenamientos jurídicos inspirados en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Aclarado cuanto antecede, conviene un llamamiento para que no se intente injerir en las determinaciones del Poder Judicial. Algo sin duda fútil dada la autonomía e integridad de sus miembros. Finalmente, las carencias de nuestras leyes deben atacarse justamente a través de su perfeccionamiento, en este caso, de la Ley Federal de Telecomunicaciones. (Reforma)

Reforma Política /

  • José Woldenberg. Reforma política. Al parecer, una batería de modificaciones constitucionales será aprobada por el Senado. Se trata de una zona de convergencia entre las bancadas que fueron capaces de dejar a un lado los temas que las dividían. Sin embargo, para hacerse realidad tendrán que pasar por la Cámara de Diputados y los congresos locales y todo parece indicar que ello no sucederá en la presente temporada legislativa. El paquete va más allá de los tradicionales ajustes electorales que en los últimos 35 años han acaparado la atención del Congreso e incursiona en asuntos que tienen que ver con el régimen de gobierno. Ejecutivo y Legislativo, Se permitiría la reelección inmediata de legisladores federales: por un período más (12 años) los senadores, y por dos periodos más los diputados (9 años). En un sistema competitivo, la reelección es una posibilidad sujeta a la sanción de los electores y no un trámite automático, y será útil para profesionalizar su labor. Hoy que el Congreso ha adquirido una enorme centralidad es bueno que no se dilapide la experiencia adquirida en la legislatura anterior. Se establece además que la Cámara de senadores deberá ratificar las designaciones de los comisionados que el Ejecutivo realice en la Cofetel, Cofeco y Comisión Reguladora de Energía En otro orden, pero que también impacta la relación entre poderes, el Ejecutivo podrá “observar” el Presupuesto y tendrá para ello 10 días hábiles, luego de lo cual la Cámara de Diputados tendrá otros 10 días hábiles para desahogarlo y se requerirá de 2/3 partes de los votos para confirmarlo y reenviarlo al Presidente para que lo publique. El Presidente, por su parte, podrá remitir al inicio de cada periodo ordinario dos iniciativas preferentes que deberán ser desahogadas por cada una de las Cámaras en 30 días. Las iniciativas -que no podrán ser de reformas constitucionales- pueden ser modificadas pero no podrán congelarse. Es una buena medida que obligará al Presidente a establecer sus prioridades y al Congreso a dictaminarlas. Se modificarán los criterios para la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Aunque parezca increíble en la capital se mantiene una mal llamada cláusula de gobernabilidad que convierte a una mayoría relativa de votos (30 por ciento) en mayoría absoluta de diputados. Ahora se requerirá de por lo menos el 40 por ciento de la votación para ello. No se entiende por qué no se le equipara a la Cámara de Diputados. Lagunas. Ante la falta absoluta del Presidente, asumiría provisionalmente sus funciones el secretario de Gobernación, el de Hacienda o el de Relaciones Exteriores (en ese orden de prelación). Si esa falta se produjera durante los dos primeros años de su gestión, el Congreso nombraría un Presidente interino y se llamaría a una nueva elección para terminar el encargo; y si sucediera en los últimos cuatro, el Congreso elegiría un Presidente sustituto encargado de finalizar la gestión. Contar con una suplencia automática tiene sentido, como dicen las consideraciones del dictamen, porque México ha dejado atrás el formato de un partido hegemónico y hoy ninguna fuerza política tiene mayoría en el Congreso por lo que el nombramiento del interino o del sustituto podría llevar tiempo. Una consideración similar puede hacerse en relación a la reconducción presupuestal. Se trata de una previsión que resultaba innecesaria en los tiempos en que el Ejecutivo tema asegurada mayoría de votos en el Congreso. Si en los tiempos fijados no se aprueba la Ley de Ingresos, “se mantendrá vigente la del año anterior”, y si sucediera lo mismo con el Presupuesto, “continuará vigente… el del año anterior… únicamente