Síntesis Política de Imagen Política

Finanzas, Negocios /Energía

  • Directorio evalúa hoy a Lagarde y Carstens
  • Tenencia de extranjeros en Cetes declinó 27%
  • Uniones de crédito “vuelven a Nafinsa”
  • Prevén estabilidad en el mercado petrolero
  • Concamin y CRE mantienen diferendo por roll-in
  • Posadas reconoce que explora opciones de venta
  • Telmex propone una televisión “diferente”
  • Repunte maquilador jala a industria restaurantera
  • TLC con Perú pondría en riesgo al sector agropecuario

 

Seguridad /Justicia / Salud

  • Prevalece opacidad en PGR; falta información: diputados
  • AI exige esclarecer desaparición de indocumentados
  • Afectan a miles inundaciones en Ecatepec y Neza
  • Granadazos a sede judicial en Veracruz
 

 

 

 

Gobierno / Partidos / Congreso /  Estados

  • En AN no se ve un candidato competitivo: FCH
  • Demanda Creel adelantar la interna albiazul
  • No reconoceré cualquier resultado: Bravo Mena
  • Ajusta IFE pautas para 39.2 millones de espots
  • Da FCH luz verde a renuncias por campaña

 

 

                                                                    TITULARES DEL DÍA
Financiero Oportunidad única para mantener a Grecia de pie
Economista Europa prepara un Plan para Grecia
Reforma Pierde México fuerza industrial
Universal Crecen narcoataques contra agentes de EU
Jornada Indaga la PGR el plagio en Veracruz de 80 migrantes
Milenio Peña Nieto no es un peligro para México: Calderón
Excélsior IFE presiona a radio y TV con los spots
Sol de México Rechazo mundial a censura del IFE
Crónica El IFE insta a la CIRT a  difundir spots en 2012
La Razón Para 2012, a partidos 39.2 millones de spots… de gorra
Impacto ‘Aspirantes del PAN pueden renunciar’

 

  • Utilizaron armas de policías para matar a Rodolfo Torre Cantú, revela Calderón. Dos de las armas usadas en el asesinato el año pasado del candidato al gobierno del estado mexicano de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú pertenecían a corporaciones policiacas, reveló el presidente Felipe Calderón. En una entrevista radiofónica con el periodista Jorge Fernández, de grupo Imagen, Calderón dio a conocer detalles de las investigaciones de la Fiscalía sobre el atentado contra Torre Cantú, el diputado Enrique Blackmore y dos de sus escoltas. “Dentro de las evidencias que se han localizado, son armas que fueron utilizadas en el homicidio de Rodolfo Torre, una de esas armas por ejemplo estaba registrada a nombre de la Policía Estatal y asignada a un municipio (…) y la otra era una de la Policía Municipal de Reynosa”, reveló Calderón. Aclaró que una de esas armas ya tenía reporte de robo desde hace tiempo. También dijo que en la investigación “falta mucho por recorrer en el esclarecimiento del crimen”, pero lo revelado hasta ahora “es una muestra muy clara de cómo están las cosas allá” en Tamaulipas, un estado sacudido por la violencia del narcotráfico. El mandatario mexicano señaló que este homicidio ha sido el más delicado en términos políticos de su Gobierno. Al crimen organizado se atribuye la muerte de más de una docena de alcaldes de distintas regiones del país, así como el asesinato y descuartizamiento de dos escoltas del gobernador Rodrigo Medina, de Nuevo León, estado vecino de Tamaulipas. Torre Cantú, candidato de la alianza “Todos Tamaulipas” por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado hace un año en una emboscada junto a sus escoltas y un diputado local que lo acompañaba.(Excélsior)

 

 

Campañas

  • Jorge Alcocer. Campañas, S.A. La compra y coacción del voto es ya una industria; nefasta condición estructural del sistema político. Cuando el próximo domingo por la noche se den a conocer las tendencias del resultado de la votación para gobernador en Coahuila, México y Nayarit, o de alcaldes en Hidalgo, un partido iniciará el festejo, otros denunciarán inequidades y anticiparán litigios, pero todos habrán perdido, y con ellos el electorado en su conjunto. Lo que hemos presenciado en los procesos electorales locales que ahora llegan a término es la generalización y profundización de una forma de hacer campaña que significa no solo un retroceso, sino una nefasta condición, que parece haber devenido en estructural dentro del sistema político. Es generalizado el reparto, entre los electores de escasos recursos, de todo tipo de bienes, así como el pago en efectivo para contratar la asistencia a los eventos o para comprar el voto De la torta y el refresco se ha pasado al kit para el acarreado; pero lo mejor viene después: la entrega de las despensas y el reparto de materiales para construcción o incluso de electrodomésticos o bicicletas. No se trata de conductas aisladas, de hechos fortuitos, sino de una forma profesional y sistemática de hacer campaña, practicada por todos los partidos. El reparto de dinero se ha multiplicado hasta generar una nueva industria: la renta de personas y la compraventa de votos, actividades que organizan, en forma profesional y pagada, los llamados “operadores” de cada partido. Al amparo del desempleo y la carencia de oportunidades, los líderes de colonias populares o precarias son contactados por los promotores del voto, que a su vez dependen de los operadores profesionales de los partidos, que a su vez se conectan con las oficinas y operadores políticos del gobierno de que se trate; es una red en forma de pirámide que cubre de la punta del poder a la base de la sociedad. Los servicios tienen tarifa y precio, que combinan tiempo, distancia y otros bienes que se entregarán a los “movilizados”; el volumen es factor que cuenta al hacer las cuentas. No es lo mismo negociar 100 asistentes a un pequeño evento, que discutir de 4 o 5 mil, y si el contrato incluye el voto, pues entonces las condiciones de pago y los precios se modifican. A la operación profesional de acarreo de personas y compra del voto se añade la conexión con los programas sociales de cada nivel de gobierno, y al parecer todos entran en el esquema. Los padrones de beneficiarios son la materia prima para elaborar los listados de potenciales votantes, a los que operadores y promotores deben pasar a la categoría de votos asegurados. La conversión de recursos públicos en votos se realiza en todos los niveles, desde el municipio hasta las secretarías de Estado, pasando por las delegaciones, las del gobierno federal y las del DF; los palacios de los gobiernos estatales y el viejo palacio del ayuntamiento de la ciudad capital. La Constitución establece la obligación de imparcialidad de los servidores públicos ante las contiendas electorales; pero al empleado o trabajador, de base o de mando medio, que no coopera con el partido del gobierno en turno, es casi seguro que ”le darán cuello”. Es sabido que en los gobiernos estatales y municipales, como en el del DF y las delegaciones, la afiliación en grupo y el pago obligado de cuotas son cosa de todos los días. El día anterior y el de la jornada electoral muchos empleados públicos tendrán que trabajar para hacer méritos en campaña. Si esto está pasando es porque el PAN y el PRD llevan más de una década imitando y perfeccionando la vieja forma de hacer campañas; porque han hecho suyo y amplificado lo que por lustros criticaron. Porque el PRI aportó más al combate de esas prácticas cuando estaba en el poder que en los años que lleva como partido opositor. Porque ahora todos los partidos admiten como válido y natural lo que antes criticaron. Lo que hemos vivido y estamos viendo es el resultado de una postalternancia primero idealizada y luego desbarrancada. No se trata solo de la repetición de viejas prácticas, de un retroceso, sino de un salto de calidad en la deformación de nuestra precaria democracia electoral. La compra y coacción del voto ha sido convertida en una industria, en una actividad profesional, cada vez más lucrativa. Campañas, S.A. debería ser el nombre las secretarías de asuntos electorales de los partidos. (Reforma)

