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TITULARES DEL DÍA
| Financiero | Detienen la tragedia; 160 mil mde a Grecia |
| Economista | Mercados festejan el nuevo rescate griego |
| Reforma | Rompe marca el desempleo |
| Universal | Crece desempleo; peor, en mujeres |
| Jornada | En 2006, Sandoval demandó a EU parar a AMLO |
| Milenio | Moreira censura injurias a Calderón y ofrece respeto |
| Excélsior | Crimen infiltró a Migración: Blake |
| Sol de México | Aumenta el desempleo y pega más a las mujeres |
| Crónica | PGR: Perdemos casos por errores y negligencia |
| La Razón | Se eleva a $1,036 millones el costo de Estela de Luz |
| Impacto | Godoy sigue profugo; no hay «carpetazo»: PGR |
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Proyectos
- Gabriel Quadri ¿Por qué no hay grandes proyectos en México? Hay nostalgias (objetivas o distorsionadas por las brumas del tiempo) por el Ancien Régime y frustración con los resultados de la alternancia. Son dos referentes que ayudan a entender preferencias electorales y proyecciones hacia la elección federal del 2012. Sin duda hay otras variables en juego que harán fluctuar las tendencias en mayor o menor medida o incluso revertirlas. Sin embargo, nostalgias y frustración permanecerán como constantes. Un factor que nos permite entenderlas (aunque algunos puedan no compartirlas) es la minusvalía para concebir y emprender grandes proyectos de infraestructura y desarrollo regional, que se ha instalado en México durante las últimas décadas. Probablemente es consecuencia de la dispersión del poder en una generación de políticos más bien pequeños; de una manifiesta incapacidad de percibir y asumir el largo plazo (en el escenario de un nuevo proyecto nacional), y de la polarización, rencor y cinismo paralizantes sembrados obsesivamente desde la izquierda por un perverso mesías de aldea. La minusvalía duele cuando volteamos la mirada hacia la mitad del siglo pasado, cuando, por ejemplo, grandes proyectos hidroeléctricos fueron el núcleo de novedosos complejos de infraestructura en el Grijalva (Malpaso), el Papaloapan (Miguel Alemán), el Balsas (Infiernillo) y cuencas del noroeste. Llevarlos a cabo exigió no sólo de una visión regional integrada (diríamos también, interdisciplinaria) y notable destreza técnica, sino de capacidades de investigación, planeación, desarrollo, logísticas, gerenciales y políticas, hechas posibles sólo en una institucionalidad inédita: las comisiones de Cuenca, organismos regionales semiautónomos inspirados en la Tennessee Valley Authority de la época en Estados Unidos. Se establecieron directamente por decisión presidencial y decreto del Congreso de la Unión, con una arquitectura jurídica e institucional muy ambiciosa, y fueron habilitadas para “…planear diseñar y construir las obras requeridas para el integral desarrollo… con las más amplias facultades para la planeación, proyecto y construcción de todas las obras de defensa de ríos, riego, desarrollo de energía y de ingeniería sanitaria, vías de comunicación comprendiendo vías de navegación, puertos, carreteras, ferrocarriles, telégrafos y las relativas de creación y ampliación de poblados, y tendrá también facultades para dictar todas las medidas y disposiciones en materia industrial, agrícola y de colonización”. Es verdad que este arreglo institucional se agotó una vez que sus objetivos básicos se fueron cumpliendo pero, especialmente, cuando fue evidente que la perspectiva regional o fisiográfica en que operaban (y los intereses de sus vocales ejecutivos) entraba en conflicto flagrante con las jurisdicciones políticas y facultades de los gobiernos estatales. El caso más notable fue el de la Comisión del Papaloapan y de su Vocal Ejecutivo, el ingeniero Jorge L. Tamayo, en torno de la construcción de la presa Cerro de Oro y la consecuente reubicación de campesinos chinantecos hacia el Uxpanapa. Ésta, por cierto, provocó uno de los episodios más dramáticos de destrucción ecológica ocurridos en México, al desmontarse cientos de miles de hectáreas de bosques tropicales húmedos en la primera mitad de los años 70 del siglo XX. Pero ésa es otra (verdaderamente trágica) historia. La que ahora nos ocupa es ilustrar el papel insustituible de políticas y políticos visionarios al más alto nivel y de diseños institucionales específicos para el desarrollo de proyectos de gran impacto regional con fuertes dimensiones económicas, técnicas, financieras, presupuestales y sociales, en una multiplicidad de sectores o áreas de actividad (hidráulico, energía, comunicaciones, desarrollo urbano). Desde luego, todo ello tiene como condiciones necesarias motivaciones políticas más o menos trascendentes (incluso, apuntaríamos, históricas) codificadas a partir de una visión de país a largo plazo compartida por actores relevantes y segmentos amplios de la opinión pública y expresadas operativamente en liderazgos funcionales y capacidades directivas, de persuasión, negociación y concertación. Tales condiciones, es obvio, ya no están presentes en México. Eso puede provocar nostalgia y frustración. (Economista)