respecto de los gastos obligatorios que señale la Ley”. Ciudadanos. Los ciudadanos podrán presentar proyectos de ley cuando la iniciativa se encuentre respaldada por el 0.25% de firmantes en relación a la lista nominal de electores. Es decir, se requerirán como 175 mil adhesiones para que la iniciativa pueda ser considerada Es un estímulo para la participación ciudadana y un puente entre el Congreso y ésta. Se agrega la figura de la consulta popular como fórmula de “democracia semidirecta”. La podrán solicitar el Presidente, el 33 por ciento de los legisladores de alguna de las Cámaras o el 2 por ciento de ciudadanos en relación a la lista de electores. En el caso de las dos primeras requerirán ser aprobadas por el Congreso. La o las preguntas tendrán que ser revisadas antes por la Corte. Sus resultados serán vinculantes si participa por lo menos el 40 por ciento más uno de los ciudadanos y se realizarán el día de la elección federal. Se abre paso a las candidaturas independientes que tendrán que ser reguladas en el Cofipe. El dictamen apunta que dicha reglamentación deberá incluir temas como el de un respaldo mínimo de ciudadanos, derechos y prorrogativas, representantes y responsables, mecanismos de financiamiento y acceso a los medios y a la justicia electoral. Cuando se regulen tendremos nuevos partidos que no quieren reconocerse como tales. (Reforma)
  • Pablo Hiriart. Se van a arrepentir. A los que festejan las “candidaturas independientes” les va a pasar lo mismo que cuando celebraron la pasada reforma electoral que prohibió descalificaciones y la compra de espacios en radio y TV: se van a arrepentir. Se van a arrepentir porque las llamadas “candidaturas ciudadanas” van a favorecer al PRI. Y se van a arrepentir de la reelección de diputados y senadores porque también va a favorecer al PRI. Vamos por partes: Los “independientes” rondan cerca de la izquierda y de la derecha. En esos flancos todos se sienten con méritos para ganar una elección presidencial. ¿No? Pasen revista, a bote pronto. ¿En quiénes piensan cuando hablan de candidatos independientes a la Presidencia de la República? Todos son antipriistas. Muchos de ellos, aspirantes a caudillos, con un ego del tamaño de Ciudad Universitaria. Cuando un priista se enoja, se disciplina, o va por otro partido. Algunos ganan y otros pierden. Pero la candidatura presidencial es otra cosa. Los que aspiran a llegar a Los Pinos por una vía diferente a los partidos están más cerca del PRD y del PAN que del PRI. Jorge G. Castañeda ha dicho que quiere ser candidato presidencial, pero no por un partido político. ¿A quién le quitaría votos? Al PRI, no. Cualquiera de los líderes ciudadanos que han emergido luego de la racha violenta y criminal podría ser un candidato o candidata con arrastre. ¿A quién le restaría votos? En los estados, los personajes relevantes ajenos a la militancia política y que tienen credibilidad entre la población, ¿son cercanos al PRI como para quitarle votos? ¿O cuentan con las simpatías de tradicionales votantes del PAN o del PRD? Sería muy difícil que un ciudadano independiente logre competir con la fuerza, la estructura y los recursos de los partidos grandes. Salvo, claro, que sea un magnate. Un gran magnate. Con la reelección de diputados y senadores gana el PRI. En la próxima legislatura el PRI volverá a ser —todo indica— el partido mayoritario. Y es mucho más fácil ganar siendo conocido como el diputado del distrito, a no serlo. Desde una diputación no se pueden gestionar proyectos de ley para una demarcación. O tal vez uno, que abarque a muchos distritos, y nada más. La política es realidad. Y lo que funciona en muchos distritos es que gana el que tenga para repartir. Un diputado sí tiene para repartir, desde favores a personajes clave durante tres años, hasta despensas o utensilios. Las reformas que podrían perjudicar al PRI no pasaron, como es la segunda vuelta en la elección presidencial. Afortunadamente no pasó, porque no hay problemas de legitimidad en la Presidencia de la República, sino que el atorón está en posibilidad de crear mayorías en el Congreso. (La Razón)