Transa

  • Ricardo Alemán. Todos en la transa. La mayoría de los estudiosos de los procesos electorales sostienen que el regreso del PRI a la senda del triunfo será el signo distintivo del controvertido paquete electoral de 2011, que incluye el cambio de gobierno en el Estado de México y en los de Nayarit y Coahuila y la renovación de alcaldías en Hidalgo. En efecto, los especialistas de la cosa electoral podrían tener razón, de no ser porque, en las cuatro elecciones que veremos el domingo próximo, lo verdaderamente significativo no será el triunfo del PRI, sino una derrota histórica y cultural del PAN y el PRD. Pero, vamos por partes. ¿Por qué razón hoy es más importante la derrota electoral del PAN y del PRD que el triunfo y el potencial regreso del PRI al poder presidencial? Por razones elementales. Porque el PAN y el PRD nacieron como partidos ciudadanos que, desde su origen, se propusieron la derrota electoral de la poderosa maquinaria electoral del PRI. Porque, a lo largo de décadas, la derecha y la izquierda partidistas pregonaron que eran alternativa al PRI corrupto, nada democrático, autoritario, clientelar, despótico y productor de camadas de ricos sexenales. Y porque resulta que a la vuelta de los más de 60 años de historia del PAN y de los más de 20 años de edad del PRD, tanto azules como amarillos se han convertido en las más vergonzosas copias del PRI. Es decir, que apenas en una década del PAN en el poder presidencial, y en apenas 14 años del PRD en el poder en la capital del país —y en por lo menos ese mismo tiempo de gobiernos estatales de azules y amarillos—, panistas y perredistas fueron atacados por el Síndrome de Estocolmo. ¿Y qué quiere decir eso? Poca cosa, que los azules y los amarillos se enamoraron de su captor: del partido  al que —según los fundadores del PAN y los del PRD— debieron combatir. Y si cuesta trabajo aceptar la anterior metáfora —la que acuñamos aquí en 2001—, es posible ver el fenómeno desde otro ángulo. Resulta que el PRI es una maquinaria tan perfecta que, en los últimos 20 años, se dedicó a colonizar al PAN y al PRD, con cuadros, ideología, mañas, mafias, malos modales y peores prácticas, hasta convertir a azules y amarillos en partidos y gobiernos peores que el PRI. Pero la historia del regreso del PRI al poder presidencial no comenzó en 2011 y tampoco en el Estado de México. No, esa historia empezó cuando, desesperados, el PAN y el PRD decidieron parar al PRI a costa de lo que fuera, incluidos pactos electorales en estados como Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Guerrero, entre otros. ¿Qué significa que partidos antagónicos y contrarios históricos, como la izquierda y la derecha mexicanas, decidieran sumar fuerzas contra el PRI? Aquí y en China esas alianzas son mucho más que una vergonzosa derrota electoral; son una derrota cultural. ¿Por qué? Porque la cultura que pregonaron de los opositores al PRI; la cultura de legalidad, democracia, transparencia, rectitud, honestidad y verdad, nunca fueron realidad en los gobiernos del PAN y el PRD; nunca fueron parte sustancial de los dirigentes y los políticos surgidos de los partidos azul y amarillo. En cambio, el PAN y el PRD adoptaron las peores prácticas del PRI. Por eso, es de risa que hoy Alejandro Encinas grite, a seis días de la elección mexiquense, que solicitará la anulación del proceso electoral debido al cochinero y a la parcialidad del árbitro de la contienda y debido al “excesivo gasto de campaña”. Es de risa que cuando Encinas sabe que será derrotado por más de 30 puntos de diferencia por el PRI, pretenda reventar y descalificar la elección. Y es que un político que no sabe perder, no es un demócrata; es un déspota y autoritario, como la mayoría de los priistas. ¿Por qué es de risa la actitud de Encinas? Porque esa elección, con todas sus fallas, excesos y dificultades, fue avalada en sus reglas y logística por todos los partidos, incluido el PRD. ¿Y por qué nadie del partido amarillo impugnó las reglas, la integración del IEEM, todo el diseño del proceso? ¿Por qué creen? La respuesta la saben todos, sobre todo Encinas. Porque el PRD mexiquense es uno de los partidos estatales más corruptos. ¿Por qué creen que nadie del PRD, el PT y Convergencia se lanzó contra Arturo Montiel y contra Enrique Peña Nieto? Porque igual que el PAN estatal, los partidos de la llamada izquierda mexicana son parte del cochinero y la corrupción. Es decir, todos son parte de la transa. Por eso es de risas que Encinas denuncie una transa en el Estado de México, cuando todos están embarrados en la transa. Al tiempo. (Excélsior)