Quiebra
- Francisco Martín Moreno. ¿Y si Estados Unidos quebrara? Es por todos sabido que Estados Unidos es el país más endeudado de la tierra, no únicamente en lo que hace a su gobierno, sino también a sus empresas y a los propios ciudadanos. Existe un porcentaje enorme de la sociedad norteamericana que sobrevive en función del pago mínimo efectuado mensualmente en su tarjeta de crédito. Sólo que en los últimos meses ha venido surgiendo un monstruo que amenaza la base de sustentación de nuestro otrora poderoso coloso del norte, así, con minúsculas, sino a toda la economía mundial. Se trata de aumentar el techo de la deuda norteamericana, que en la actualidad es de 14.29 billones de dólares, una cifra impensable y que difícilmente cabría en una calculadora para efectuar cualquier operación aritmética. Si el presidente Obama no lograra convencer, antes del 2 de agosto, a los republicanos, de la importancia de aumentar, de nueva cuenta, dicho techo, Estados Unidos, aunque parezca una paradoja increíble en nuestro tiempo, tendría que declararse en suspensión de pagos con todas las consecuencias domésticas y planetarias. El consenso legislativo es tan obligatorio como inaplazable porque, de no lograrse, según han declarado varios economistas, Washington, con toda la arrogancia que le es característica, tendría que declarase en bancarrota. ¿Qué tal? Novedades de nuestro tiempo… Los primeros en padecer el catastrófico impacto financiero serían los estadunidenses que reciben subsidios de la administración de Obama y, en segundo lugar, los funcionarios del gobierno, incluido el personal militar que existe en diferentes partes del mundo para sofocar conflictos o para provocarlos. ¿Qué pasará en Irak o en Afganistán cuando los portaaviones, submarinos y acorazados no tengan ni para gasolina o los soldados no reciban mensualmente su sueldo? ¿Qué pasaría si no hubiera ni para los salarios de los soldados que se juegan la vida sin saber qué defienden? Empezaría a darse un desastroso efecto dominó puesto que las agencias finalmente cumplirían sus amenazas de bajar la calificación de aseguradoras, cámaras compensadoras e instituciones hipotecarias. Por si fuera poco, agregan los expertos, la deuda aumentaría con el disparo de los intereses y los repuntes en dichas tasas afectarían al mercado inmobiliario, así como al comercio en general. Los inversores de bonos abandonarían los mercados, el dólar se derrumbaría y la inflación explotaría. Si la economía más grande del mundo, sweet Lord, no puede hacer frente a sus facturas, no sólo devastaría a la Unión Europea, atenazada por otra crisis de deuda, sino que provocaría una recesión global de consecuencias imprevisibles. La recesión de los años 30 del siglo pasado sería un juego de niños si se le comparara con la que ocasionaría una falta de acuerdo del congreso norteamericano para subir el techo de la deuda. Es evidente que Obama no creó esta crisis financiera, sino que la heredó de otras administraciones republicanas, en particular la del presidente George Walker Bush (Walker por la marca de whisky…), el hombre que devastó la economía yanqui por sus guerras hasta alcanzar niveles de endeudamiento jamás sospechados ni imaginados. La verdad es que no es hora de buscar culpables, sino de resolver el asunto, porque si llegara a quebrar Estados Unidos, situación, a todas luces indeseable, es decir, si a nuestro vecino le diera pulmonía y no un simple catarrito, ¿qué sería de la economía mexicana y de sus 40 millones de pobres…? La misma receta dolorosa que se le aplica a Grecia, a España y a Italia, se le tendrá que administrar a EU. Es decir, si en los próximos días se aumenta la deuda nacional norteamericana en 2.4 billones de dólares, se tendría que recortar el presupuesto federal de egresos en 111 mil millones de dólares, una medida dolorosa que disgustará a muchos ciudadanos que jamás han conocido, como nosotros en México, lo que significa tenerse que apretar el cinturón. Nosotros nos lo hemos apretado tantas veces que ya ni siquiera tenemos cintura y mucho menos cinturón. EU requiere un recorte radical del gasto público y, al mismo tiempo, acordar una enmienda a la Constitución que recoja la prohibición de aprobar presupuestos anuales deficitarios. El gobierno tendrá que presupuestar cada año una cifra de gasto equivalente a los ingresos esperados. Los legisladores