PRI vs PRI

  • Miguel A. Granados Chapa. En el Congreso, PRI vs. PRI. A 72 horas de que concluya el periodo de sesiones ordinarias del Congreso parecen a punto de naufragar proyectos ya acordados entre las grandes fracciones parlamentarias, capaces de lograr las mayorías, calificada o simple según el caso, que se requieren para aprobar enmiendas constitucionales o a leyes secundarias. La causa de que la temporada legislativa llegue a un final anticlimático es la rivalidad que se acendra entre las bancadas priístas, la del Senado encabezada por Manlio Fabio Beltrones y la dirigida en la Cámara por Francisco Rojas, que representa los intereses de Enrique Peña Nieto. La sola mención del sonorense y del gobernador del Estado de México sitúa el conflicto en sus términos. Se trata de los más notorios aspirantes a la postulación presidencial de su partido. Y aunque falta más de medio año para que se dirima la candidatura respectiva -y en medio de ese tramo se ubica la elección estatal mexiquense, que influirá en las posiciones de los precandidatos- desde hace tiempo, y con más acusado acento cada día que pasa, no hay movimiento de cada uno de ellos que no sea recíprocamente vigilado y, de ser posible, impedido o estorbado. Ayer fue aprobado en la Cámara de senadores el conjunto de modificaciones a la Constitución que por inercia se llama reforma política aunque diste de serlo, al menos en el amplio sentido que cobró la de 1977 y, con menos trascendencia histórica, la de 1996. El racimo de enmiendas que acordó el Senado contó con el asentimiento de los grupos del PAN y el PRI, que pasaron por alto objeciones de los partidos minoritarios, algunas de ellas dignas de consideración, como las expresadas por los miembros de la bancada perredista Pablo Gómez y Tomás Torres en tomo a la combinación de veto presidencial al presupuesto y la reconducción de ese plan de gasto federal. La minuta respectiva debió llegar ayer mismo a San Lázaro a fin de que, tras su eventual aprobación, salga a las legislaturas de los estados a fin de completar el proceso constitucional de reforma. Pero puede ocurrir que tal aprobación no se consume, y no por desacuerdas entre partidos, sino porque los diputados priístas, o una mayoría determinante entre ellos, no le concedan su asentimiento. La fracción peñista en el grupo tricolor se muestra indispuesta a votar por la afirmativa la minuta senatorial, por varios motivos. Uno sería negar a Beltrones una carta de triunfo, una comprobación de su aptitud para generar consensos, cualidad meritoria a la hora de sumar puntos en la contienda interna previa a la elección constitucional del año próximo. Por otra parte, el peñismo buscará añadir a la minuta senatorial, que con ese motivo sería devuelta a su origen, la moción mexiquense para reinstaurar la cláusula de gobernabilidad. Peña Nieto firmó un artículo de prensa que Emilio Chuayffet convirtió en iniciativa para volver atrás el reloj de la historia y asegurar al Ejecutivo una mayoría de legisladores que le ofrezca la desaparecida comodidad que caracterizó a los gobiernos priístas, salvo el de Ernesto Zedillo. Con 35 por ciento de los votos, según esa reaccionaria propuesta, un partido tendría más del 50 por ciento de las curules. Es un paso atrás, que impone la gobernabilidad a la pluralidad, que aun los priístas en el Senado no estañan anuentes a aceptar, menos aún cuando tendrían que digerir la propuesta en apenas 48 horas, si mañana les fuera enviada desde San Lázaro, si quisieran aprovechar hasta el máximo el tiempo legislativo que se agota a la medianoche del sábado. Y, sobre todo, si aceptaran ofrecer ese regalo a Peña Nieto. Se aduce también que la minuta sería devuelta al Senado sin aprobar las candidaturas independientes o ciudadanas. Quienes dan por hecho que el gobernador mexiquense será no sólo el candidato de su partido sino el próximo presidente de la República temen que un candidato ajeno a los partidos, y basado precisamente en el universal repudio que suscitan esas organizaciones, abatiera y aun diluyera la presunta mayoría que arde de ganas por ser gobernada por Peña Nieto. En el Senado no habría disposición a retirar una enmienda que a sus miembros costó trabajo aprobar. La Ley de Seguridad Nacional puede evidenciar también disensos entre las dos Cámaras. La de senadores la aprobó el año pasado, a partir de un proyecto presidencial que recogió las preocupaciones castrenses respecto del papel del Ejército y la Marina como agendas de seguridad pública. El Senado mitigó notablemente el afán militarista que impregnaba la iniciativa presidencial y el largo periodo, más de un año, en que la minuta respectiva yació en la Cámara pareció indicar que los diputados no querían quedar mal ni con las fuerzas castrenses ni con las organizaciones sociales y los partidos que temen la militarización de la vida nacional a partir de una reforzada y legitimada presencia de las fuerzas federales en funciones de seguridad pública. Debido a presiones de distinta índole ” -que incluirían la amenaza de publicar nexos de gobernantes priístas- los diputados priístas abandonaron su inercia y aceptaron pagar el costo de una ley riesgosa. Para ello, sin embargo, deben reenviar la minuta al Senado, y acaso no encuentren allí un ánimo receptivo que permita, de última hora, corregir su propia percepción del fenómeno, expresada hace más de un año, ni siquiera ante la presión militar. Menos mal que la aplazada y esperada designación de tres consejeros del IFE es asunto exclusivo de los diputados, que si no… (Reforma)

 