Terminator / Frankenstein

  • Jorge Fernández. El IFE, entre HAL 9000 y Terminator. Lo que está haciendo el Instituto Federal Electoral en materia de medios y de regulaciones relacionadas con ellos es de una insensatez meridiana. Lo que ocurre con el IFE me recuerda a la película 2001 Odisea del espacio y la inolvidable voz de la computadora HAL 9000 (o si se quiere la mucho más popular Terminator): las computadoras y las máquinas han sido tan perfeccionadas por los seres humanos que terminan teniendo vida propia e intentan construir su propia civilización destruyendo a la humana. El IFE fue construido durante años, perfeccionado y se le han ido dando tantas atribuciones que ahora cree que está por encima de las otras instituciones del Estado, pero también de libertades y derechos y de empresas, ciudadanos e incluso partidos. Todo se quiere reglamentar, todo se quiere establecer de acuerdo con pautas y con una visión tan estrecha que lo que harán será vulnerar gravemente el proceso electoral que dicen intentar proteger. La reforma de 2007, que tuvo algunos aciertos y muchos capítulos, sobre todo los relacionados con medios y difusión, francamente catastróficos, logró lo que decía que quería evitar: la spotización absoluta de la política. En 2009 no hubo debate alguno, pero hubo más spots que nunca en un proceso electoral en radio y televisión, con leyes confusas y de compleja aplicación. Se llegó al ridículo de que el IFE fue incapaz de monitorear lo que sucedía, por la sencilla razón de que eso es imposible como están las cosas. En 2012 habrá más spots, pero el IFE quiere que el tiempo de rotación y de entrega sea aún más corto, que en horas un partido decida cambiar un spot, lo entregue al IFE, éste lo envíe a los medios y los medios deban cambiar programación, espacios, tiempos, para cumplir con la publicidad del partido en turno. Pero, además, esa propaganda se fragmenta por todos y cada uno de los candidatos de cada partido, no sólo los presidenciales, sino también los aspirantes a senadores y diputados; en el DF, a asambleístas y, en los estados donde habrá otros comicios, a todos los cargos de elección popular en disputa. Y todo eso se divide en circunscripciones, estados, regiones. Y así se debe operar todo el sistema. Por supuesto, todo esto gratuito: los medios no pueden cobrar ni un peso ni por espacios ni por la estructura que deben desarrollar para cumplir con estas normas tan peculiares. Como ha dicho la CIRT, ninguna central de medios en el mundo funciona así, ninguna elección en el orbe tiene este sistema kafkiano de difusión. Hay quienes dicen en el IFE que esto es necesario para frenar la publicidad disfrazada en los medios. Puede ser, pero lo cierto es que los  partidos aprobaron (y que en muchos casos no han reglamentado porque saben que no hay forma de hacerlo) un mecanismo inútil que no sirve para un proceso electoral contemporáneo y son los partidos y sus candidatos los que están buscando cualquier espacio, por pequeño que sea, para impulsar la publicidad que supuestamente no quieren que exista. El problema de fondo es que la legislación y la forma de aplicarla va contra la naturaleza propia de las elecciones. La reforma sirvió para poco, aunque en el camino el IFE haya perdido buena parte de su legitimidad cuando asistió en silencio a su descabezamiento y pérdida de autonomía respecto a los partidos, misma que ahora se refleja en la ausencia de tres consejeros que tendrían que haber sido designados desde noviembre pasado. Pero la cereza del pastel es la aún pendiente reglamentación del derecho de réplica. Lo que se está planteando en el proyecto de los consejeros Figueroa y Nacif es simplemente de locos, digno de quienes no tienen la menor idea de lo que es trabajar en un medio de comunicación ni tampoco para qué sirven los medios. Si cada vez que se opine, se informe o se critique a un candidato o partido y éstos consideren que esa opinión, información o crítica es infundada, se le deberá abrir obligatoriamente un espacio, lo que tendremos será el show del candidato. Cada espacio estará infestado de aspirantes que consideran vulnerados sus derechos. En ninguna democracia el derecho de réplica se aplica de una forma tan ligera como lo pretenden los consejeros del IFE. No se puede partir simplemente de que cualquier candidato se “sienta” vulnerado en sus derechos, sino de hechos objetivos, de datos duros, de calumnias, definidas ya legalmente como tales. Si un comunicador o un medio no puede tener la libertad para opinar a favor o en contra de un candidato, si no puede exhibir los logros y sobre todo las miserias de otros, ¿para qué se hace periodismo?, ¿en qué quieren convertir a los medios los miembros del IFE?, ¿en una suerte de oficialía de partes entre los partidos? Pues si creen eso, que lo hagan otros. Los medios y los comunicadores serios, o quienes así nos consideramos, estamos para informar, cuestionar, opinar, denunciar. Si al IFE no le gusta, es su problema. (Excélsior)
  • José Cárdenas. El IFE, nuevo Frankenstein. Mary Shelley logró algo prodigioso con el personaje de su libro. Lo hace humanamente consciente de su propia monstruosidad. La criatura del doctor Frankenstein sufre cuando se mira en el espejo. Se da cuenta de su ser fallido y contrahecho. Resulta una grotesca aberración, fruto de un experimento que reta las leyes humanas de la vida. También las divinas. Algo así podría sucederle a Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE: darse cuenta de su fallido experimento por no escuchar otras voces que no sean las de los partidos y sus mandamientos absurdos. ¿Qué pretende el IFE? Este jueves, el Consejo General, cojo porque le faltan tres patas, tratará de autofacultarse para censurar “espacios noticiosos, artículos, editoriales, columnas, reportajes, entrevistas, crónicas, debates…”, cuando los candidatos o precandidatos se sientan indebidamente aludidos por los medios de comunicación. El IFE pretende exigir espacios de réplica hasta por tres veces la extensión de la supuesta falta de origen. En caso de incumplimiento, podrá sancionar al medio de comunicación, sin mengua de iniciar un nuevo procedimiento para castigarlo por desacato. El presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, Tristán Canales, lo puso en estos términos: “Se está creando un organismo inquisidor, falto de transparencia, dispuesto a dar madruguetes y a chicanear funciones legislativas que no le corresponden”. El consejero Alfredo Figueroa replica: “En México hay instituciones públicas que se eligen a través del voto” y “no tienen por qué consultar a nadie para aprobar lineamientos que regulen el derecho de réplica”. En pocas palabras: el IFE se apresta a actuar contra los medios, usurpando facultades del Congreso. Hay otros asuntos delicados que deben ser resueltos antes de que venza, pasado mañana, el plazo legal para modificar las reglas de los próximos comicios presidenciales. Es el caso de la producción de unos 39 millones 200 mil spots con más de 17 mil versiones de mensajes de más de dos mil candidatos. En vez de ser entregados a los concesionarios con cinco días de anticipación, el IFE pretende que se haga sólo 24 horas antes de la transmisión. No queda claro a quién conviene acortar los plazos de entrega. Lo único real es que los medios tendrán dificultades para cumplir en tiempo y forma con la difusión de los mentados spots. En fin. ¿Serán esas las nuevas normas de calidad que anhela el desgastado árbitro electoral? De ser así, el IFE camina como los cangrejos.**** MONJE LOCO. En el tema del derecho de réplica, el consejero presidente del IFE había votado primero por el no. Podrá cambiar otra vez su parecer y asumir la posición contraria, con tal de ganarle al reloj. Se olvida que de la prisa sólo queda el cansancio. Ya se sabe, ya se supo (Excélsior)