norteamericanos hasta ahora están en contra de un aumento automático de la deuda para financiar el gasto público, porque finalmente se percataron de que, con toda su arrogancia, pueden caer en la suspensión de pagos, en la horrorosa insolvencia. ¿Y qué tal los chinos? También están instalados en el terror porque son los mayores tenedores de deuda estadunidense y han sugerido, de manera diplomática, la conveniencia de que el gobierno estadunidense “aplique medidas y políticas responsables que impulsen la confianza de los mercados financieros internacionales y protejan los intereses de los inversores”. ¿No está claro el pánico de los chinos? Basta imaginar en qué se convertirían sus bonos valuados en miles de miles de millones de dólares si EU dejara de pagar los intereses. ¿Qué podríamos hacer los mexicanos en una coyuntura semejante? Elevar nuestras plegarias a la Virgen de Guadalupe, sólo que ella ya emigró a otros países porque ni sus milagros funcionan entre nosotros. (Excélsior)
Partidos / Lujambio
- Editorial ¿Qué esconden los partidos? El que nada debe nada teme, dice un dicho popular. La frase aplica a la perfección a todos los partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Convergencia y Nueva Alianza) los cuales —ante una solicitud de información— se negaron a decir cuánto dinero reciben sus dirigentes nacionales. Los partidos políticos, cabe recordar, no están sujetos a los controles que recaen sobre dependencias de gobierno regidas por la Ley federal de Acceso a la Información Pública; el IFAI no puede obligarlos a dar a conocer sus recibos de nómina y facturas. Sin embargo, gracias a una resolución del Tribunal Electoral —por otra solicitud de información de 2004— se obligó al IFE a dar a conocer los salarios. Tuvieron que pasar otros cuatro años, ya en 2008, para que una reforma al Cofipe forzara a los partidos a entregar esos datos al instituto electoral. Aun así, como puede verse, siguen haciendo lo posible para evadir la transparencia. Como pretexto para clasificar sus sueldos como “reservados” los partidos argumentan que entregarán a las autoridades los documentos una vez que presenten su Informe de Gastos del Ejercicio 2010 y 2011. Se sirven de un mero tecnicismo para esconder algo, si no ¿cómo explicar su reticencia? La sospecha se confirma porque declararon como “inexistente” el rubro de facturas por concepto de pago de comidas y viajes realizados, así como prestaciones, vales de comida y gasolina entre octubre de 2010 y junio de 2011. ¿Realmente suponen que la ciudadanía cree cuando dicen que no hicieron ninguno de esos gastos en el último año? O quizá es tanta su manga ancha para la opacidad que ni siquiera se molestan en recabar documentos que respalden sus gastos. Ya desde junio EL UNIVERSAL dio cuenta que los principales partidos, PRI, PAN y PRD —pese a que es su obligación legal— no tienen en sus portales datos actualizados de sus estados financieros, ni cuánto es el sueldo de sus dirigentes. Ahora, en una revisión a la página del IFE, se revela que los reportes financieros no especifican el gasto en personal asignado a las Presidencias nacionales ni el sueldo de los líderes. El instituto no hace lo suficiente para meter en cintura a sus supervisados. Con todo y reformas legislativas, los partidos carecen de incentivos para gestionar sus recursos de manera legal y transparente. Hoy desconocemos el sueldo de sus dirigentes, en 2012 podrían ser sus gastos de campaña y los medios de financiamiento privado. El IFE debe atajar el incumplimiento, antes de que la opacidad sea la norma y no la excepción. (Universal)
- Templo Mayor. A pesar de todo lo que tarda en peinarse, Alonso Lujambio se jala los cabellos de desesperación pues no sale de una bronca cuando ya se metió -o lo metieron- en otra. Por lo que se cuenta al interior de la SEP, el secretario parece estar pagando un precio muy alto por su sueño de ser candidato presidencial. Y lo peor, dicen, es que le están cargando facturas que ni son suyas. Por ejemplo, en el caso de Enciclomedia, juran que Lujambio ha estado tapando los hoyos, por no decir boquetes, que le dejó, primero, Reyes Tamez, quien fue el impulsor e instaurador de ese programa, y luego Josefina Vázquez Mota. Además están los extraños arreglos que hizo el ex oficial mayor Julio Castellanos en torno a Enciclomedia y que lo han convertido en un gran negocio para unas cuantas empresas. A los problemas de Lujambio se suma el tener colaboradores que no colaboran con él como el actual oficial mayor, Guillermo Bernal, de quien se dice que fue impuesto por la ex vicepresidenta Patricia Flores. Otro de sus frentes de batalla es el de la saladísima «Estela de Luz» que se ha venido construyendo sobre tres cimientos: el escándalo, los manejos turbios y la opacidad. Curiosamente detrás del monumento y, en general, de los festejos del Bicentenario, aparece otra vez, ¡adivinaron!, el nombre de la ex jefa de la oficina de la Presidencia, Patricia Flores. Lo más extraño es que dentro del primer círculo calderonista se sabe que las desgracias de Lujambio son festejadas, una por una, ¡en la Secretaría de Hacienda! ******** El gurú electoral Antonio Sola es fiel seguidor de los principios marxistas -de Groucho, claro, no del camarada Karl- pues aplica a la perfección aquello de: «estos son mis principios y si no le gustan… ¡tengo otros!». Supuestamente era el asesor estrella de Javier Lozano en la contienda interna del PAN, sin embargo antes de que el gallo azul fuera desplumado, el estratega español ya había cambiado de bando. Ahora resulta que Sola trabaja para Josefina Vázquez Mota, quien seguramente dirá que paga sus servicios con billetes del Banco de la Ilusión. (Reforma)
DF
- Joaquín López-Dóriga. Tantos y ninguno. Ayer escribí aquí que ni el PRI ni el PAN tienen candidatos competitivos al Gobierno del Distrito Federal, que desde que hay elecciones, 1997, ha sido gobernado por el PRD y del que han salido los últimos dos candidatos presidenciales de ese partido, buscando ahora Marcelo ser el tercero en línea. A esto, recibí un mensaje vía Twitter que me reclamaba: ¿Y la izquierda sí tiene? ¡No manches! Y el reclamante tiene y no razón: la izquierda tiene tantos candidatos, que no tiene ninguno, y, peor, se presenta, desde ahora, dividida: por un lado Marcelo Ebrard, por el otro los llamados Chuchos del PRD, que a su vez se han subdividido, y en un tercer frente, Andrés Manuel López Obrador y su movimiento. Por Ebrard aparece el más promovido: Mario Delgado, su ex secretario de Finanzas y ahora de Educación, cambio para darle un rostro amable; Miguel Ángel Mancera, el activísimo procurador de Justicia; Alejandra Barrales, presidenta de la Asamblea, y Alejandro Rojas, de Turismo. En el frente de Andrés Manuel López Obrador el senador, ahora por el PT, Ricardo Monreal, se ha declarado ya como precandidato único de ese partido, en lo que ya es una escisión del bloque PRD-PT-Convergencia, si es que hay tal, y Martí Batres, que se promueve como el hombre del tabasqueño en el gobierno de Ebrard. También está la vacilada de Gerardo Fernández Noroña, pero no. Eso, como él, no es serio. Y por el PRD-PRD de Los Chuchos, el más activo es el senador Carlos Navarrete, pero hay indicios de que la buscaría su ex dirigente, Jesús Ortega, ampliando el cisma. Este es el escenario en el que tiene que operar Ebrard si quiere retener para el PRD el gobierno de la Ciudad de México: conciliar y sumar adentro, evitar una izquierda dividida, sacar un candidato suyo que sea de todos, y luego ganar las elecciones de julio. Insisto, son tantos candidatos, tantas las ambiciones y las divisiones, que no tienen candidato, y las posibilidades las diluyen. ¡Ah! Y yo normalmente no mancho. ******Retales. 1. CAMBIO. Inminente relevo de una cabeza del gabinete de seguridad nacional que no alcanza a los secretarios. Algo pasó, que no gustó; 2. SE BUSCA. Para la PGR, el ex diputado Julio César Godoy Toscano sigue siendo un prófugo de la justicia porque está viva la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero; y 3. ¿LO SABE? Marcelo Ebrard deberá sentar a su secretario de Obras, Fernando Aboitiz, ex delegado panista en Miguel Hidalgo, para que le aclare algunos aspectos de la relación con la constructora OHL. Por ejemplo, la multa de 10 millones de pesos que dijo será para un nuevo acceso de la primera a la segunda sección del Bosque de Chapultepec, cuando esa obra ya estaba prevista en el proyecto original. (Milenio)
Autogol
- Carlos Marín. Autogol en las narices de Moreira. Humberto Moreira no suele andarse por las ramas, así que el autor de estas líneas no tiene empacho en aceptar que le cree: por muy dirigente nacional del PRI que sea, ignoraba que la Secretaría de Acción Electoral de su partido había engendrado un bodrio titulado Plan Electoral 2011-2012, y le dice a la reportera que hizo la revelación (en MILENIO de ayer), Miriam Castillo, que “ni siquiera se puede discutir un documento que contenga adjetivos de ese tipo…”, refiriéndose a la noroñesca ruindad que implica la aseveración de que el presidente Felipe Calderón “está poseído por un inocultable Delirium Tremens…” Y no es para menos. ¿Qué catadura ética podría tener alguien que, como antier Moreira, se sentara a comer con Calderón a sabiendas de que su pedestre Secretaría de Acción Electoral hacía suya la patraña de que el Presidente padece de alcoholismo? ¿Cuánto pueden valer un partido, sus dirigentes y prominencias (a la cabeza su más exitoso precandidato a la Presidencia), planeando una estrategia tan pendeja, por decir lo menos?. (Milenio)