Juan pablo

  • Joaquín López-Dóriga. Juan Pablo y su horror al PRI. Ciudad del Vaticano. Cuando Juan Pablo II tomó la decisión de visitar México, a los tres meses de iniciar su pontificado en octubre de 1978, pensaba en su natal Polonia. Para Karol Wojtyla siempre existió una historia gemela entre nuestro país y el suyo: falta de relaciones con la santa sede, no reconocimiento de la Iglesia católica perseguida por los regímenes de ambos países y el culto a la Virgen María, de Guadalupe en México, de Chestojova en Polonia, aquélla, la morenita del Tepeyac, ésta la madona nera, como símbolo de veneración y factor de unidad y esperanza de sus respectivos pueblos. Todo esto pasaba por la cabeza del primer Papa eslavo que se propuso como tarea terminar con los gobiernos priistas que hacían de la Iglesia católica mexicana una Iglesia perseguida desde el callismo, haciendo suya la visión crítica de Pío XI al régimen que declaró la guerra cristera con el cierre de templos, suspensión de culto y persecución y expulsión de religiosos, lo que nunca superó Wojtyla, un reproche y reclamo que hizo público en sus cinco viajes a México, sobre todo, en los primeros, enero de 1979 con José López Portillo, y en mayo de 1990 y agosto de 1993, con Carlos Salinas. Cuenta un invitado a la mesa papal en el Palacio Pontificio en la que estaba sentado un cardenal mexicano, que Juan Pablo, que nunca perdía la calma ni el control, exclamó: ¡Ni un día más de PRI en México, ni un día! Por eso su quinto viaje a México, en julio de 2002, tras la que parecía la última, en enero de 1999 con Zedillo. Su dramática y última visita a México, oficialmente para canonizar a Juan Diego, fue, en realidad, para dejar su mensaje, el PRI, que era su muro de Berlín y telón de acero mexicano, había caído dos años antes, julio de 2000 y por eso su presencia final. ******Retales. 1. BEATIFICACIÓN. Felipe Calderón llega el sábado aquí por segunda vez como Presidente de la República para asistir a la misa de beatificación de Juan Pablo II el domingo. La primera fue el 4 de junio de 2007, para cumplir una visita oficial en la que fue recibido por Benedicto XVI; 2. IMPREVISTO. En aquella ocasión, estando aquí en Roma, recibió una invitación del presidente Nicolas Sarkozy para cenar en el Palacio del Elíseo, cena con señoras, el anfitrión con la suya de entonces, Cecilia, porque después casaría con la Bruni; y Calderón con Margarita. Ambos viajaron a París. Luego la relación la rompería el francés; y 3. RUPTURA. No cedió el PAN, que condicionaba su alianza con el PRD en Nayarit a la candidatura de Martha Elena García, esposa del ex gobernador Antonio Echevarría, ni el PRD, que se sostuvo con Guadalupe Acosta Naranjo, y se rompió la alianza. El PRI irá con Roberto Sandoval Castaño. Esto pone en riesgo la de Coahuila con el primer compadre del país. (Milenio)
  • Ciro Gómez Leyva. El Papa que nunca sintió vergüenza por México. Fueron décadas de lucha contra un manto de silencio. Pero tantas historias singulares de abuso sexual contra menores, tantos testimonios parecidos comenzaron a dar fruto en el año 2002. Un terremoto sacudió a la Iglesia católica. El propio Juan Pablo II tuvo que reconocer en la carta de Jueves Santo que se declaraba “profundamente conmocionado” por los escándalos “causados por algunos hermanos”. Y es que se multiplicaba la cadena de historias en donde un religioso abusaba sexualmente de un menor. Los medios, tan reacios a difundir testimonios de las víctimas, giraron 180 grados. El tema se volvió cotidiano en The New York Times y USA Today. En esa Semana Santa llegó a la portada de Time y apareció un artículo en la primera página del Financial Times, donde se calculaba que el monto de las indemnizaciones a las víctimas superaría los mil millones de dólares. El terremoto golpeaba con dureza a Estados Unidos. Brotaron historias en Boston, Washington, Philadelphia, Los Ángeles, New Hampshire, San Luis, Florida, Maine. El domingo 28 de julio, en su homilía expresada ante medio millón de jóvenes en Toronto, Canadá, el Papa dijo sentir vergüenza y tristeza por los casos de abuso sexual en la Iglesia y pidió a los jóvenes “que no se descorazonaran por los pecados y errores de unos cuantos”. Arribó a México tres días después para zanjar la polémica sobre Juan Diego, abrazarse con los indígenas, saludar a sus 80 millones de fieles. Pero nada dijo de Marcial Maciel y otros sacerdotes sobre quienes pesaban gruesos testimonios. Por el contrario, tuvo a su lado a los pederastas y los abrazó. Fue la quinta y última visita de Juan Pablo II a México. (Milenio)