Presidente / Calderón

  • Leo Zuckermann. ¿Piedrazos, escopetazos o tiros de francotirador? Javier Sicilia le reclamó al Presidente que se hubiera lanzado a combatir al crimen organizado sin antes haber reformado las instituciones. Calderón le respondió: “Yo no puede decirle a la gente ‘espérenme tantito, voy a hacer primero una reforma política y a reformar a las instituciones’. Tengo que actuar con lo que tengo. Y estoy seguro que usted hubiera hecho exactamente lo mismo que yo. Sabe qué, si estuviera en la posibilidad de evitar un crimen, y no tuviera más que piedras en la mano, lo haría con las piedras, esperando que, por lo menos, tuviera un momento el aliento de David para hacerlo”. Estoy de acuerdo con el Presidente: estaba obligado a actuar en contra del crimen organizado. Pero la decisión no era “actúo o no actúo”. Tenía que hacerlo. La pregunta era cómo. ¿Qué estrategia era la más eficaz? ¿A piedrazos? ¿Esperando un milagro bíblico como el de David contra Goliat? Desde luego que no. Por eso, Calderón inmediatamente agregó: “Así  hay que hacer las cosas en un México que está dolido. Hay que hacerlo con lo que tenemos. Que no es poco lo que tenemos. El Ejército no es poco lo que tenemos”. Efectivamente: no es poco. El Estado contaba con sus Fuerzas Armadas. El problema es que los militares están entrenados para la guerra, no para combatir la criminalidad. Un soldado aprende a matar a su enemigo, no a recabar pruebas, perseguir y capturar a delincuentes, presentarlos ante el Ministerio Público y, en todo este proceso, respetar los derechos humanos. Para eso están las policías. El problema es que Calderón no tenía una policía de verdad para resolver el problema. Tuvo, entonces, que recurrir al Ejército que es la última opción que tiene un Estado. Es muy importante, en este sentido, reconstruir y entender la decisión presidencial de 2006 de mandar las tropas a las calles. ¿Era la única opción? ¿Qué información tenía Calderón en sus manos cuando resolvió el mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, en particular el narcotráfico? ¿Cuáles fueron las órdenes que trasmitió a los secretarios de la Defensa y la Marina? ¿Le presentaron las Fuerzas Armadas una estrategia de cómo actuar? ¿La aprobó el Presidente? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Se cumplieron? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Consultó Calderón su decisión con alguien? ¿Involucró a otros poderes?. Insisto: creo que el Presidente tenía que actuar. La pregunta es si lo hizo de la manera más eficaz con los recursos que tenía disponibles en ese momento. Yo, francamente, cada vez tengo más dudas al respecto. Después de leer los artículos de Fernando Escalante, Eduardo Guerrero y José Merino en Nexos, me queda la impresión de que el Ejército entró a combatir a las mafias a escopetazos: echando bala sin mucha estrategia que digamos. El gobierno obtuvo algunas primeras victorias. Pero luego las cosas se le complicaron. Si bien los escopetazos desestabilizaron a los grandes cárteles y rompieron los endebles equilibrios que existían, acabaron produciendo un ciclo de mucha violencia. La detención y el abatimiento de varios capos propició la fragmentación de los cárteles, lo cual agudizó las diferencias entre ellos y desató una carnicería que todavía no acaba. De ser cierta esta hipótesis de los escopetazos, creo que el gobierno pudo haberlo hecho mejor con tiros de francotirador: con inteligencia y paciencia, escogiendo los blancos que en ese momento estaban agraviando más a la sociedad y evitando reacciones violentas de los involucrados. Pero eso es lo que piensan los académicos y los columnistas desde la comodidad de su escritorio. Los que gobiernan están sujetos a presiones distintas. Sin embargo, en toda democracia es muy importante entender las decisiones de las autoridades, sobre todo cuando se trata de sacar a las tropas de sus cuarteles. De ahí que el Presidente, más allá de justificar por qué utilizó al Ejército, nos deba una explicación detallada de la decisión más trascendental de su sexenio. (Excélsior)
  • Ciro Gómez Leyva. ¿Se va a quedar a vivir en México, presidente Calderón? Le digo al presidente Calderón que al expresar en el Castillo de Chapultepec que el juicio de la historia probablemente sea injusto con él, les dio municiones a sus críticos acérrimos para que se froten las manos pensando en el 2 de diciembre de 2012. Y le pregunto si le da miedo esa fecha. Responde que no: —No, porque tengo la conciencia tranquila. Y mientras tenga la conciencia tranquila por haber hecho lo que debía de hacer, lo demás es irrelevante. —La conciencia tranquila no basta, Presidente. —Seguramente habrá muchas revanchas de carácter político y se agolparán prejuicios y mezquindades. Pero creo que la única ruta era hacer lo que tenías que hacer. —¿Se ve sometido a un juicio por los 40 mil, 50 mil, 60 mil muertos? —Definitivamente, no, aunque es un tema que se usa retórica y recurrentemente. Ese tema proviene de una cultura y de una visión de las cosas, de hace 20, 30 años, cuando el Estado era el que mataba a la gente. Hay que decirlo con toda claridad: los dictadores mataban a la gente, en Sudamérica, Sudáfrica y otros países. Eran asesinos. Y este gobierno, y este régimen, no son asesinos. —¿Se va a quedar a vivir en México al acabar su gestión? —Probablemente. Mis hijos están aquí, en la escuela. Pero es algo que no he decidido y va a depender mucho, efectivamente, de las circunstancias. Va a depender de las condiciones de seguridad a que tienen derecho todos los ex presidentes. Pero también de si hay un ambiente de revancha, de rencor político y de envidia y de intereses, ve tú a saber qué vaya a pasar. Pero evidentemente que esa es mi intención. Si algo me motiva a seguir haciendo lo que hacemos es que, algún día, ¡todos!, tengamos la posibilidad de vivir en paz en México. (Milenio)