Apartidismo
- Pablo Gómez. Apartidismo, apoliticismo. El fenómeno del apartidismo suele estar extendido en las sociedades precariamente democráticas, aunque siempre se observa en todas partes. Sin embargo, México vive una tendencia hacia el apoliticismo que se presenta como el simple y frecuente apartidismo, algo así como un antipartidismo. Véase la crítica contra todos los partidos por igual. Véase esa incapacidad de muchos analistas de los medios de comunicación que atacan al Congreso como si éste fuera unipartidista, sin distinguir la posición que asume cada grupo parlamentario frente a cada problema legislativo. Si el Congreso no termina de aprobar la ley de seguridad —apellidada erróneamente nacional— la “culpa” es de todos los legisladores, incluyendo a los senadores que ya han aprobado un proyecto. No se analiza tampoco, ni por casualidad, que los temas a debate se relacionan con las libertades, que no se trata sólo de permitir que las fuerzas armadas puedan hacer lo que ya están haciendo, es decir, actuar como policía —algo prohibido por la Constitución—, sino que el debate más fuerte es sobre qué bases y con qué atribuciones. Eso no está presente en el precario análisis de nuestros comentaristas más conspicuos, quienes reclaman la ansiada aprobación de una ley sin decir o sin saber siquiera qué podría contener y cuáles podrían ser las consecuencias. El proyecto de reformas constitucionales en materia política contiene las candidaturas independientes, una modalidad de consulta popular y la iniciativa legislativa también popular, pero abarca el veto presidencial al presupuesto de egresos y a la reelección legislativa y municipal continua. Al parecer, algunos apoyan las tres primeras reformas pero no se detienen a analizar las dos segundas, no obstante lo cual exigen a la Cámara de Diputados que ya apruebe todo. ¿Se quiere volver a un control total del Ejecutivo sobre las autorizaciones de gasto público? Además, no se dice que en el Senado el PRI y el PAN aprobaron dicho veto presupuestal pero el PRD se opuso, como se sigue oponiendo en la Cámara junto con algunos diputados priistas quienes no están dispuestos a que ese órgano del Congreso sea sometido más aún, pero no encuentran la forma de deshacer el paquete que les enviaron sus compañeros de partido. Nuestros muy ilustres analistas no hablan de las omisiones legislativas en temas como derecho de réplica, propaganda gubernamental y sueldos de servidores públicos, cuyos decretos se debieron haber expedido hace tiempo y han sido bloqueados. Mucho menos se informa acerca de los autores de tales bloqueos y de sus motivos, a pesar de que los legisladores que impulsan esos temas lo señalan con mucha frecuencia. De tanto rechazo a la forma partido político de organización ciudadana, presentado como una especie de repudio a los partidos mexicanos, se cae en un apoliticismo inevitablemente antidemocrático. Quienes desde micrófonos e impresos imploran a favor de la reelección se dicen también ansiosos de que los legisladores actuales dejen sus escaños y vengan otros que sean por fin expresión de los ciudadanos que piensan como ellos mismos. Mientras, la diversidad, la lucha política como algo concreto, se encuentra fuera del alcance de esos analistas que promueven sin cesar esa parte tan atrasada del sentido común que es el apoliticismo. Ninguna democracia se levanta sobre tales bases. El colmo de todo lo anterior se expresa en las frases “trabajen” y “póngase de acuerdo”. ¿En qué se deben poner de acuerdo los legisladores? Esto no se dice. ¿En cualquier cosa que lleve a expedir decretos? Para que se apruebe un proyecto debe haber una mayoría —eso es obvio—, pero si no la hay es preciso analizar el contenido y las causas de las divergencias. Por cierto, casi ninguno de esos antipartidistas se tomó la molestia de estudiar y comentar la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual maduró durante más de tres años de discusiones dentro de las cámaras y de diálogo entre ellas. El Ejecutivo estuvo por completo ausente: no es su tema. (Milenio)
Oaxaca