Reformas

  • Diódoro Carrasco. Las reformas y los factores de poder. A pesar de no incluir los ejes articuladores propuestos por el Ejecutivo y los senadores del PRI, la minuta de reforma política aprobada o por aprobarse en el Senado tiene el mérito de abrir espacios a la participación ciudadana, mejorar el equilibrio entre los poderes de la unión y agilizar el proceso legislativo. Sin embargo, de seguir las cosas como van, quedará reducida a una iniciativa testimonial, pues la pugna que se vive al seno del PRI apunta en el sentido de la prevalencia de los intereses cortoplacistas, de uno o varios grupos, por encima del legítimo interés nacional. En estos días se publica en los medios que el grupo priista que hegemoniza a la bancada de ese partido en la Cámara baja, estrechamente vinculado al gobernador del Estado de México, además de que pone obstáculos y reticencias a la minuta, aprobada en el Senado con todo el peso de la bancada del PRI, pone una condición adicional: que se apruebe también la llamada “cláusula de gobernabilidad”, que le permita a un partido o coalición, con 35 por ciento de los votos, alzarse con la mayoría de la Cámara de Diputados y regresar a los tiempos en que el Congreso era una simple caja de resonancia del Ejecutivo. En estas condiciones, todo parece indicar que la reforma política va a correr la suerte de la reforma fiscal que, más allá de sus méritos intrínsecos, fue bloqueada por el PRI en la Cámara baja, por la razón fundamental de que había sido promovida por el PRI… en el Senado. En lo que respecta a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, las cosas no parecen ir mejor. Dos cuestiones pertinentes había añadido el Senado a esta iniciativa: que los operativos deberían realizarse respetando los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, y que si durante los mismos se incurría en violaciones a los derechos de civiles, aquéllas deberían ser juzgados por los tribunales civiles. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, en la minuta del Senado se añadieron otros elementos que ya no eran tan plausibles, como someter la decisión de declarar “el estado de afectación grave a la seguridad interior” a la consideración de alcaldes y gobernadores (que podrían estar interesados en no hacerlo, en caso de mantener relaciones de complicidad con el narco), y lo peor, que las tropas estarían bajo el mando de autoridades civiles, lo cual contradice el concepto constitucional del presidente de la República como “comandante supremo”. En la Cámara de Diputados se corrigieron estos entuertos, pero al parecer se mantiene una diferencia de principio: si para declarar el estado de afectación a la seguridad interior se requieren tantos requisitos como los que establece el artículo 29 constitucional para declarar la suspensión de garantías, o hay que hacerse cargo de una situación que en muchos lugares del país ya se volvió lamentablemente cotidiana y por tanto que hay que combatirla con instrumentos menos complejos y más ejecutivos, respetando en todo momento los derechos humanos. Finalmente, la indefinición deja en el aire lo que la iniciativa buscaba resolver: dar certeza jurídica y reglamentar la intervención de las fuerzas armadas en el combate cotidiano a la delincuencia organizada. En el Senado ya se levantan voces del PRI y del PRD señalando que, en el estado actual de la revisión de la minuta, se camina hacia un régimen policiaco-militar, lo cual no deja de ser una exageración que tampoco es gratuita, sino que tiene miga política. El otro tema candente es el del nombramiento de los tres consejeros del IFE que están pendientes. El PRI no da señas de moverse de la posición de que tiene derecho a nominar a dos de los tres consejeros, mientras que los demás partidos grandes le recuerdan la traumática experiencia de haber dejado fuera al PRD en la elección del Consejo General en 2003. Una salida podría ser que se agote el proceso establecido en la Constitución y en la ley reglamentaria para la elección de los consejeros, es decir, llevar al pleno la lista de los 17 candidatos aprobados por la Comisión de Gobernación, para intentar construir ternas que, al no obtener presumiblemente la mayoría calificada, haga necesario declarar desierto el proceso y buscar las vías legales para reponerlo. Así, no veo razones para el optimismo sobre la suerte de estas importantes reformas. Aunque debo decir que nada me gustaría más que estar equivocado, y que hoy o mañana se anuncie un periodo extraordinario de sesiones para darle trámite, respectivamente, a las minutas aprobadas en cada cámara.(Milenio)