Rodolfo Torre / Asesinatos

  • Joaquín López-Dóriga. A un año del crimen. La mañana del lunes 28 de junio del año pasado, a una semana de las elecciones para gobernador en Tamaulipas, el candidato priista, Rodolfo Torre Cantú, fue muerto a tiros en una emboscada cuando se dirigía al aeropuerto de Ciudad Victoria para trasladarse a Matamoros y Valle Hermoso, donde 45 días antes habían ejecutado al candidato del PAN a la alcaldía de ese municipio, Mario Guajardo Varela. Hoy, a un año de distancia, los dos crímenes siguen impunes. El caso de Torre Cantú fue de alto impacto, las elecciones eran al siguiente domingo 4 de julio y el candidato que llevaba una marcada ventaja había sido muerto en una carretera, retrato de la situación que vivía, y vive Tamaulipas, rehén de los cárteles del crimen organizado, con una policía infiltrada y con un vacío de autoridad en amplias zonas controladas por la delincuencia. Este asesinato produjo un choque entre el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, encabezado por Beatriz Paredes, y el gobernador Eugenio Hernández, que rechazó la imposición del centro. Así, ante el cadáver del candidato caído, su hermano Egidio dijo sí y asumió la candidatura del PRI para las elecciones del siguiente domingo, que ganaría ampliamente. Hoy, a un año de distancia, recuerdo las declaraciones de los funcionarios federales y estatales, frases huecas y cajoneras sobre el imperio de la ley, el llegar hasta las últimas consecuencias, las promesas de no dejar impune la muerte y todos los lugares comunes que se repiten como premonición ante hechos consumados, irresolubles e impunes. Hoy se cumple el primer aniversario de aquel crimen y los autores siguen libres. Y los que se comprometieron a resolverlo también. *****Retales. 1. CONFLICTO. El PRD mexiquense ya adelanta el conflicto poselectoral al declarar que no reconocerá el resultado de las elecciones de este domingo. Estamos ante el gran ensayo de lo que será el poselectoral de 2012; 2. RENUNCIAS. No veo a Ernesto Cordero renunciando a la Secretaría de Hacienda antes de la presentación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2012. Lo que sí tengo claro es que en su momento José Antonio Meade, actual titular de la Sener y antes subsecretario de Hacienda, será su sucesor para el tramo final de este gobierno; y 3. FONDO. Mañana por la noche estará resuelta la sucesión en la dirección-gerencia del Fondo Monetario Internacional: la francesa Christine Lagarde asumirá el cargo vacante por el escándalo de su paisano, Dominique Strauss-Khan, recluido en arresto domiciliario en Nueva York por delitos sexuales. Agustín Carstens, por prendas es sin duda el mejor para esa posición, pero no es un tema de capacidades, sino de acta de nacimiento: para dirigir al fondo hay que ser europeo, y Carstens no lo es. (Milenio)
  • Pablo Hiriart. A preparar el Libro Blanco. Hay 35 mil asesinatos relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada, pero nadie sabe dónde están las averiguaciones previas ni mucho menos cómo van las investigaciones. ¿Qué hay con esos miles de muertos? ¿Dónde está la relación de asesinados y el grado de avance en las investigaciones? Lo que hay perdidos no son únicamente papeles, sino la pista de los crímenes cometidos contra 35 mil personas. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República que busque los datos básicos de esos homicidios. La respuesta de la PGR es que no tiene los informes requeridos. En buen romance: no se investigan esos 35 mil asesinatos. Se persigue a criminales, pero a ojo de buen cubero. Supuestamente uno mató a cuarenta, el otro a 120 y así. De acuerdo con el IFAI, el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, informó el pasado 12 de enero que existe una base de datos de homicidios relacionados con la delincuencia organizada. La pregunta es obvia y la respuesta debería ser inmediata: ¿qué estado guardan esos procesos? ¿Cuántos sentenciados hay por cada uno de los homicidios? No hay nada. Por lo menos nada en orden como para hacerlo presentable. Está muy bien que el gobierno combata con toda su fuerza a los criminales. Lo que no está bien es que no haya siquiera un archivo con el expediente de las víctimas. A la actual administración no se le puede olvidar que ya se va. Dentro de poco más de un año habrá que denunciar a los que buscarán venganza por motivos políticos contra la administración saliente. Pero también habrá una fundada inquietud por saber quiénes fueron asesinados, por qué y quiénes los mataron en esta lucha contra (y entre) la delincuencia organizada. ¿No sería mejor aclarar ahora la situación de las investigaciones sobre esos crímenes? Con sentido de responsabilidad, el gobierno del presidente Calderón tendría que ir preparando un Libro Blanco sobre los muertos en esta administración. Ya se van, y no se han dado cuenta. Sus epopeyas policiacas entusiasman a muy pocos, aunque sean necesarias. La encuesta de ayer de Ulises Beltrán en Excélsior indica que el 73 por ciento de la población piensa que las detenciones de capos multiplican la violencia. Se les fue el glamour. Tiempo transcurrido. Lo que hagan va a tener peros. El Presidente y sus colaboradores conservarán su fuerza hasta el último día de mandato. Pero la van a perder de un día para otro. Si no han visto la altura de la ola en que van, más vale que reflexionen y preparen sus cuentas en términos de vidas humanas. Deben hacerlo por las víctimas, por la sociedad y por ellos mismos. (La Razón)