- Carlos Ramírez. Oaxaca: los tres sobres de Cué. Crisis, por disputa por el poder. Cuenta la tradición priista que todo mandatario federal y estatal llamaba al que iba a ser su sucesor y le entregaba tres sobres con tres consejos: -Cuando enfrentes una crisis política, abre el primero: «culpa a tu antecesor»; si la crisis persiste, abre el segundo sobre: «cambia tu gabinete»; y si la crisis permanece, abre el tercer sobre: «escribe tus tres sobres». Agobiado por los problemas derivados más de una crisis al interior de su coalición, el gobernador oaxaqueño Gabino Cué acaba de abrir su primer sobre para culpar a su antecesor, Ulises Ruiz, de los problemas de Oaxaca. Sin embargo, los conflictos reciclados han estallado por la falta de soluciones ahora y no antes. De ahí que las acusaciones sobre malos manejos financieros contra varias decenas de funcionarios del gobierno anterior sean sólo maniobras de distracción de los problemas inmediatos. El asunto de fondo radica en los elementos que indican en los hechos el fracaso de la alianza electoral pero a la hora de ejercer el gobierno. Lo grave es que los problemas del gobierno de Cué tienen que ver más con la composición de su alianza y porque la coalición social que lo acurrucó no quiere soluciones políticas sino radicales y la élite de Cué es de expriistas no rupturistas. A un año de las elecciones y seis meses de gobierno, el gobernador oaxaqueño ha quedado atrapado en una red de intereses de los grupos de expriistas que acunaron su candidatura, sobre todo la del cacicazgo político del exgobernador priista Diódoro Carrasco y hoy refugiado en el PAN, y los insurreccionales de 2006. Cué tenía la posibilidad de convertir a Oaxaca en un laboratorio político de una verdadera transición a la democracia. Pero su dependencia de tres o cuatro grupos de poder y la mala distribución del poder en su gabinete no hicieron más que potenciar los problemas. En seis meses de gobierno Cué ha desinflado el bono político de las elecciones de julio del año pasado por la falta de decisión para cambiar el régimen de gobierno y el sistema político. Los problemas en Oaxaca, que no tardarán en llegar al DF, son los mismos de muchos años: la insurrección de la sección 22 de maestros, la lucha política por territorios, la violación de derechos humanos, las guerras fratricidas, la represión a migrantes que transitan por el estado, la falta de un proyecto efectivo de desarrollo, la incapacidad del gobierno estatal para convertir el presupuesto en un detonador de la actividad económica, la falta de un acuerdo de cohesión estatal entre corrientes y grupos y la inexistencia de un proyecto de construcción democrática integral. Lo grave son las regresiones. Un dato: el nuevo presidente del instituto estatal electoral, Alberto Alonso Criollo, fue impuesto por Cué porque se trataba de un operador de su campaña electoral de 2010. De ahí que la «transición» oaxaqueña no fue sino el mero cambio de un grupo de poder y no una evolución democrática. Cué tomó por asalto el poder electoral para poner un incondicional…, como en los tiempos priistas; por cierto, la semana pasada dispararon contra el auto del consejero presidente. Los problemas del gobernador Cué responden a una mala distribución del poder: el exgobernador Carrasco no aportó votos pero es el que ejerce el poder detrás del trono gubernamental; la secretaria de Gobierno, Irma Piñeyro, salió del PRI, fue candidata a gobernadora por el Panal de Elba Esther Gordillo y su cargo constituyó una bofetada a la sección 22 de maestros -adversaria de Gordillo- que impulsó la inestabilidad que capitalizó la alianza de Cué; los sobrevivientes del Grupo Oaxaca del PRI, que administró el poder desde la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino en 1977, se apoderó de Convergencia, pero como partido ha aportado menos del 8 por ciento de los votos, aunque hoy alecciona al gabinete sobre cómo funcionar el gobierno. La sección 22 de maestros sigue chantajeando al gobierno estatal para obtener más beneficios por la vía de las marchas callejeras, los paros y las movilizaciones violentas, sin que haya cambios de enfoque y estrategias políticas en función del grupo al que ayudaron a ganar las elecciones. Cué equivocó la decisión estratégica de poner al frente de la Secretaría de Gobierno a la representante de los intereses contrarios a los maestros oaxaqueños, lo que llevó a que la 22 de maestros se niegue a negociar con Irma Piñeyro. Al final, la distribución del poder en Oaxaca se dio no entre las organizaciones sociales que desestabilizaron los gobiernos priistas sino a favor los grupos expriistas que se pasaron a la oposición sin muestras de contrición. Formado en el PRI, subordinado al exgobernador Carrasco y refugiado en Convergencia, Cué no supo redistribuir el poder: a partir del escenario del Congreso estatal, Convergencia sacó apenas el 7 por ciento de los votos, el PRD el 21 por ciento y el PAN el 26 por ciento, aunque las parcelas del poder estatal privilegiaron primero al exgobernador Carrasco, Piñeyro y el Panal lograron el 3 por ciento de los votos pero se quedaron con el cargo político más importante del gabinete y las demás posiciones no se repartieron con sentido político. Por tanto, el principal problema en