Reforma

  • Carlos Ramírez.  Una reforma política crinolina. No instauración de democracia. Si los países que transitaron de un gobierno autoritario a la democracia basaron su modelo en el concepto de “reforma política”, en México se usa esa fórmula verbal como coartada. La transición se alcanzó en el 2000. Y más que una reforma política, el agotamiento del sistema político priista exige la instauración de la democracia. De las reformas del último medio siglo, sólo tres tuvieron incidencia en aspectos centrales de modernización del sistema: los diputados de partido en 1964, la legalización del Partido Comunista Mexicano en 1978 y la ciudadanización del IFE en 1996. Con ellas se modificó la estructura de representación política, el sistema de partidos y el sufragio efectivo. La reforma política que impulsó el PRI en el Senado y que podría naufragar en la bancada del PRI en la Cámara de Diputados se quedó en pequeñas reformas que en conjunto no alcanzan a modificar la estructura vigente pero inservible del sistema político priista. El problema debe enfocarse no en función de las posibilidades de las mismas decisiones sino en relación con las necesidades de reorganización del sistema político. Luego de la alternancia partidista en la presidencia de la República en el 2000, el país necesitaba la reorganización de cuando menos cinco temas centrales: forma de gobierno, modelo de representación, Estado constitucional de derecho, reforma electoral y sistema de partidos. Pero las iniciativas de reforma política del presidente Calderón, el PAN, el PRI, el PVEM y PRD-PT-Convergencia tocaron algunas partes de los cinco temas y ninguna le entró a fondo a la integralidad de la reestructuración. El problema de la reforma política que aprobó el Senado radica en el hecho de que atiende a algunas partes del sistema pero sus resultados prácticos serán ineficaces por la persistencia de viejos vicios. Las limitaciones fueron de origen: las reformas se pactaron en función de los intereses de grupos y partidos y no en función de la necesidad de agotamiento de la totalidad del viejo régimen priista. El punto central de la reforma política necesaria en México radica justamente en su pivote central: las concesiones o la alternancia. El modelo de construcción democrática sigue siendo España. La muerte de Franco llevó a decisiones en tres puntos neurálgicos: la reforma electoral para regresarle la soberanía al pueblo vía el voto con un sistema de elecciones sin interferencias partidistas, los Pactos de la Moncloa para rediseñar el modelo de desarrollo y la nueva Constitución para plasmar el pacto social y político. Puede haber más o menos diputados plurinominales, se requiere el replanteamiento del sistema de representación política, el asunto de la agilidad legislativa es de procedimiento y no de contenido, la ratificación en el Senado de nombramientos sólo va a enredar más las relaciones entre poderes y no garantizará la funcionalidad de los organismos, la presentación de iniciativas ciudadanas congestionará las actividades del legislativo y las candidaturas ciudadanas serán enredadas de administrar y no modificarán la dictadura de los partidos, sino responderán a las ambiciones de quienes quieren competir por la libre. Estas decisiones no cambian el funcionamiento del sistema político ni del régimen de gobierno ni garantizan los procesos electorales ahora operados por un IFE dominado por mezquindades y la partidocracia. La verdadera reforma política para la instauración de la democracia -esa democracia que no existió en el reinado priista, que tampoco se alcanzó en el docenato panista y que era el paso necesario después de la alternancia del 2000- sería la que se preocupara por reglas, procedimientos y garantías de equidad en la participación ciudadana en los procesos políticos. En uno de los estudios más sólidos sobre la nueva democracia, La poliarquía, el politólogo Robert Dahl enumera ocho requisitos para considerar democrático a un sistema y régimen: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, elegibilidad para el servicio público, derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, diversidad en las fuentes de información, elecciones libres a imparciales e instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos. Las dos coordenadas de la democracia son la representación-participación y la competición-oposición. Una democracia instaurada requiere la existencia de todos los requisitos. Y en México siguen operando las restricciones del viejo régimen priista. El teórico de las transiciones Leonardo Morlino, establece en Democracia y democratizaciones las fases de la democratización: transición de un régimen autoritario a uno democrático, instauración de la democracia y consolidación de la democracia. Morlino sugiere considerar “una buena democracia o bien una democracia de calidad como aquel ordenamiento institucional estable que mediante instituciones y mecanismos que funcionan correctamente realiza la libertad y la igualdad del ciudadano”. Morlino establece los puntos centrales de una democracia de a deveras: respeto a la ley, rendición de cuentas, capacidad de respuesta ante las exigencias ciudadanas, respeto pleno a los derechos y la ampliación a más derechos y la igualdad económica, política y social. Los avances mexicanos en algunos de estos puntos han sido magros e insuficientes. Por tanto, los resultados de las “reformas políticas” no sólo no han contribuido a instaurar una verdadera democracia sino que en su apariencia incluyen en realidad mecanismos de regresión política e institucional. El columnista Manuel Buendía aplicó el concepto de reformas crinolina a las que parecían una estructura metálica para ampliar la falda de las mujeres y no tocarles las piernas. La reforma política del Senado es una reforma crinolina. Pero cada reforma limitada o frustrada implica un aumento de la tensión política y propicia la restauración del viejo régimen priista.  (Financiero)