Chapultepec

  • Federico Reyes Heroles. Palabras y razón. El diálogo en Chapultepec ha sido el mejor en su estirpe, incluidos los del EZ y los surgidos en conflictos universitarios. Fue un encuentro que escapó a los riesgos del fútil espectáculo, de la pérdida de autenticidad, de demagogia que inunda el espacio con palabras sin futuro. El encuentro era muy difícil. Las heridas son muchas, la desesperación enorme, las posturas en ocasiones muy enconadas. Y sin embargo, en todo momento, se respiró respeto e incluso cierta cordialidad. Las palabras de Javier Sicilia fueron elocuentes y cuidadas. La tentación poética no le ganó, sus argumentos fueron puntuales e incisivos. No hubo concesiones frente al Presidente: “Está obligado a reconocer que la estrategia ha sido contraproducente. Miles de muertos, una putrefacción cada vez mayor de las instituciones, el crecimiento de los cárteles”. El poeta, encamado en voz ciudadana, mantuvo un tono de exigencia pero no cayó en la trampa de violentar el respeto que se debe a quien representa a las instituciones. Esa popular actitud de irreverencia lo que provoca es la cancelación del diálogo. Ninguna autoridad puede ceder en el respeto a sí mismo, pues más allá de la persona está la investidura Con irreverencias no se llega nunca al fondo. Cuánto han costado al diálogo nacional las afrentas en boca de provocadores. Sicilia lo tiene claro, fue un reclamo suyo durante la marcha Lo que importa es llegar a los argumentos. El orgullo de lanzar improperios es un acto de vanidad. Todos los representantes del movimiento fueron a los hechos, dejaron fuera calificativos inútiles. En Chapultepec los argumentos iban y venían. Fue un acto civilizatorio que deja en ridículo a muchos congresistas y líderes políticos. “Son responsables de haber tratado el problema de la droga no como un asunto de salud pública, sino de seguridad nacional y por lo mismo de haberse lanzado… a una guerra que tiene al país en una emergencia nacional”, lanzó el poeta. Calderón estuvo a la altura, defendió sus posturas: “No dicen nada (de) la violencia inhumana, bestial con la que actúan esos homicidas… en qué proporción son los criminales, los violentos, los responsables de esa violencia”. Y tocó el punto medular: “¿Será cierto que todo es culpa del gobierno? Qué no tendrán nada que ver los criminales. Acaso no cuenta en la violencia la realidad abrumadora del crecimiento del crimen organizado…”. Calderón también argumentó. Se llegó a un punto crucial: la demanda de sacar a las Fuerzas Armadas de las calles: “No parece difícil suponer que al suspender su acción el gobierno, al retrotraer la acción de las Fuerzas Federales… los criminales van a dejar así simplemente, de secuestrar, de extorsionar, de asesinar… de reclutar jóvenes para satisfacer su apetito voraz de controlar territorios y comunidades”. Recordó que en el origen la presencia federal le fue solicitada como resultado de la incapacidad local para controlar el problema Qué cambió en México, se preguntó Calderón, “…pasamos de un modelo de narcotráfico tradicional, que buscaba llevar droga a Estados Unidos, a un modelo de narcomenudeo en el que los delincuentes… buscan también colocar droga entre los jóvenes mexicanos”. Continuó: “El narcotraficante corrompe o intimida a la autoridad para pasar por ahí. El narcomenudista, en cambio, corrompe o intimida a la autoridad para quedarse ahí”. La afirmación obliga a reformular las tesis de trabajo. A diferencia de lo que se decía 24 horas antes en la reunión binacional, el consumo de los mexicanos y por lo tanto el mercado interno se salió de madre, la prevención falló. El narcotraficante busca controlar rutas, el narcomenudista busca un control territorial. Exaltado por momentos, Calderón defendió su postura, no había tiempo que perder, la inacción hubiese sido peor. El contenido simbólico del perdón a las víctimas inocentes fue muy importante. Hoy sabemos que después de los policías municipales y estatales muertos -777-, el segundo rubro es ése, el de las víctimas, 337. Sicilia y su movimiento lograron cambiar las coordenadas del debate. Nunca más sólo autoridades contra bandas. Las víctimas hoy empiezan a ocupar su lugar. Hubo más. Calderón tuvo que escuchar testimonios desgarradores como el de María Elena Magdaleno o el de Julián Le Barón que exhibieron la falta de coordinación y respuesta de las autoridades. Además expresó su disposición a corregir la estrategia y solicitó que le señalaran en qué debía cambiar. Se alejó de una costosa rigidez que ha polarizado a México. Rectificar ennoblece, es además un acto de astucia. Ante consecuencias impredecibles hoy hay mucho que enmendar. Es hora de exigir el espacio y argumentar. El diálogo fue un gran acontecimiento, fue una lección de madurez. Mostró lo mucho que los mexicanos podemos avanzar usando las palabras para decimos y no para engañamos, para juntos razonar y trazar el rumbo. El diálogo rescató a la palabra, provocó argumentos y elevó el rasero nacional. (Reforma)