Oaxaca radica en la certeza de que no hubo una transición política sino sólo una alternancia de facciones de un mismo venero político histórico: el PRI. Por ello la reforma política de Cué pasó sin pena ni gloria y no modificó las estructuras de poder. Cué quedó atrapado entre los expriistas que no quieren modificar la estructura de poder y las organizaciones sociales radicales que exigen un gobierno popular y revolucionario. De ahí que agobiado por los problemas en su alianza, Cué haya preferido la cacería de brujas contra funcionarios menores del gobierno anterior y esté a punto de abrir su segundo sobre. Cué puede tener voluntad pero carece de decisión de poder para convertir la elección de 2010 en el pivote para instaurar un nuevo régimen. Por eso los panistas oaxaqueños han tomado los hilos de la iniciativa para combatir al anterior gobierno priista como resorte contra el PRI en 2012. (Financiero)
Guerra / Brazalete
- Raymundo Riva Palacio. Lo que la guerra nos quitó. Para muchos, gobernantes agobiados y rebasados por la violencia en sus estados, y ciudadanos aterrados por los balazos, secuestros y muertes, el que las Fuerzas Armadas hayan tomado el papel de policías es un alivio. Para muchos de ellos, que el Presidente busque estados de excepción para poder acabar con los criminales, es una medida que les ayudaría a recuperar su tranquilidad. Que el Presidente utilice atribuciones metaconstitucionales para limpiar la Patria de criminales es respaldado y aplaudido por muchos más, que a cambio de orden y paz están dispuestos a entregar libertades conquistadas a lo largo del último medio siglo. Esta es una discusión de fondo que suele polarizarse en lo cosmético. Quienes viven en las zonas más calientes del país, ven el remplazo de las instituciones civiles, permeadas por la ineficiencia y la corrupción en muchos casos, como una acción necesaria y urgente para su sobrevivencia. Quienes viven fuera de ellas rebaten el discurso teológico de los buenos y los malos, los cuerpos de seguridad o los criminales, en una dialéctica sobre si la estrategia es acertada o no, o si debiera modificarse o mantenerse. Pero el debate encendido de todas las partes soslaya por completo el tema de la desdemocratización de México. La guerra contra las drogas empuja de regreso al autoritarismo, con una ventaja para el Ejecutivo que no tuvieron los gobiernos priistas que lo instauraron: no existe una discusión sobre la regresión política salvo, paradójicamente, el discurso del presidente Felipe Calderón de que una victoria del PRI en la elección de 2012, sería un regreso al pasado de contubernio con el narcotráfico. El Ejecutivo goza de carta blanca para la restauración autoritaria avalada por la propia oposición, cuyos gobiernos locales encabezan la cesión de los avances democráticos, y por la sociedad civil en general, cuya madurez democrática es incipiente, y a veces nula. Más de la mitad de los gobernadores entregaron la seguridad pública de los estados a militares en activo y retirados, sin tomar en cuenta sus méritos y capacidades, sino las percepciones. Como los militares son bien vistos por siete de cada 10 mexicanos y se consideran los menos penetrados por el narcotráfico, los gobernadores buscan con ellos el abrigo del secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, que ha encontrado en las entidades una bolsa de trabajo para militares, a donde ha enviado cuadros de todo tipo y fama, como el general de brigada retirado, Carlos Bibiano, quien ha dicho que a los narcos no hay que detenerlos, sino matarlos. En el cuerpo civil de la sociedad, no hay mucha diferencia, por la proclividad cultural a la autoridad central. Por ejemplo, cuando asesinaron a quien iba a ser yerno de María Elena Morera en Ixtapa, la activista no buscó la ayuda de la autoridad de Guerrero, como correspondía por el tipo de delito, sino de la procuradora general. O cuando secuestraron a periodistas en la Comarca Lagunera, aún los más críticos del secretario de Seguridad Pública federal, recurrieron a él por ayuda, y no al gobierno de Coahuila, que tenía jurisdicción sobre el caso. Esta cultura centralista construida a partir de los arreglos postrevolucionarios para crear la gobernabilidad, prevalece y domina a la sociedad mexicana, donde el estruendo de las armas ciega los retrocesos políticos. Juan D. Lindau, profesor en el Colegio Colorado, señaló en un reciente ensayo en la revista de la Academia de Ciencias Políticas de Estados Unidos, que la guerra contra las drogas afecta el desarrollo fundamental de las instituciones democráticas y, más importante, estimula la expansión de prácticas e instituciones no democráticas. Por ejemplo, subraya: *La sustitución de las policías locales y estatales