Irresponsabilidad

  • Carlos Elizondo. Irresponsabilidad política. Por el brutal asesinato de siete jóvenes en Morelos, los diputados locales del PRI pidieron juicio político contra el gobernador panista. Tienen razón. Los jefes de policías corruptos o incompetentes deben pagar un costo político por fallar en sus responsabilidades, aunque a estos diputados sólo les preocupa el gobernador del PAN y no el presidente municipal de Cuernavaca del PRI. Importa atacar al enemigo, no enfrentar el problema de seguridad. En Tamaulipas o en Durango donde el horror es mucho mayor no parece haber responsables políticos por los mas de 250 cadáveres aparecidos en fosas clandestinas. Los priístas no han pedido juicio político contra sus gobernadores, aunque están evidentemente rebasados. En este caso ni marchas de la sociedad civil se han organizado. Los muertos son ciudadanos del montón. No sólo la dimensión de la tragedia es mucho mayor en Tamaulipas y en Durango que en Morelos, sino que los cadáveres aparecidos en las fosas se fueron perdiendo poco a poco, pero la autoridad nada hacía Las denuncias de los familiares de los desaparecidos no fueron atendidas y los dueños de las empresas de autobuses preferían no denunciar los secuestros de sus pasajeros. Tampoco ha pasado nada por esta criminal omisión. Los medios de comunicación no suelen asignar responsabilidades. Por ejemplo, reportan la colusión de la policía en Reynosa con el crimen organizado, pero no sabemos quién es el presidente municipal de esa ciudad. Mucho menos lo suelen entrevistar. El presidente Calderón ha cargado con buena parte del costo de la violencia creciente que vivimos. Asumió como propia la bandera de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, por lo que ahora no le es fácil compartir responsabilidades con otros niveles de gobierno que en muchos estados no quisieron asumir los costos que implicaba desafiar a las organizaciones criminales. El Presidente difícilmente podía no hacer nada ante mafias criminales cada vez más poderosas y que tenían en jaque a más de un gobernador. La intervención militar en Michoacán fue por petición expresa del entonces gobernador Lázaro Cárdenas. Sin embargo, no parece haber prioridades en esta lucha y no existe una coordinación eficaz de las distintas agencias federales. Pero el problema de la violencia no lo puede resolver el gobierno federal por sí mismo. Las policías locales son parte del origen del problema y deben ser el principio de la solución. Si bien la política federal en materia de seguridad es una, la violencia es muy distinta a lo largo del país, desde la tranquilidad de Yucatán al infierno de Tamaulipas. Si la pobreza explicara la violencia, el estado fronterizo con más problemas sería Chiapas y Nuevo León sería de las entidades más seguras. Si el gobierno federal fuera el único culpable del problema, no tendría que haber mayor diferencia entre la relativa mejora de Tijuana y el horror creciente de Ciudad Juárez. Hay estados casi sin fuerza pública estatal. En Nuevo León hay menos de mil elementos. En otros, además de que son pocos están concentrados en el cuidado de políticos y empresarios notables, como en Quintana Roo, donde al menos 300 policías estatales cumplen esa tarea, incluida la protección de funcionarios que ya dejaron sus responsabilidades. El grueso de los gobernadores no quiere un mando único federal, por lo que han frenado la reforma del presidente Calderón que busca una policía nacional, pero tampoco quieren hacerse responsables del desastre. Se están saliendo con la suya. La ciudadanía no les está cobrando a los gobiernos locales la violencia creciente. En Chihuahua ganó nuevamente el PRI en el 2010 tanto la gubernatura como la presidencia de Ciudad Juárez. La estrategia de poner militares como titulares de las secretarías de Seguridad Pública no ha funcionado. En el mejor de los casos son severos y honestos, pero ser policía es un trabajo más sutil, que la labor militar. Hay que construir policías efectivas. No se trata dé hacer policías a los militares. Si el problema fueran las políticas del gobierno federal, bastaría retirar a las fuerzas federales. Que lo pida quien así lo desee, pero es fácil imaginar el desenlace, amén de tenerse que hacer responsables de los problemas de seguridad de su entidad. Por años pensamos que el narcotráfico y el crimen organizado eran un problema de Estados Unidos, ahora creemos que es sólo del Presidente. Ya es hora de ver que es responsabilidad de todos. (Reforma)

 