Diálogo / Poder Judicial / PGR

  • Héctor Aguilar Camín. ¿La verdadera equivocación de Calderón? En su balance del encuentro de Javier Sicilia y el presidente Calderón, Diego Petersen sugiere lo siguiente: Donde Calderón se ha equivocado desde el principio es en vendernos que la guerra es contra el narco. Eso es un error gravísimo, la guerra es por el Estado de Derecho: es contra los narcos, contra los jueces y políticos corruptos, contra la delincuencia organizada y la desorganizada, contra la piratería y los abusos patronales, etcétera. Donde se equivoca Sicilia es en decir que esta guerra no es nuestra. En esta guerra estamos ya metidos hasta el cogote, por eso hay que pelear la otra guerra, la guerra contra la impunidad. Esa guerra sí es de todos. (El Informador, 25/6/11) Un momento revelador de que Diego quizá tiene razón fue cuando, durante el diálogo, Sicilia preguntó al Presidente por qué corrían a los policías corruptos y los echaban a delinquir contra la sociedad. La respuesta de Calderón fue que los policías delincuentes ya estaban delinquiendo contra la sociedad, sólo que bajo el amparo del gobierno, con placas, armas, comunicaciones y fueros que les da el gobierno. Aquí se cruzan las aguas de la ciudadanía y la guerra contra el crimen: lo mínimo que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos cuando acuden a la autoridad es que la autoridad que escucha no sea también la que delinque. Lo que el narcotráfico ha llevado a extremos no vistos de violencia, corrupción de autoridades y desaparición del Estado, es la vieja impunidad mexicana, la vieja corrupción de la justicia y de la aplicación de la ley. El narcotráfico es el catalizador, el problema histórico es la impunidad. En la marea alta del narcotráfico, el crimen se incrustó en los aparatos del Estado y la decisión a tomar fue si había que limpiar o no. El gobierno de Calderón decidió que sí. La pregunta que queda en el aire es si esa guerra debía ser tan violenta como ha sido. Cada vez más gente cree que no, y los análisis numéricos indican que la estrategia seguida multiplicó la violencia (Véase al respecto José Merino y Eduardo Guerrero: “La raíz de la violencia” en Nexos, junio 2011: nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2099329). La pregunta clave ahora es si puede reducirse la violencia, en el entendido de que ninguna estrategia seria contra el crimen que tenemos puede prescindir de la violencia legal del Estado. El tamaño de la violencia que vivimos muestra el potencial de violencia que habíamos acumulado, el tamaño de la capacidad criminal instalada paso a paso, por años, en el gran recipiente hospitalario de la impunidad y la ilegalidad. (Milenio)
  • Carlos Ramírez.  ¿Y el Poder Judicial, cuándo?. Caso Hank, justicia o gracia.  Ante la decisión del crimen organizado de explotar al máximo a su favor los procesos judiciales en su contra, el sistema de impartición de justicia llegó ya a un dilema casi existencial: otorgarle más peso al delito o a la presentación de cargos. En su explicación de los problemas legales para castigar a la delincuencia, el presidente Calderón utilizó, en el diálogo en el Castillo de Chapultepec el pasado jueves 23 de junio, el caso Hank Rhon para plantear el conflicto: el delito de acopio de armas sí existió, pero la juez le otorgó más peso al proceso de arresto y el empresario priista no sólo sigue libre sino que se prepara a ser candidato del PRI al gobierno de Baja California. Se trataría de la ejemplificación contemporánea de un principio jurídico elaborado, dicen, en tiempos de Benito Juárez: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Por alguna razón el sistema de impartición de justicia en casos de delincuencia organizada aplica la justicia y la gracia exigiendo que los operativos de seguridad cumplan escrupulosamente con la ley. Si se aplicara estrictamente la ley en todos los casos vinculados a miembros del crimen organizado, sin duda que todos los detenidos deberían seguir libres, y más cuando el sistema penal es humanista y presupone las bondades de la reinserción. Por lo pronto, algunos detenidos han sido liberados precisamente por la preeminencia del cumplimiento estricto del procedimiento penal, sin matizarlo con el tamaño del delito. Un juez liberó recientemente a detenidos en un operativo militar cuando detectó que la declaración primera de los soldados que realizaron la captura difería de una segunda declaración; y no fueron diferencias sustanciales, sino de matiz, pero fue suficiente para desechar el arresto. Basta un detalle para desmoronar casos, a pesar de la probatoria del grado de criminalidad de algunos detenidos. El razonamiento del caso Hank Rhon le pasó el balón de la inseguridad al Poder Judicial. La respuesta llegó casi de inmediato con un boletín de prensa de la Suprema Corte de Justicia al aceptar un “acercamiento” con las organizaciones del movimiento por la paz. Pero en ese mismo boletín, la Corte reafirmó su compromiso con la “justicia imparcial”. El problema de fondo se percibe en la existencia de dos dimensiones: la del procesamiento del delito y la de la calificación del delito y la sentencia. En el viejo régimen priista el sistema de justicia dependía de los intereses del gobierno en turno. Ahora la impartición de justicia tiene que lidiar con un manual añejo, enmohecido y disfuncional de los procedimientos penales y la existencia de delitos de alta calificación del crimen organizado. El caso Hank Rhon llevó el conflicto a su límite: la flagrancia del delito fue avalada por un juez y por tanto el operativo se validó legalmente pero vino una juez a determinar que el operativo había sido ilegal y que por tanto el delito quedaba impune. Lo dijo, sorprendido, el presidente Calderón: ¿qué hacemos con las armas encontradas en la casa del empresario priista? Hank Rhon salió libre. En el actual sistema, la dimensión del delito no se toma como elemento para la decisión judicial. El diálogo en el Castillo de Chapultepec mostró otros pendientes en materia de seguridad: la pasividad de los gobernadores ante la realidad de que el 90 por ciento de los delitos del crimen organizado es de fuero común, la incapacidad de los presidentes municipales para enfrentar el problema de sus policías al servicio del narco. El actual sistema de justicia penal parte de la definición humanística de la justicia, es decir, de la concepción de los delitos como errores humanos. Sin embargo, la delincuencia organizada funciona en otra dimensión: la de la impunidad del crimen, la de la delincuencia como una forma de vida