por militares y agentes federales, subvierte el federalismo e impide la construcción de un sistema judicial independiente y un aparato policial efectivo en los municipios. (Los nuevos gobernadores tuvieron, como uno de sus primeros actos tras ganar su elección, ir con el general Galván para pedirle a un militar para nombrarlo en la Secretaría de Seguridad Pública; cuando relevan a un ineficiente, lo hacen con otro militar). *La posibilidad de los militares para detener sospechosos de narcotráfico y confiscar bienes y armas, crea un aparato policial paralelo que tiene menos rendición de cuentas y es todavía menos transparente debido a su autonomía institucional. (El fiasco en la detención ilegal de Jorge Hank Rhon en Tijuana, es el mejor ejemplo de esta afirmación; no se sabe quién ordenó el arresto, por qué se hizo en realidad, y cómo se castigó, si eso realmente sucedió, a los responsables, porque se mantiene como secreto de Estado). La naturaleza del enemigo (los narcotraficantes), requiere que el Estado adopte métodos, incluido el uso de informantes, agentes provocadores, vigilancia e intercepción telefónica, que son injuriosos a los derechos civiles. La necesidad imperativa de acumular información acerca de un enemigo elusivo estimula la adopción de técnicas de investigación altamente coercitivas y en prácticas de detención que se apartan de las normas del debido proceso. Lindau recuerda la iniciativa del Ejecutivo dentro de las reformas de la Ley de Seguridad donde se pedía la autoridad unilateral para decretar estados de excepción, “importante indicador del respeto por los procedimientos democráticos”, y buscaba que sólo el Ejecutivo pudiera tomar una decisión soberana —que hoy en día tiene que consultar con el Congreso— para la suspensión de los derechos civiles y las protecciones constitucionales. “El Ejecutivo, cuyas agencias conducen la guerra, ha experimentado la renovación parcial de su poder y alcance tras el declive de su autoritarismo como consecuencia de la transición a la democracia”, afirma Lindau. “La búsqueda de una agenda de seguridad, y de hecho la elevación de la agenda de seguridad sobre otras funciones y prioridades del gobierno, incrementa el poder de un régimen menos transparente y menos obligado a rendir cuentas”. Esto no es nuevo. El mismo Landau recuerda que James Madison, uno de los fundadores de la democracia estadounidense, y Alexis de Tocqueville, quien mejor describió el sistema, observaron que la guerra y el poder de las instituciones designadas para conducir la guerra, incrementa el poder del gobierno central, mina el federalismo y expande el poder del Ejecutivo, alterando la fuerza de los diferentes niveles de gobierno. El proceso se llama desinstitucionalización, no hay que olvidarlo. Y menos aún a lo que conduce, la desdemocratización. (La Razón)
- Ciro Gómez Leyva. El brazalete de Greg, o cuando nos volvimos locos. No es un brazalete porque no rodea el brazo. Pero llamemos así a la pieza de detección satelital que Gregorio Sánchez trae desde el miércoles rodeándole el tobillo izquierdo. —¿Mucho mejor eso que la cárcel, Greg? —Mil veces, no tiene comparación con estar privado de tu libertad —responde con suavidad el hombre que acaba de salir de la cárcel tras 14 meses de reclusión. Lo acusaron, y acusan, con cargos feroces: delincuencia organizada, tráfico de indocumentados. Lo detuvieron mes y medio antes de la elección en que buscaba ser gobernador de Quintana Roo. El plan de la entrevista era confrontarlo con la explosión de cubanos ilegales en Cancún. Y con las deslealtades de sus huestes que lo olvidaron rápidamente. Preguntarle si viviría en Cancún, a lo que respondió que sí; si volvería a la política, a lo que contestó que no sabía. Pero, asumo, los 15 minutos de la charla fueron hipnóticos para mí. Nada tenía que ver este Greg con el altanero alcalde que entrevisté a principio de 2009 por los asesinatos y la corrupción en la policía de Cancún. El Greg del miércoles pesaba siete, ocho kilos menos y todo en él parecía estar en plena armonía física. La cárcel, además, lo transformó en un preacher dulce y bastante convincente. Al escucharlo recordé la frase de Ricardo Piglia: uno puede matar a alguien accidentalmente, pero no puede asesinarlo accidentalmente. Estoy lleno de paz, dijo. Se declaró bendecido por el universo y Dios. Y nos llamó a cambiar el México de odio por uno de paz. Confesó que ora todos los días por el presidente Calderón. ¿Y por el ex procurador Chávez Chávez? También, respondió sin titubear. ¿Actuó, lo apretaron, se volvió loco? Qué sé yo. Y en todo caso, quién es uno hoy en este país para discernir entre locura y cordura. (Milenio)
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