Vergüenza / Guerra

  • Ricardo Alemán. La vergüenza. Nadie, ningún ciudadano en su sano juicio, puede permanecer indiferente a las recientes cifras de la industria de matar. Nos referimos a los hallazgos de más de un centenar de fosas clandestinas, en cinco entidades del país, en las que en unos cuantos meses se han encontrado más de 600 cuerpos de personas masacradas por bandas criminales. ¿Cómo entender, sin sentir vergüenza, que ante la indiferencia social y la miopía oficial, grupos criminales hayan cavado más de cien fosas, en las que sepultaron a más de 600 personas, a las que antes mataron sin piedad? ¿Cómo se le llama, o cómo debe llamársele, al exterminio selectivo de personas, a manos criminales? Un seguimiento básico de los asesinatos ocultados en fosas clandestinas en los estados de Tamaulipas, Durango, Guerrero, Chihuahua y Nuevo León reporta que, en los más recientes 12 meses, se cavaron 110 fosas clandestinas, en las que fueron sepultados 646 cuerpos de personas asesinadas por negarse a la extorsión —de la modalidad que sea— o por resistirse a ser parte de las bandas criminales. En Tamaulipas se habían descubierto —hasta la tarde de ayer— los cuerpos de 183 personas sepultadas en 40 fosas clandestinas. A esa cifra se deben agregar los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos que hace casi un año fueron hallados antes de que los sepultaran. En Durango se han encontrado diez fosas clandestinas y se han rescatado 96 cuerpos. En Guerrero se han detectado diez fosas y fueron rescatados 123 cuerpos. En Chihuahua han sido  descubiertas 34 fosas y rescataron 95 cuerpos. Y en Nuevo León el número de fosas es de 16, de las que se han rescatado 77 cuerpos. ¿Cómo entender el tamaño de la tragedia que viven cientos o miles de familias que han visto desaparecer —como de la nada— a un ser querido? ¿Dónde están los padres, hermanos, esposos, hijos, parientes cercanos, de esos 646 cuerpos enviados a la fosa clandestina por las bandas criminales? ¿Hasta dónde llega el tamaño de esa tragedia; cuántos cuerpos más están en fosas clandestinas y desde cuándo? La tragedia es de tal magnitud y el horror de tal tamaño que ya es difícil encontrar palabras para calificar la creciente violencia, el nivel de crueldad empleado, el escaso valor que tiene la vida para los grupos criminales… Pero, sobre todo, es evidente que los ciudadanos empiezan a ver las expresiones de violencia extrema como lugares comunes. Hace meses, la sociedad en general se estremeció por la masacre de jóvenes en Salvárcar, Ciudad Juárez, pero hoy ya nadie se asusta por lo recurrente de los ataques criminales a reuniones o festejos juveniles. Hace un año, todo el mundo se escandalizó a causa  del hallazgo macabro de 72 cuerpos de centroamericanos asesinados en San Fernando, Tamaulipas. Hoy, a pocos asusta que se han localizado 183 cuerpos de personas masacradas y enviadas a fosas clandestinas; que la policía ha liberado a poco más de un centenar de secuestrados que, por fortuna, se mantenían con vida, también en Tamaulipas. Hace meses, era noticia de espanto que mes a mes se incrementaba el número de muertos en la guerra contra el crimen, pero hoy ese mismo recuento dejó de ser noticioso, porque buena parte de los ciudadanos han convertido en cotidiana la estadística del crimen. Lo curioso del asunto es que, ante la aparente o real indiferencia ciudadana frente a las tragedias del crimen y la violencia, entre los propios ciudadanos se eleva la percepción de que la mayor responsabilidad de la violencia y el crimen está en el poder presidencial, en el gobierno de Felipe Calderón. Al tiempo que se aproxima el fin del sexenio del segundo gobierno azul, son más los ciudadanos que creen que el principal responsable de esas masacres y de esa violencia se llama Felipe Calderón. Y, en efecto, el gobierno federal tiene gran parte de la responsabilidad en la proliferación de la violencia y el crimen; en su escasa capacidad para enfrentar con eficacia esos flagelos. Pero también es cierto que la misma responsabilidad recae en los gobiernos estatales y los municipales, en los gobernadores y los alcaldes. Pero resulta que pocos ciudadanos se atreven a culpar a los gobernadores, sean del PRI, el PAN o el PRD, y no se diga a los alcaldes. Pero aún más vergonzoso es el hecho de que pocos ciudadanos aceptan una corresponsabilidad —aunque  sea menor— en el crimen y la violencia; sea por corrupción, compra desenfrenada de piratería y, no se diga, la responsabilidad en el consumo creciente de drogas, en todos los estratos sociales. Es la vergüenza. ¿O no? (Excélsior)

 

 

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