asumida conscientemente, la del uso de la violencia criminal sin límites contra la sociedad y sus instituciones. Pero la estructura de procesos penales, aun con las reformas, ha dejado vigente el modelo humanista de rehabilitación, aunque la parte de las prisiones se haya abandonado absolutamente para convertirlas en verdaderas escuelas del delito. La justicia imparcial y ciega no existe. Al final, las decisiones forman parte de procesos de decisión que atienden a los procesos establecidos. La gran reforma judicial debe de tener, por tanto, dos dimensiones: la del Ministerio Público para obligar a una mejor integración de las averiguaciones previas y la de los jueces para evitar que se olvide la dimensión del delito y se califiquen las acusaciones sólo por el expediente de la averiguación previa porque al final los jueces se parecen más a Pilatos que a un representante de la sociedad en la aplicación de castigos contra los delincuentes. Al final, no se hace justicia liberando a un delincuente. La justicia es la reparación del daño, no la aplicación escrupulosa de la ley. La criminalidad sofisticada, impune, sin límites y con expresiones en casos concretos -como el pozolero que disolvía a sus víctimas en ácido o los asesinos que enterraban a decenas de sus víctimas en fosas comunes- ha sabido capitalizar a su favor el sistema penal de beneficios al delincuente. Hasta hace poco se logró, por ejemplo, que los abogados dejaran de ser correos de narcos o que los locutorios en las prisiones se convirtieran prácticamente en oficinas para despachar asuntos criminales. Por tanto, la caravana por la paz y las exigencias de justicia en los casos derivados de la estrategia de combate a la inseguridad deberían abrir las ventanillas de la Corte, los juzgados, los gobiernos estatales, las administraciones municipales y la CNDH para ampliar la observación a estas instancias que se han hecho las distraídas ante la crisis del sistema de justicia. (Financiero)
  • Ricardo Monreal. Ifai y PGR. En septiembre del año pasado, cuando el saldo de la lucha contra el crimen rondaba los 30 mil muertos, en una de las comparecencias privadas en el Senado del gabinete de seguridad, pregunté a uno de los funcionarios comparecientes por los criterios con que clasificaban a los civiles ejecutados. Por ejemplo, cómo habían llegado a la conclusión de que 90 por ciento de ellos eran delincuentes y el resto víctimas colaterales, cómo lograban identificar a cuál cártel pertenecían y si tenían información sobre el número de sicarios que cada grupo criminal manejaba. Pregunté también por el género, la edad y el destino de los cuerpos. “Supongo que para cada caso debe haber una averiguación previa, donde se consignan estos datos elementales”. La respuesta me dejó helado. “Sólo existe averiguación abierta en 10 por ciento de los casos”. “¿Y el 90 por ciento restante?”, insistí. “Deben tenerlas las procuradurías estatales, ya que estas ejecuciones pasan como delitos del fuero común”. “¿Fuero común? ¿Acaso la delincuencia organizada, a la que se deben estas ejecuciones extrajudiciales, no es delito del fuero federal, y por lo tanto competencia de ustedes?”. Ofrecieron indagar. Motivado por ese evidente hoy negro informativo, el Senado formuló un punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, un informe oficial sobre la existencia y actuación en el país de grupos paramilitares privados, comandos de la muerte o “grupos de limpieza” (como en su momento los identificó el alcalde de Garza García, Nuevo León). La respuesta fue que el gobierno federal “no tiene registro alguno de la existencia y operación de grupos de este tipo”. Es decir, los más de 40 mil ejecutados y casi 8 mil desaparecidos que se han presentado en cuatro años y medio, son producto de la casualidad, no de la causalidad. Preguntas similares son planteadas ahora a la PGR por un ciudadano demandante de información. En una primera instancia, la dependencia respondió que la información solicitada era “inexistente”, como inexistentes son los grupos paramilitares que ejecutan, levantan, secuestran y extorsionan a lo largo y ancho del país. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) retomó el tema y emplazó a la PGR a rendir un informe “exhaustivo” sobre los 35 mil muertos oficialmente reconocidos al momento de formular la petición. El informe debe revelar “el número de averiguaciones previas abiertas, el estado que guardan, las circunstancias en que perdieron la vida las personas, nombres y/o bandas de delincuentes, los que ya fueron sentenciados, así como la condena que recayó sobre cada uno de los casos de más de 35 mil muertos a la fecha de la presentación de la solicitud”, el 21 de febrero pasado. A partir de esta petición ciudadana, avalada fehacientemente por el Ifai, la PGR enfrenta ahora una encrucijada, de cuya trascendencia tal vez ni cuenta se ha dado: ordenar y limpiar el carácter notablemente irregular de la lucha contra el crimen, dando nombre, hora, lugar, destino y tipo de acción emprendida contra los asesinos de más de 35 mil mexicanos; o desnudar los aparatos de procuración de justicia y de seguridad pública, evidenciando que ni siquiera son capaces de lo más elemental frente a una víctima, sea o no delincuente. En la actual lucha contra el narcotráfico, la PGR tal vez es la dependencia menos indicada para dar respuesta a la petición ciudadana de aclarar los miles de muertos. En efecto, ha tenido una actuación marginal, en términos de presupuesto y fuerza armada, frente a la SSP, la Sedena y la Semar. Sin embargo, tiene frente a sí la oportunidad de enderezar el curso absolutamente irregular de esta guerra (desde la salida inconstitucional del Ejército a las calles hasta la incapacidad de integrar una averiguación por cada ejecutado), o de plano, terminar por confirmar el desorden, la descoordinación y la arbitrariedad de una guerra sin ton ni son. No es asunto menor el informe que rinda la PGR en su momento. Está en juego la legalidad y legitimidad de un gobierno que hizo de la guerra contra el crimen una apuesta muy alta. Si el informe reitera la “inexistencia” de lo solicitado, será una grave confesión de parte: el Estado mexicano está denegando justicia a más de 35 mil víctimas y a sus familiares. No basta con presumir o decir “eran delincuentes”. Ahora habrá que probarlo judicialmente. La impunidad no se combate con la arbitrariedad. De otra forma, en el futuro inmediato, los acusadores de hoy podrán devenir en los acusados de mañana. (Milenio)

 

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